En ese orden, se torna pertinente realizar algunos comentarios sobre la sentencia promulgada en el mes de agosto por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual se condena a la Nación como consecuencia de los hechos acaecidos en el Club El Nogal de Bogotá…

 

Por: Juan Camilo Arango Tabares

Los juicios de responsabilidad en las demandas contra las entidades estatales deben atender inexorablemente tres presupuestos: el daño antijurídico, el nexo de causalidad y el fundamento de atribución normativa.

Este último se circunscribe a los denominados títulos de imputación, los cuales, en el sistema de responsabilidad colombiano, han sido aceptados como la falla en el servicio, el riesgo excepcional y el daño especial, so pena que, frente a la inexistencia de fundamento para establecer la responsabilidad del daño, se imposibilita condenar a la entidad demandada.

En ese orden, se torna pertinente realizar algunos comentarios sobre la sentencia promulgada en el mes de agosto por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por medio de la cual se condena a la Nación como consecuencia de los hechos acaecidos en el Club El Nogal de Bogotá, en los cuales el extinto grupo guerrillero FARC-EP perpetró un acto terrorista que terminó por causar múltiples daños.

La motivación de la sentencia es ambivalente y contradictoria, debido a que en los diferentes pasajes del fallo se alude de manera indiscriminada a los diversos fundamentos de atribución normativa, o conocidos como títulos de imputación (falla en el servicio, riesgo excepcional y daño especial), lo cual termina por generar una incertidumbre sobre cuál fue el régimen y fundamento utilizado que terminó conduciendo a la declaración de responsabilidad del Estado.

A pesar de las contradicciones en punto al fundamento de atribución normativa, en la sentencia se acaba concluyendo la existencia de una falla en el servicio por la omisión del Estado frente a la obligación de cautela y precaución, debido a que en su criterio para las entidades demandas era de conocimiento la situación de orden público que se presentaba para la época de los hechos en la ciudad de Bogotá, D.C., y la frecuente concurrencia de altos dignatarios del Estado en el Club El Nogal.

Lo descrito corresponde a una deficiencia argumentativa, ya que parte de una premisa equivocada debido a que a las entidades demandadas, a pesar de la diligencia y cuidado desplegadas, se les imposibilitó conocer la intención concreta del grupo armado de perpetrar el pluricitado acto terrorista, motivo por el cual mal podría establecerse una falla del servicio por parte del Estado, cuando del plexo argumentativo expuesto en la sentencia, y de las pruebas aportadas al proceso judicial, se imposibilitaba dilucidar omisión alguna por parte de las entidades demandadas.

Es tan acertado el planteamiento expuesto que en otro aparte del aludido pronunciamiento judicial se termina desvirtuando el argumento, al plantear lo siguiente “(…) si bien no les resultaba posible predecir o anticipar los ataques puntuales del grupo insurgente, esta carga lejos está de ser atribuida a las víctimas”. En ese orden, si al Estado se le impide conocer la posibilidad de los ataques terroristas, ¿cuál es la falla en el servicio que se le indilga?

En conclusión, el argumento propuesto en la sentencia para solucionar el aludido punto se circunscribe a que a las víctimas de atentados terroristas no se les puede fijar la carga de los daños sufridos, en razón a que no se encuentran en el deber jurídico de soportarlos, sobre lo cual se realizan tres precisiones:

  • Si bien el Estado debe brindarle una protección integral a las víctimas del conflicto, la aludida protección se debe realizar en sede de solidaridad y no de responsabilidad, como se pretende realizar en el caso bajo estudio.
  • No atender la acreditación de los elementos del juicio de responsabilidad desvirtúa la posibilidad de que el Estado ejerza una defensa idónea en igualdad de condiciones.
  • Lo descrito no desvirtúa la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado, siempre que se acredite el fundamento de atribución normativa y los demás elementos propios del juicio de responsabilidad, independiente del régimen al cual se pretenda acudir.