Sin alcalde en propiedad, el gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá dilata por todos los medios la permanencia de su encargado, mientras que en reuniones y comilonas departe con su cohorte de concejales.

 

Por Eliécer Santanilla

El Plan de Ordenamiento Territorial –POT del 2009– tuvo en su haber, al parecer, artículos con la anuencia de los gremios del sector de la construcción. Por ello fueron demandados por violar el ordenamiento nacional al desconocer, incluso, la constitución verde, producto de la séptima papeleta en 1990.

Se trata de los decretos nacionales 2811 de 1994 y 1449 de 1977 que exigen una franja no inferior a 30 metros de ancho, paralela a las líneas de áreas máximas, a cada lado de los cauces de los ríos, quebradas y arroyos para todo tipo de construcciones.

Desde el inicio de su polémico Gobierno, la ex alcaldesa liberal, Luz Piedad Valencia Franco, hoy sancionada e inhabilitada por 14 años por la Procuraduría, detenida y con un juicio a cuestas por el mayor escándalo de corrupción en la historia político administrativa de la región, confabuló con el Concejo Municipal de entonces y el gremio constructor de hoy, un descalabro, económico, territorial, urbanístico, social y ambiental de magnitudes insospechadas, algo capaz de sonrojar la aberrante valorización.

La tierra se le entregó sin piedad a los constructores. La exigencia nacional de respetar la ladera de las quebradas con una distancia de 30 metros se redujo a 15, en un franco y sistemático atentado a los 54 afluentes del preciado líquido de la capital.

Hoy, cerca de la mitad de estas quebradas están convertidas en cloacas y escombreras. Poniendo en riesgo la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, al comprometer los hábitats naturales acuíferos, flora y fauna, destruyendo también especies nativas.

¿Adónde están yendo a parar escombros y aguas residuales del sin fin de proyectos habitacionales que no respetan norte alguno y menos sur en el espacio capitalino?

El turístico y emblemático río local sufre también los embates. “La Vieja ya es la cloaca más grande de Colombia”, según palabras del Procurador Regional de Ambiente y Territorio, Diego Trujillo Marín, referenciando con indignación las graves afectaciones que se vienen presentando a turistas y la pasividad de las autoridades para actuar.

Armenia, territorio privilegiado por su particular topografía, rica en micro pulmones, cañadas y laderas donde la ciudad respira y produce oxígeno “despegó y parece que nada la detiene” para convertirse en uno de los mayores vertederos de mierda del país.

La norma se volvió paisaje y el paisaje se volvió privado.

El sueño de los armenios de un macro proyecto urbanístico que parta desde límites con Salento en la Avenida Centenario y llegue a la calle 50 en la carrera 18, en un mirador, un gran Malecón Turístico y Ambiental para la conservación de la vida y el paisaje y el deleite de propios y visitantes, parece que se echó a la basura y, con ello, uno de los principales activos de la capital para adelantar desarrollos que empoderen su oferta turística y la hagan una verdadera ciudad amable.

La Avenida Centenario, la zona de la ciudad más privilegiada por su estratégica ubicación y magnífico paisaje, se ha entregado a los constructores que adelantan allí proyectos habitacionales donde priman cajones en concreto vaciado, más parecidos a los galpones de pollos que a complejos habitacionales.

Así el paisaje que es un bien patrimonial de todos, está en manos de unos cuantos. Se vulneran las normas de sismicidad, construyendo en muchos casos aparentes viviendas sociales que terminan en ofertas de estrato cinco para beneficio absoluto de constructores, en perjuicio de compradores, violentando la estética al repetir ilimitadamente un modelo arquitectónico básico y tosco donde se privatiza el paisaje.

Según Trujillo Marín, construir en esta zona “Es como permitir la construcción de nuevos condominios y edificios sobre las playas de Cartagena”.

En los actuales gobernantes pareciera que prima un seco discurso de cemento que solo habla de sus pétreas ambiciones y falta de materia gris. Entonces, con el voto cómplice de las mayorías en el Concejo, una opinión servil y la implementación de los decretos 030 y 081 del 2012, 064 del 2013; se modificó el Plan de Ordenamiento Territorial y este, hecho letra mórbida, permitió la construcción sobre la joya de la corona, la Avenida Centenario, entregando, sin miramiento alguno distinto al dinero, la contemplación del preciado verde de nuestras montañas a un importante relicto de empresas constructoras.

Como resultado, edificaciones al borde de las cañadas o sobre ellas, y la desestimación total de las llamadas áreas de compensación urbanísticas. Principio desarrollado para hacer ciudades amables con el ambiente y la gente, al disponer zonas de esparcimiento, descansos visuales, bahías para los vehículos y corredores para la gente.

Esta decisiva exigencia para el control y sano crecimiento de una ciudad fue cercenada de la norma y remplazada con pagos irrisorios al municipio.

Carlos Mario Álvarez Morales, exalcalde de Armenia, en un acto de moralidad y respeto por la ciudad, rompió los hilos de la cruceta atados a su cuerpo por los negocios de su antecesora al expedir el decreto 136 del 2017 anulando los tres decretos atentatorios que Luz Piedad heredó a la ciudad, mientras distraídos estábamos en el embeleco de la Valorización.

Que en perspectiva es solo el entremés de un plato fuerte en una despiadada comelona de corrupción, permitiendo a constructores y gremios manejar billones de pesos y elevar a la décima potencia sus flujos bancarios.

Sin alcalde en propiedad, el gobernador Carlos Eduardo Osorio Buriticá dilata por todos los medios la permanencia de su encargado, mientras que en reuniones y comilonas departe con su cohorte de concejales. No es descabellado pensar en la posibilidad de que el Gobernador del Quindío, el actual alcalde en encargo –Álvaro Arias Young– y los concejales de la Coalición y del MIL sigan planeando a favor de su matrona y quieran, bajo la batuta de Osorio Buriticá, ponerle Cura al daño hecho por Carlos Mario, dándole vida en un dos por tres a los decretos derogados .

Hoy vemos circular por WhatsApp y redes sociales la imagen de un nutrido grupo de concejales, muchos de ellos provenientes del supuesto cartel de la valorización, acompañados por el señor Gobernador del Quindío, desplegándose en una carcajada, de desquicio, de boa constrictor hambrienta y fanfarrona.

Hoy vemos circular por WhatsApp y redes sociales la imagen de un nutrido grupo de concejales, muchos de ellos provenientes del supuesto cartel de la valorización, acompañados por el señor Gobernador del Quindío. Fotografía / Cortesía.

No es una foto de un rol pasivo, es una foto activa, transgresora y desafiante, como bien lo explica en casos de supremacía política el imprescindible fotógrafo de la palabra y teórico de la imagen Joan Fontcuberta, cuando clama cómo la postfotografía nos confronta, en su libro la Furia de las imágenes, al reto de la gestión social y política de una nueva realidad hecha de imágenes.

Que a mi semiótico juicio podría ser ésta, presuntamente, la versión anticipada de la cartelización de la construcción desde el aparataje gubernamental.

Se burlan a carcajadas de los organismos de control y de la ciudadanía, mientras nos atiborran con las sesudas y manidas interpretaciones de no más de media docena de célebres articulo-periodistas dueños de la moralidad y la opinión, y ágiles a pesar de sus reptantes manos en el manejo del twitter y el WhatsApp.

Al final, en nuestra poderosa condición de colombiano optimista y resiliente, este periodista se despide afirmando “La ciudadanía está cambiando… el rebaño mide la nobleza de su pastor y sabe oler las inmundicias del lobo.”.