Cada cuatro años, durante la campaña para alcaldías y gobernación, Risaralda ha sido objeto de comentarios por parte de observadores locales y nacionales. Lo ha sido debido a los rumores continuos sobre cómo el narcotráfico permea el proceso electoral.

En la campaña de hace cuatro años en Pereira corrió el rumor, con ciertas pruebas de certeza, sobre que determinados candidatos no podían visitar algunos sectores del municipio, dominados por agentes ilegales que no permitían el acceso de los adversarios de “su candidato”.

Este año, de nuevo la situación se pone en evidencia, ahora con más fuerza debido a que de manera abierta tales denuncias se discutieron en el Comité de Garantías Electorales. Incluso, el alcalde Juan Pablo Gallo confirmó, en uno de sus tradicionales videos selfies, que existen indicios entre las autoridades sobre cómo una campaña fue infiltrada con dineros del narcotráfico.

El hecho, que ya era rumor creciente en las calles y algunos medios de comunicación desde hace varias semanas, tomó visos de ser una situación confirmada debido a esta declaración del alcalde Gallo, quien, entre otras afirmaciones, expresa que Pereira “me da temor que en una contienda electoral quede en manos equivocadas con presencia del cartel del… carteles del narcotráfico”.

Ese cartel lo expone más adelante el mismo Alcalde, es el nuevo y reorganizado Cartel del Norte del Valle, en cabeza del Capitán Mira, yerno de una exalcaldesa de Obando que, por cierto, trabajó hasta hace poco en la parte administrativa de un hospital público de Pereira, aunque su hoja de vida en la página de Función Pública muestra que todavía hay vínculo laboral.

No creemos que tal denuncia amerite, como lo hace el Alcalde al inicio de su alocución en redes sociales, que esto dé para estar “un poco preocupado”. La realidad es que debemos estar todos alarmados: la ciudadanía y las autoridades. El flujo de dinero en la presente campaña es escalofriante: la cantidad de vallas, pendones, mercados, volantes, dádivas y de personas involucradas en algunas candidaturas es ya suficiente indicio sobre el gasto desmedido y deshonesto.

Por desgracia, justo los candidatos que encabezan las encuestas no se preocupan por dar claridad sobre los gastos. No diligencian de manera oportuna los formularios obligatorios de Cuentas Claras, tampoco responden a los pedidos al respecto de los medios, o por lo menos, no al nuestro. Apenas recién esta semana se dignaron actualizar algunas cifras, quizá como reacción a las declaraciones de las autoridades y de funcionarios. Sin transparencia absoluta cualquier candidatura está viciada de antemano, mucho más cuando ya las dudas se convirtieron casi en certeza: la campaña a la Alcaldía de Pereira está permeada por dineros ilícitos, según presumen las mismas autoridades.

Ante hechos como estos, solo cabe pedir a las autoridades que blinden el proceso electoral en todas sus fases, inclusive en la de escrutinio, porque hasta allá llegan los rumores: cabría la posibilidad de haber infiltrado a la misma Registraduría de Pereira. Sea cierto o falso, es innegable que movidas muy oscuras se están dando y se darán durante los comicios del 27 de octubre. Solo queda la vigilancia celosa por parte de la ciudadanía y el cumplimiento honesto de las funciones asignadas a las diferentes autoridades.

Pereira no se puede sumar a la ominosa lista de 17 municipios del norte del Valle del Cauca cuyos procesos electorales tienen sombras y señalamientos graves, como lo denunció el informe de la Fundación Paz & Reconciliación dado a conocer este fin de semana. Pereira y su ciudadanía merecen gobiernos transparentes, dirigentes honestos y campañas electorales limpias, algo que ya parece ser un pedido desproporcionado en medio de la hediondez en que se convirtió la política partidista colombiana.