MIGUEL ÁNGEL RUBIO OSPINAPero, como siempre, el tigre no es como lo pintan, y al cabo de muy pocos años se demostró el craso error en que estaba todo el esquema, pues las guerrillas no han sido derrotadas ni exterminadas (todavía recuerdo al ministrico Londoño frente a los medios, prometiendo que en seis meses no habría un solo guerrillero en Colombia y que se acabaría hasta con la última mata de coca en todo el territorio nacional). 

 

Por: Miguel Ángel Rubio

Recordar es vivir, dice un famoso bambuco autóctono. Hoy quizá debamos decir, recordar es arrepentirse, pues este país parece destinado a ser infame y cínico a más no poder.

Recordar es arrepentirse en esta nación sin memoria de las madres de Soacha, de los miles de jóvenes en muchas partes del país que fueron asesinados por el ejército o la policía, vestidos y acusados falsamente de guerrilleros solo para  cobrar recompensas; es arrepentirse por cada campesino masacrado a manos de las motosierras paramilitares en complicidad con las fuerzas armadas. Es arrepentirse porque hemos visto pasar, impasibles, a través de la pantalla del TV, de las hojas de los diarios, de las voces en la radio, el desfile de barbarie en la comodidad de los sofás, porque nos han vendido la idea de un bando bueno y un bando de malo, porque justificándolo con cualquier miseria, nos hacemos los de la vista gorda, ante la sangre, el terror, el horror y la infamia.

Colombia ha sido un país signado por la violencia. Lo que no quiere decir que su sociedad sea violenta (de tal modo nos quieren ver en Europa o en otros países).  Y no nos vamos a detener para recordar cada periodo de violencia. Primero, porque necesitaríamos más tiempo, análisis, y, sobre todo, una gran capacidad  de auto-crítica como sociedad, para entender cuál es el germen de nuestra desgracia.  Sin embargo, vamos ahora a hablar de un tema, complejo, con aristas y que puede herir susceptibilidades, cosa a la que estoy dispuesto a jugar en estas líneas.  Un tema de violencia para que la cosa vaya quedando clara.

Desde el 2002, primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en Colombia se instauró una política de gobierno bautizada “seguridad democrática”. la cual, ante el apabullante fenómeno electoral que fue Uribe y ante la situación desastrosa en que se encontraba el país, algunos (una pasiva y cómplice mayoría) aceptó con bombos y platillos; era frecuente escuchar decir, esa plaga hay que exterminarla, bárbaros  asesinos, etcétera, mientras que al momento otros miraban la política del gobierno con sospecha, quizá esperando resultados y, algunos pocos, muy pocos, nos opusimos a ella, unos desde los estrados del Congreso y otros desde el ejercicio cotidiano de la ciudadanía. Sabíamos de antemano que, como siempre  la historia iba a darnos la razón.

Mientras la política de seguridad democrática iba instaurándose, no solo en carreteras, fincas de terratenientes poderosos (porque al campesino pobre no le tocó), en ciudades y en solo algunos departamentos con más poder políticos que otros. Mientras veíamos cómo nuestras fuerzas armadas iban robusteciendo sus equipos de combate, comunicaciones e iban mejorando su entrenamiento y mostrando resultados, por otro lado, el gobierno, hacía alarde de haber logrado la desmovilización de los grupos paramilitares (soldados a sueldo de poderosos gamonales regionales). Silenciosamente,  entrambos, paras y ejército, perpetraban un genocidio que aún hoy nos cuesta asimilar, los mal llamados falsos positivos, que deberían llamarse crímenes de Estado, para empezar a ser contundentes  en el debate.

Y esto sucedió en el momento en que todo parecía ser favorable. Las guerrillas estaban  en cierto modo amilanadas con la amplísima ofensiva militar, los paras empezaban a ser reinsertados a la vida civil y sus cabecillas pagaban penas en cárceles (después fueron extraditados) y, por primera vez, en muchos años, la economía colombiana era próspera, y mostraba muy buenas perspectivas futuras.  Eso  justificaba cualquier cosa, incluso Colombia entró a ser parte de la lista de países más felices del mundo.

Enhorabuena, en ese entonces, el ejército colombiano encontró en el establecimiento, una vez más, un respaldo total del ejecutivo para pacificar, como era la promesa, el país, para lograr por la vía militar la paz, para dejar a Colombia libre del flagelo de la violencia.

