CLOROFILANo es posible ni deseable para la ciudad como un todo, seguir construyendo viviendas para pobres en áreas evidentemente empobrecidas, aisladas físicamente de los lugares de empleo, espacios culturales y zonas de ocio e interacción social.

Por: Cloro Fila

Parto de señalar dos realidades evidentes; la primera es que la ciudad es mucho más que un mar de casas y concreto al cual está confinada, para bien o para mal, a la experiencia  humana y sus respectivos contrastes. Una suerte de segunda naturaleza en la que habita más del 80 por ciento de la población latinoamericana. La segunda situación, es que la ciudad la pagamos todos y todas. Dicho esto, viene bien una breve reflexión sobre el derecho a  esta, nuestra ciudad.

Desde décadas atrás, Pereira viene siendo una especie de esponja demográfica, a la cual llegan gentes de diversas regiones, entre ellas familias desplazadas por la violencia y  campesinos  que le huyen de un campo empobrecido, y otros que llegan a engrosar los cordones de informalidad y miseria urbana ocupando zonas de hecho. Un déficit de vivienda estimado en 14.528 unidades residenciales para estratos bajos, según la Universidad Nacional de Colombia, cifra este panorama.

Pero tal situación no es solo producto de un proceso histórico migratorio en tanto que su origen está ante todo ligado a un mercado inmobiliario gerenciado por los grandes propietarios del suelo y por las constructoras privadas, para quienes la función pública de la ciudad debe ceder paso a la rentabilidad de los usos del suelo, dejando lotes de mala calidad y en riesgo de desastre para las familias de bajos recursos. ¿Quién emprendería la construcción de parques o de viviendas de bajo costo en áreas centrales cuando se puede edificar un centro comercial o un conjunto residencial de alta renta? Es allí donde nace el derecho a la ciudad como bandera para reivindicar una ciudad construida por y para sus ciudadanos e instituciones públicas más no por una burbuja inmobiliaria que solo enriquece a unos pocos.

No es posible ni deseable para la ciudad como un todo, seguir construyendo viviendas para pobres en áreas evidentemente empobrecidas, aisladas físicamente de los lugares de empleo, espacios culturales y zonas de ocio e interacción social. Casos como Ciudadela Tokio y El Remanso, son claros ejemplos de un ocultamiento social cuya realidad  vive a la sombra del cerro Canceles.

Pensar la ciudad, es repensar el papel de lo público en la configuración del espacio urbano, algo que la actual administración demuestra no conocer, cuando proclama como lema de control físico “cero tolerancia con las  invasiones”, postura más preocupada por la defensa del  inalienable derecho a la propiedad privada que por la función social y ecológica de ésta. Los efectos de tan miope mirada hacen de Pereira y sus ofertas culturales, económicas y urbanas una especie de telón de fondo para comunidades como Villa Santana, Puerto Caldas, Caimalito y otros… donde la criminalidad aprovecha para incubar su legitimidad. 

Vale la pena mencionar dos ejemplos de instrumentos pragmáticos para que los ciudadanos presionemos por promover una democratización de la ciudad. El  primero, es vigilar por una distribución equitativa de cargas y beneficios enmarcada en la ley 388/97 y  que en términos prácticos no es más que exigirles responsabilidades a las constructoras urbanas y a los propietarios del suelo. No es posible que privados se enriquezcan con el endeudamiento de familias clase media en proyectos residenciales bien ubicados en una ciudad que pagamos todos y todas, sin entregarle al conjunto social ni siquiera un nuevo parque de uso público o un terreno no periférico para la construcción de viviendas de bajo costo. Otro instrumento no solo legal sino legítimo, es la expropiación de terrenos que, pese a las necesidades colectivas, están siendo retenidos a la espera de un precio futuro, como sucede con los lotes de engorde.

Hacer que el humanismo anteceda al urbanismo, al decir de Lefebvre, es más un asunto  de vigilancia ciudadana que de tomadores de decisiones en su voluntad política para la construcción de una Pereira más digna para la gente especialmente pobre y, por supuesto, para los animales y ecosistemas, no caerá del cielo sino de nuestras capacidades como ciudadanos pro-activos.