Lo más contundente del oficio es la afirmación de la Directora de la Carder en la que deja constancia que el proyecto de Acuerdo 35/16 fue concertado con la autoridad ambiental.

 

Por Adriana González Correa

En las dos columnas anteriores se ha hecho un relato concreto de los posibles verdaderos intereses de Camacol al presentar la demanda y obtener como primera medida la suspensión provisional del Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira –Acuerdo 35/16–.

En el transcurso de estas semanas, han surgido nuevos elementos que permiten demostrar una vez más las falacias planteadas por el gremio de la construcción al momento de iniciar el proceso.

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Recordemos que la demanda contra el POT tiene como argumentos fundamentales dos: el primero que el Municipio de Pereira no concertó nuevamente con Carder y AMCO el proyecto de Acuerdo Municipal; el segundo, que los “deberes urbanísticos” constituían una carga adicional a los propietarios del suelo.

Sin embargo, estos dos argumentos son derribados por hechos difícilmente cuestionables y veamos por qué.

El 8 de mayo, la directora encargada de la Carder, Martha Mónica Restrepo, envió oficio número 7080 a la Secretaria de Planeación Carolina del Pilar González, en el que exhorta al Municipio generar acciones de contingencia que busquen la aplicación de las normas ambientales emitidas por la Carder, que además le recuerda son de mayor jerarquía.

Lo más contundente del oficio es la afirmación de la Directora de la Carder en la que deja constancia que el proyecto de Acuerdo 35/16 fue concertado con la autoridad ambiental y a la letra dice:

El Plan de Ordenamiento Territorial de Pereira adoptado mediante Acuerdo 035 de 2016 definido como un POT de Segunda Generación, fue concertado con la Autoridad Ambiental de conformidad con las disposiciones ambientales… (subrayado adicional al texto original)

Dicha afirmación deja demostrada la falacia que plantea Camacol y su apoderado judicial en la demanda interpuesta ante el Juzgado Primero Administrativo frente a la “supuesta no concertación” y, por contera, logra inducir al error a la juez para tomar la decisión de suspender provisionalmente el POT.

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En cuanto al segundo argumento que es el referido a la imposición de los “deberes urbanísticos”, reposa en el expediente el recurso de apelación que interpuso el Procurador Judicial contra la medida de suspensión, anexa las actas de los talleres de marzo 20 y 27, abril 8, 17 y 20  del año 2015, en los cuales se socializó y discutió la medida entre el gremio y la Secretaría de Planeación, dejando al descubierto que en su momento, la entidad conoció y aceptó tales “deberes urbanísticos” .

En esta columna se demuestra, por tercera vez, que los intereses de Camacol frente al POT son realmente diferentes a los presentados en la demanda que cursa en la jurisdicción Administrativa y, en mi criterio, queda al descubierto que dicha demanda es una acción temeraria[1].

Como nota a pie de página, vale la pena traer a colación la denuncia que hizo el medio El Expreso, en el cual se cuenta que la feria artesanal que se realizó en el parque de Álamos el pasado fin de semana fue alquilado por la pírrica suma de $752.652 por el Municipio, a Johanna Carolina López Díaz, esposa de Felipe Mejía Lamprea –presidente de Camacol–.

En el negocio la señora López Díaz obtuvo de ganancia la módica suma de 55 millones de pesos, por el sub-arriendo del parque Álamos a los diferentes kioscos que hicieron presencia en la feria artesanal.

Además, existen otros temas que gravitan en torno a la demanda del POT. La Procuradora Agraria demandó los artículos de dicho instrumento que permitían la construcción a tan solo 15 metros de las rondas hídricas, cuando la norma nacional impone 30 metros de retiro con el fin de proteger las fuentes de agua.

En dicho caso la Juez Primera Administrativa le dio la razón a la Procuraduría Agraria; sin embargo, el Municipio apeló la decisión, situación extraña, toda vez que el retiro de las rondas hídricas de tan solo 15 metros, es una medida que favorece exclusivamente a las constructoras en desmedro de los derechos colectivos del medio ambiente.

Valga la pena recordar que, en un inusual hecho, el Alcalde Gallo –el de la selfie–, no hizo rueda de prensa, ni comunicado oficial, ni mucho menos declaraciones en las redes sociales para aclararle a la ciudadanía que el Municipio defendería con uñas y con dientes el Plan de Ordenamiento. El que calla otorga, y al ver los negocios inmobiliarios de Mejía Lamprea con la familia del concejal Duque, así como los de su esposa con el Municipio, quedan dudas alrededor de la transparencia del Alcalde en la protección de los intereses colectivos.

Pd: Al César lo que es del César. El POT de tercera generación inicialmente Acuerdo 28/15 y hoy Acuerdo 35/16, fue una apuesta avanzada que hizo por el ordenamiento territorial el equipo de Planeación Municipal del exalcalde Enrique Vásquez y por supuesto de él, que parece no tener defensa en el gobierno Gallo.

@adrigonco

 

[1] La Corte Constitucional la define como aquella acción judicial que vulnera el principio constitucional de la buena fe, en la que se da un abuso del derecho y demuestra un propósito desleal con el fin de proteger el interés individual a toda costa, sentencia T-655/98