“Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Sólo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”, afirma el artículo 37 de la actual Constitución Política de Colombia. A través de múltiples sentencias, como la T-571 de 2008, se le otorga además el carácter de derecho fundamental, puesto en tela de juicio a raíz del nuevo Código de Policía de 2016, que limita tales actos a través de medidas regulatorias que, a veces, superan las funciones de las autoridades civiles y de la misma normatividad internacional sobre derechos humanos.

A pesar de estas cortapisas, el derecho a la protesta sigue desarrollándose en el país como una vía creciente y de alto impacto, al usarse como herramienta para hacer visible la inconformidad de diferentes sectores. La protesta social es la válvula de escape de los inconformes, así como el carnaval lo es para la sociedad toda. Al fin de cuentas, «El pesar oculto, como un horno cerrado, quema el corazón hasta reducirlo a cenizas», como lo expresa Shakespeare.

La protesta social en Colombia siempre ha sido objeto de sospecha y de prejuicios de toda clase, quizá una manera de estigmatizarla para no considerarla como un derecho fundamental –que lo es– sino como un acto subversivo que debe reprimirse y condenarse.

De hecho, muchos medios masivos son los grandes promotores de este estereotipo. Sobra citar los numerosos ejemplos recientes en los cuales el cubrimiento informativo se centra en la congestión vehicular o, en el peor de los casos, en algún hecho aislado de violencia durante las marchas de cualquier tipo, sobre todo si son orientadas al logro de derechos laborales o para darle voz a peticiones del sector educativo. Pero en esos mismos medios se elude transmitir de manera suficiente el asunto de fondo: ¿por qué se protesta?

Ante esto, la respuesta de las nuevas generaciones ha sido inteligente y por ello las marchas plagadas con consignas tomadas del manual de la izquierda sesentera son vistas hoy como un anacrónico ejercicio que solo llama a risas y parodias. Hoy la marcha es un carnaval, un alegre ejercicio de poblar las calles.

Mezclar las tiras cómicas, las frases de los éxitos musicales actuales o, mejor aún, convertir las consignas en pegajosas canciones que invitan al baile mientras se difunde un mensaje de hondo calado, ha sido la estrategia para evadir la mirada prejuiciosa que condena de manera sumaria el derecho a tomarse las calles para manifestarse.

Ayer el país lo vivió de nuevo, con miles de estudiantes, profesores y administrativos universitarios unidos en las calles para pedir un salvavidas presupuestal urgente para la formación profesional en las instituciones de educación superior de carácter público. Y a pesar del enorme flujo de personas, los hechos destacables son los de la armonía y exultante alegría de los marchantes, lo cual no disminuye en nada el apremio de sus exigencias.

La alegría de salir, de tomarse las calles, de entender lo público como aquello que permea la vida de todos, fueron las notas destacada en un ejercicio democrático ante algunos estamentos que todavía se niegan a aceptar que durante el desarrollo de la protesta social la ciudad no puede permanecer bajo sospecha. Y los ciudadanos, tampoco.