Es tan grave lo encontrado por Galán que se atreve a afirmar en Semana que “La corrupción urbanística es tan lucrativa como el narcotráfico”. Descubre cómo a través de los POT se acude al “volteo de tierras”, que es el cambio de un uso del suelo por otro que genera más rentabilidad.

 

Por: Adriana González Correa

La semana pasada abordamos la primera parte de esta columna, en la que se denunciaron algunas maniobras tejidas en la ciudad a través de la formulación de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT).

Siguiendo con la lógica de la columna anterior, para mí es claro que Camacol, a través de Baza –Gerente– y Mejía  –Presidente–, quiere un POT a la medida de los intereses desmedidos de algunos constructores. Sustento mi tesis en el siguiente evento.

Para el año 2011, se dio un primer intento por parte de tales personajes de formular un plan de ordenamiento altamente expansivo –esto es, cuando en dicho instrumento se incorporan y se cambian usos del suelo para ampliar las zonas de construcción–.

Para tristeza de sus promotores la Carder –en 2011– emitió acta de no concertación del POT propuesto por los hoy constructores y representantes del gremio. Ahora critican abiertamente el Acuerdo 35/16 –POT suspendido por la jurisdicción administrativa–, dizque por su falta de elaboración técnica.

El acta de no concertación de Carder presenta la evaluación técnica de la formulación del POT “Mejía-Baza” 2011 y concluye, entre otras, que dicho proyecto no puede presentarse ante el Concejo Municipal para su aprobación mediante Acuerdo Municipal por adolecer de 14 problemas técnicos, en los siguientes aspectos:

Suelos de protección, Gestión integral del riesgo, Gestión integral de residuos sólidos, Gestión integral del recurso hídrico, Calidad del aire, Espacio público, Minería, Ordenamiento rural, Clasificación del territorio, Expediente municipal, Programa de ejecución, Memoria justificativa, Cartografía y, por último, la Pertinencia de la revisión.

Es claro que el primer intento de los hoy hombres de Camacol, en calidad de funcionarios, de “desordenar el territorio” al amaño de intereses particulares, no surtió efectos gracias a la revisión y examen técnico que hiciera de dicho proyecto la Carder, lo que también demostró la falta de formación técnica de quienes hoy pretenden dictar cátedra desde lo privado.

Por ello, en el segundo intento de proteger sus intereses a través de la demanda de Camacol al POT, es una lástima que la jueza administrativa haya mordido el anzuelo y con la precaria información existente en el expediente lo haya suspendido.

También extraña que el Gerente de Camacol busque derribar el POT que él mismo autorizó concertar al AMCO en calidad de asesor jurídico y que consta en el Acuerdo Metropolitano No. 4 de 2015 (ver).

Cabe advertir que el exsenador Carlos Fernando Galán el año pasado denunció en el Congreso de la República su investigación sobre la corrupción alrededor de los POT y pone de presente el caso del Departamento de Cundinamarca.

Es tan grave lo encontrado por Galán que se atreve a afirmar en Semana que “La corrupción urbanística es tan lucrativa como el narcotráfico”. Descubre cómo a través de los POT se acude al “volteo de tierras”, que es el cambio de un uso del suelo por otro que genera más rentabilidad.

Por esto es importante que las autoridades planificadoras, que no tienen pretensión de ser constructoras, revisen con lupa las licencias otorgadas, además de las construcciones campestres y edificios en la zona de Cerritos y la de Tribeca en Tribunas-Córcega, de la que son socios la familia del concejal Duque y Felipe Mejía –presidente de Camacol–.

Ya lo advierte el Concejal Carlos Alfredo Crosthwaite en la misiva que se anexa a continuación.

@adrigonco