Muy al contrario de lo que se nos dijo en tiempos del gobierno de César Gaviria para justificar la privatización de los servicios públicos: “lo privado funciona mejor”. Veintiséis años después comprobamos que los privados funcionan peor, son más costosos, abusan de su poder dominante y actúan como verdaderas mafias: sin apego a la ley y respeto a los derechos.

 

Por / Adriana González Correa

Al inicio de la cuarentena, el alcalde de Pereira firmó un decreto en el cual se informaba que el Municipio pagaría los costos de los servicios públicos domiciliarios a los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad. Todos vimos con beneplácito la medida, pues la solidaridad es un principio que no se puede perder. Lo que nunca nos imaginamos es que nos saldría caro a todos los pereiranos y lo vemos en el aumento súbito de nuestras facturas.

Cuatro de las cinco empresas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios en la ciudad han acudido a maniobras retorcidas y hasta ilegales, para justificar un aumento irregular en el costo de las facturas.  Energía de Pereira, Aguas y Aguas, Aseo y Efigas, abusan de su posición dominante frente a los indefensos consumidores.

Algunos de los casos que traigo a colación recogen quejas de ciudadanos que me han hecho llegar sus reclamos y otras me han sucedido en carne propia. Lo relatado en esta columna obedece a la realidad vivida por la mayoría de familias en la ciudad.

 

Efigas

Un ciudadano que vive en el sector de la comuna Villavicencio, cuyo pago mensual en factura de gas es de $31.000 para los meses de abril y mayo, inexplicablemente le aumentó a $45.000, es decir, el 45%; hizo el reclamo a la empresa y esta le informó que, por motivos de la pandemia, se había decidido promediar el consumo de los últimos 6 meses, para evitar un contagio de su personal en campo.

Salen dos interrogantes: ¿por qué una empresa con altas ganancias no puede comprar los implementos necesarios para que sus trabajadores estén a salvo de un contagio y no dejen de cumplir su labor?, el segundo es ¿por qué un promedio se dispara sobre el 45% del valor habitual?

Energía de Pereira

Esta empresa con capital municipal en un 51% ya es conocida por sus abusos y desafueros: Israel Londoño le entregó la administración de la misma a Alberto Ríos Velilla, quien actúa como si fuera un simple particular que no debe explicaciones a nadie.

En el mes de marzo intenté hacer el pago como de costumbre por la página de la Empresa de Energía. Extrañamente, esta vez me exigía autorizar el uso de mis datos personales para fines empresariales. Nunca autorizo y es un derecho no permitir el uso de los datos, razón por lo cual, a través del chat en la web, hice el reclamo. La respuesta fue sencilla: si no desea autorizarlo, puede pagar por ventanilla.

 

La Ley 1581 de 2012, en su artículo 5º establece que el “Responsable del tratamiento de datos” debe informar al Titular de los mismos, cuáles son las finalidades específicas del tratamiento de datos, para los cuales pide el consentimiento. A su vez, el numeral 1º del artículo 6º determina que: “1. Informar al Titular que por tratarse de datos sensibles no está obligado a autorizar su Tratamiento”.

La pregunta es: ¿por qué la Empresa de Energía se arroga el derecho de violar la ley 1581 de 2012 y obliga a sus usuarios a la entrega de datos personales para pagar facturas desde su página web?

Aseo: Atesa de Occidente

 

La empresa recolectora de basuras Atesa, sin permiso del Concejo Municipal y en plena pandemia decidió cambiar unilateralmente la estratificación de predios ubicados en el estrato 2, facturándolos para el mes de mayo en estrato 4. En el sector de Galán los usuarios pagaban $3.441 y en el mes de abril $29.081, el aumento de la factura radica en que al pasar de estrato 2 a 4 perdió los subsidios correspondientes y se le facturó con tarifa plena en los cargos fijos y variables.

Aguas y Aguas

Soy abogada litigante y tengo un despacho en el centro de la ciudad, mi consumo de agua mensualmente es inferior a un metro cúbico. Sin embargo, y pese a estar cerrada la oficina desde el 14 de marzo, extrañamente en las facturas de consumo de marzo y abril, aparece en la casilla “Detalle de conceptos facturados” un consumo equivalente a un metro cúbico, la factura aumentó en $5.740, esto es el 8.3%. ¿Cómo se explica que una oficina cerrada aumente su consumo sin haberse presentado fuga de agua?

A todas luces las empresas de servicios públicos están violando la ley y abusando de su posición dominante en el mercado frente a los usuarios indefensos en el actuar de éstos monopolios y con una Superintendencia que no produce sanciones, sino lástima.

Las empresas como Efigas y posiblemente Aguas y Aguas, que están promediando consumos, a todas luces están violando la Ley 142 de 1994 en su artículo 146 que establece que los consumos se deben medir y que solo se aplicará el promedio cuando existan problemas técnicos que impidan su medición. Lo segundo es que cuando el consumo no sea medido por omisión de la empresa, ésta pierde el derecho a recibir el precio.

La ley 1581/12, protege los datos personales y ninguna empresa puede obligar a sus usuarios a la entrega de estos, como lo está haciendo Enerpereira.

Y, finalmente, Atesa de Occidente acudió a una maniobra aún más retorcida para sacar ventaja de la pandemia, cambiar la estratificación de los predios sin autorización del Concejo Municipal, que es el único con potestad legal y constitucional para hacerlo.

Muy al contrario de lo que se nos dijo en tiempos del gobierno de César Gaviria para justificar la privatización de los servicios públicos: “lo privado funciona mejor”. Veintiséis años después comprobamos que los privados funcionan peor, son más costosos, abusan de su poder dominante y actúan como verdaderas mafias: sin apego a la ley y respeto a los derechos.

@adrigonco