Contraloría y Procuraduría: real lluvia espantabobos

Estos tres casos puntuales, permiten demostrar que los organismos de control no son más que una lluvia de espantabobos para despistar a la ciudadanía con el inicio de investigaciones a funcionarios; pero que al final nunca existe una sanción penal, disciplinaria o fiscal contra los corruptos.

 

Por: Adriana González

La mayoría de ciudadanos que acudimos a los entes de control para denunciar las irregularidades y extralimitaciones que a diario cometen muchos funcionarios públicos del país, recurrimos a las instancias constitucionales de control con la ingenua idea de que dichos entes funcionan en su “deber ser” en el Estado de Derecho.

Sin embargo, pasados los años, comprobamos que dichos entes en un país desinstitucionalizado y con una seudodemocracia como la nuestra, no solo son un saludo a la bandera, sino que se constituyen en un ladrido a la luna para nosotros los ingenuos ciudadanos.

Esta tesis la voy a respaldar con tres casos concretos de denuncias en las que he estado involucrada o he escuchado por radio, y que después de pasados los años, nunca se dio un fallo sancionatorio en contra de los funcionarios denunciados.

También debo aclarar que al denunciar ante los entes de control, no he pensado con el deseo, lo he hecho con el criterio jurídico y la experticia que me acompañan en casi 18 años de ejercicio profesional, por lo que creo que mi criterio es serio al momento de presentar una denuncia.

La semana pasada, por equivocación, llegó a mi WhatsApp una nota de Caracol radio Pereira de mayo de 2016, en la cual se cuenta de la investigación que inició para la época la Contraloría por unos hallazgos en contra del Presidente de la Cámara de Comercio de Dosquebradas Jhon Jaime Jiménez Sepúlveda sobre la utilización de unos 1.500 millones de pesos de regalías para la construcción del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Metalmecánica y la Manufactura –CINDETEM–.

Hasta la fecha, pasados 2 años y medio, no se conoce sanción alguna (como tampoco conozco una decisión absolutoria al denunciado) por parte de la Contraloría.

El segundo caso tiene que ver con una denuncia que hiciera en el año 2014 el sindicato de profesores de la Universidad Tecnológica de Pereira, organización de la que hago parte y en la cual se evidencia un carrusel de publicaciones de docentes que mediante artimañas lograron obtener un mayor salario a partir de divulgaciones científicas en algunos casos engañosas o que no cumplen con los criterios de aporte a la ciencia, y en otros, algunos directivos de la Universidad usufructuaban la investigación de docentes –sin hacer parte de ella–.

Cuatro años después la gerencia departamental de la Contraloría emite un acto administrativo, el 018 de 2018, en el cual absuelve de cualquier responsabilidad fiscal a los docentes y administrativos denunciados. La Procuraduría en 2017 hizo lo propio, absolvió a los cuestionados con una muy pobre argumentación.

El tercer caso es una denuncia que en la campaña a la Cámara de Representantes de 2014 el actual concejal Carlos Alfredo Crosthwaite y yo presentamos a la Procuraduría, por permitir la realización de reuniones políticas en las instalaciones del Concejo Municipal para la campaña al Congreso 2014 de los señores Enrique Soto y Didier Burgos, reunión en la cual los asistentes portaban camisetas alusivas a los candidatos.

Tres años después la regional Pereira de la Procuraduría absolvió de responsabilidad disciplinaria al presidente del Concejo de Pereira –de la época– Norbey Quiceno, alegando que a dicho funcionario no le habían notificado a tiempo la disposición jurídica del Concejo en la cual se prohibían las actividades políticas en las instalaciones del Concejo de Pereira, como si no estuviera vigente la Ley de Garantías del año 2005.

Estos tres casos puntuales, permiten demostrar que los organismos de control no son más que una lluvia de espantabobos para despistar a la ciudadanía con el inicio de investigaciones a funcionarios, pero que al final nunca existe una sanción penal, disciplinaria o fiscal contra los corruptos.

La Procuraduría y la Contraloría terminan siendo un apéndice más de la corrupción institucional, que con su acción pasiva o absolutoria permiten que se sostenga todo un sistema de corrupción del cual estamos en apariencia asqueados la mayoría de ciudadanos; muchos de ellos tampoco acudieron a las urnas a votar la “consulta anticorrupción” y a la cual hoy el Congreso le ha hecho conejo.

@adrigonco