…De esta manera, se demuestra que el Alcalde Vásquez no tiene facultades para celebrar la APP, a pesar que el Acuerdo 20 de 2012 tenga presunción de legalidad, por este medio se coloca en conocimiento del señor mencionado que aquel acto es inconstitucional…

DANIEL SILVA ORREGO derPor: Daniel Silva

El pasado miércoles el señor Alcalde de Pereira anunció la celebración de una Asociación Público Privada (APP) sobre el Aeropuerto Matecaña (ver: http://www.latarde.com/noticias/pereira/140178-vasquez-oficializo-la-app-del-matecana), con el fin de llevar a cabo la modernización de aquel por un valor cercano a los $93.000 millones de pesos.

Son varios aspectos los que deben ser abordados para su análisis, una APP tal como lo ha señalado la Corte Constitucional es una concesión: “Recientemente, la ley 1508 de 2012 se ocupó nuevamente de la materia al introducir la denominación de las “asociaciones público privadas” proveniente de la literatura internacional. Su artículo 1° define estas asociaciones como “(…) un instrumento de vinculación de capital privado, que se materializan en un contrato entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para la provisión de bienes públicos y de sus servicios relacionados, que involucra la retención y transferencia de riesgos entre las partes y mecanismos de pago, relacionados con la disponibilidad y el nivel de servicio de la infraestructura y/o servicio.” A continuación, el artículo 2° precisa que las concesiones -artículo 32.4 de la ley 80- son una modalidad de asociación público privada y que, por tanto, según el artículo 3 ibídem, se deben regir de forma específica por esta ley cuando su precio exceda los 6.000 smmlv” (subrayado no original) (Sentencia C-300 de 2012).

 

Con lo anterior, el señor Vásquez Zuleta no puede seguir insistiendo en la idea que señaló en el Concejo Municipal y ante los medios de comunicación, respecto a que la APP no es una concesión, debido a lo señalado expresamente por la Corte. Así mismo, al ser una concesión debe pasar por el Concejo Municipal, para que este autorice al Acalde su celebración, tal como ha sucedido en Piedecuesta, Santander (imagen 1) y Manizales (imagen 2), cumpliendo lo dispuesto en el artículo 18 parágrafo 4 numeral 5 de la Ley 1551 de 2012.

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Aunque, en el Plan de Desarrollo de Pereira (Acuerdo 20 de 2012), el artículo quinto autorice al Alcalde para la celebración de concesiones y Asociaciones Público Privadas, es de señalar que el mencionado es INCONSTITUCIONAL, debido a que no se le fijó un término, es decir una facultad pro tempore, como lo señala el artículo 313 N° 3 de la Constitución. Así lo ha dicho el Consejo de Estado: Dicho artículo constitucional (Artículo 313 N°3) fue violado en tanto no se limitó el tiempo de ejercicio de las facultades extraordinarias. En efecto, basta con ver el texto del acto acusado como nulo, para ver cómo no existe la cláusula limitativa del tiempo, lo que equivale a que el Concejo en verdad se despojó de una competencia constitucional que le es propia, con el peligro de que el Alcalde dictara cuantos decretos quisiera y a su antojo en el tiempo, todo por obra de la omisión de fijar un límite en el acto que confirió las facultades, que justamente por ser extraordinarias, porque transfieren al Alcalde el poder propio de las corporaciones de elección Popular, deben restringirse temporalmente y no quedar en la indeterminación(subrayado no original) (Sentencia del 25 de marzo de 2010 Consejero Ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila).

 

De esta manera, se demuestra que el Alcalde Vásquez no tiene facultades para celebrar la APP, a pesar que el Acuerdo 20 de 2012 tenga presunción de legalidad, por este medio se coloca en conocimiento del señor mencionado que aquel acto es inconstitucional. Por ende, en razón a su juramento de cumplir la Constitución y la Ley debe presentar el proyecto de Acuerdo solicitándole autorización al Concejo Municipal de Pereira.

 

Sin embargo, como se demostró en la visita realizada por Simón Gaviria a la ciudad de Pereira (ver), si la Administración Municipal realiza las debidas diligencias ante el Gobierno Nacional, y se compromete a invertir el dinero que resta de la venta de la Telefónica en el Aeropuerto, se producirá en primer lugar un desembolso por $20.000 millones de pesos. Además, la celebración de un contrato plan que permitirá más recursos.

 

Con el dinero restante de la telefónica (alrededor de $40.000 millones de pesos) y los $20.000 millones del Gobierno, podría trabajarse por lo menos un año y medio sin contratiempos, y así esperar los futuros desembolsos. Y si a esto le sumamos los $16.000 millones de Cartago, que esperamos los recupere rápidamente Javier Monsalve, con la misma celeridad que desaparecieron de las cuentas de ese Municipio, tendremos Matecaña por muchos años más, sin necesidad de un operador privado. Pero, lo que demostró Simón Gaviria, fue que el señor Vásquez no había movido un solo dedo ante el Gobierno Nacional.

 

A pesar de todo, el Convite por la Defensa del Aeropuerto Matecaña sigue exigiendo una Consulta Popular (Ley 134 de 1994) si sobre nuestro Aeródromo se persiste con la idea de celebrar una APP, debido a que los pereiranos y pereiranas deben ser consultados sobre el destino de su patrimonio público, además en consonancia con lo anotado por el Consejo de Estado, el cual ha señalado que este tipo de decisiones de la Administración debe concertarse con la población, los llamados actos consensuados o consensuales.

 

Una APP sería una total afrenta de la administración Vásquez para con la ciudad, además la persona encargada actualmente en el Aeropuerto de conseguir el “socio estratégico” es la condenada por peculado culposo en el año 2008 por el Tribunal Superior de Pereira, la Señora Mónica Vanegas Betancourt, quien se encuentra con inhabilidad vitalicia, según el artículo 112 inciso 5 constitucional, sin embargo, celebró con Yolanda Cerón, Gerente del Aeropuerto, un contrato de prestación de servicios por 62 millones de pesos, dicho sea de paso que ambas son incondicionales de Carlos Enrique Soto.

 

Adenda 1: El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en buena hora declaró nulo el Acuerdo N° 14 de 2014 del Concejo de Pereira, por medio del cual se pretendía cobrar a nuestros deportistas tarifa de ingreso a sus propios escenarios deportivos (imagen 3).

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Adenda 2: El señor Soto habló con el Senador Chamorro para que no se le permitiera a William Restrepo Cortes tomar como locutor el noticiero diario de Colmundo Radio, vaya el temor de aquel hombre con un verdadero periodista, distinto a aquellos comerciantes de noticias que venden la verdad por la pauta publicitaria.