¿Cómo explicar que un emergente político y entonces primíparo Representante a la Cámara por el Quindío salga indemne de la misma falta que dio pérdida de investidura a dos avezados congresistas de la República y caciques políticos en sus regiones?

 

Por: Eliécer Santanilla Martínez*

Se trata en paralelo de los destituidos exsenadores Luis Alfonso Hoyos (caldense del partido Conservador) y Carlos Enrique Soto (partido de la U y cacique en Risaralda), y del actual Representante a la Cámara por el partido Liberal quindiano, Luciano Grisales.

Todos ellos enfrentaron demandas ante el Consejo de Estado por presunto peculado e indebida destinación de dineros públicos al haber pagado honorarios a alguno de sus asesores, pertenecientes a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), pese a que en diversas ocasiones estos se encontraran lejos de cumplir sus funciones por estar fuera del país.

En el caso del destituido exsenador caldense Luis Alfonso Hoyos, este perdió su investidura al comprobarse el pago a una de sus asistentes, Martha Cecilia Muñoz Giraldo, a pesar de que ella se encontraba en el exterior.

En el caso positivo del Senador Soto se trató de Juan David Giraldo Saldarriaga, hijo de su compañera sentimental, quien recibió salario pese a encontrarse en el exterior en destinos como Panamá y Canadá.

Mientras tanto, por las toldas rojas, en un proceso similar y en el caso más extraño, se da el de Luciano Grisales –apadrinado en su momento por Luz Piedad Valencia Franco, alcaldesa de Armenia y reciente candidata al Senado por el mismo partido–, que tuvo un incidente similar con Liliana Valencia Franco, hermana de la exalcaldesa, hechos sucedidos en los días en que esta ejercía su cargo en Armenia.

Lo paradójico es que la sanción solo trascendió a un llamado de atención y una falta disciplinaria, permitiendo que conservase su curul, hacer campaña y convertirse hoy por hoy en líder electoral indiscutible en el Quindío, al alcanzar la mayor votación entre las tres curules a la Cámara obtenidas por este departamento.

A Liliana Valencia Franco le figuran los siguientes registros de la oficina de extranjería, adjuntos en la demanda: 20 salidas del país (5 a Fort Lauderdale, 9 a Panamá, 2 a Cancún, 2 a Miami y 2 a Curazao en tan solo un año). Esto ocurrió entre 2014 y 2015, exponiendo ante la opinión el caso más grave, presuntamente por el superior número de pagos y de viajes, mayor que cualquiera de los antecedentes citados, con la singularidad que fue el único en conservar su investidura luego del proceso ante el Consejo de Estado.

En la diligencia judicial el procurador delegado Isnardo Jaimes exhortó al órgano nacional a desestimar las pretensiones del demandante, argumentando que las pruebas que en los casos anteriores significaron la pérdida de la curul para los entonces Senadores, en este caso de Grisales no configuraba la causal de uso indebido de recursos públicos.

Todo esto a pesar del convencimiento del demandante, Juan Carlos Arango, quien expresó que Grisales habría firmado la certificación exigida regularmente para que la tesorería del la Cámara consignara los pagos a la nómina de la señora Valencia, incurriendo probablemente en diversos delitos tipificados en el ordenamiento legal colombiano.

Cabe anotar entonces que a la investidura liberal que estaba por perderse, el Ministerio Público pidió que le fuese investigada disciplinariamente, menguando hasta su extinción los posibles delitos que se perfilaban sin aparente duda.

Lo que sí es claro es que en lo que respecta a la justicia colombiana, unos casos son de cal y otros son de arena, unos son pálidos hasta que se les mete el color y la “bandera” apropiada… Entonces tienes un Representante con justicia propia o una justicia con Representante propio.

*Periodista independiente y Comunicador Social. Estratega en Marketing Político

@Elisantanilla

cuartopodercp@gmail.com