Pero como siempre, el tigre no es como lo pintan, y al cabo de muy pocos años se demostró el craso error en que estaba todo el esquema, pues las guerrillas no han sido derrotadas ni exterminadas (todavía recuerdo al ministrico Londoño frente a los medios, prometiendo que en seis meses no habría un solo guerrillero en Colombia y que se acabaría hasta con la última mata de coca en todo el territorio nacional). Por su parte el paramilitarismo tampoco terminó con la extradición de los cabecillas, solo se transformó en bandas urbanas, aliadas con los pequeños y medianos narcos que aún quedan en Colombia y hoy varios presidentes y ex presidentes americanos instan a los EE:UU a que abra sus fronteras mentales y políticas, y se inserten, como consumidores y principales clientes, al debate sobre la lucha antidrogas en el mundo.

En un país, de muchos casos aislados en los que policías y militares gozan con el dolor de  animales torturados y  tomados como carne de cañón o poliedro, o donde por un grafiti un policía hace alarde de su autoritarismo,  donde  cuestionar el accionar de la fuerza pública es altamente peligroso, se aprobó en la última legislatura del año que se fue un proyecto de ley de ampliación al fuero militar.

Y es en ese momento donde recordar es necesario. Un país que adelanta un proceso de paz serio, como en muchos años no lo lograba, que sentó con una agenda sólida y precisa a la insurgencia en La Habana, que  ha enarbolado las banderas de la sensatez, no puede ahora lanzar a la opinión pública el mensaje ambiguo de licencia para matar a un gremio, al que no le interesa para nada negociar la paz, al que no le interesa la paz. 

Y no le interesa, porque como “Gremio armado”, según palabras de Molano, su modus vivendi es la guerra, porque negociar la paz es permitir la disminución a posteriori del gasto en defensa, algo lógico que tendrá que pasar, por que negociar la paz es visto como un gesto de debilidad, porque el monopolio de las armas no tendría sentido ya. Porque, además, la policía y el ejército no serán capaces de combatir las guerrillas urbanas, las bacrim y otras modalidades de violencia citadina que emergen en las grandes capitales.  Lo que derivaría en un deterioro de su heroísmo tan publicitado por TV y radio.

Y no le interesa, porque  sabe que la ciudadanía no le perdonará haber violado sistemáticamente la Constitución, porque sabe que si negocia la paz, no podrá calcular el error político de asesinar a cada partidario del  nuevo escenario político fariano. Porque los militares en Colombia, al contrario de lo que todo el mundo cree, son adalides del odio, la no reconciliación y el exterminio.

La sociedad colombiana y el gobierno deben darse la oportunidad de creer en el proceso de paz, deben escuchar a las guerrillas, así sus posturas generen alergia en la clase dirigente, debe permitirles a ellos poner sus cartas sobre la mesa sin ambages, deben exigirles, igualmente, que hablen de cara a la gente, que digan lo que quieran decir, así esté por fuera de la agenda. Este primer paso de escucha recíproca es necesarísimo y trascendental, pero ¿qué sentido tiene esto si el ejército puede actuar a sus anchas sin importar las voces que le advierten de su bajeza?

Nuestra tradición legalista nos ha hecho aceptar tratados, suscribirnos a convenios y acatar fallos y sentencias internacionales (unos injustos y otras más equilibradas) y esto es importante acatarlo en este debate, pues como se viene diciendo entre expertos, este fuero pone al país, nuevamente, en el filo de la lista negra de países violatorios del derecho internacional humanitario.

Y los militares, al igual que los curas, podrán alegar “persecución jurídica”  pero les tocó la hora de ponerle el cascabel a un gato que maullaba y rasguñaba sin normas claras. Permitir el fuero militar es poner a la fuerza pública al nivel del enemigo, es propiciar en ellos la práctica deliberada de la misma barbarie que combaten.  Al igual que el derecho canónico, su garantía es la impunidad.

No soy abogado ni militar, y  quizá mi visión sobre el conflicto interno parezca cómoda desde la silla de mi estudio mientras escribo esto, no estoy en el equipo negociador, pero soy un ciudadano de a pie, indefenso y sin armas con qué poder contrarrestar cualquier acción violenta, un ciudadano crítico pero igual a todos, que aun con todas las equivocaciones y abusos que haya cometido el cuerpo de defensa oficial de estado, confía en que su accionar es correcto, pero que será víctima de la violencia que gremios armados oficiales y no oficiales, perpetran cada día, con sed de negocio, con el ímpetu de la venganza y con el currículo del odio.

Recordar es soñar y ahora recuerdo a un candidato que casi linchan en un debate político porque se atrevió a soñar en voz alta, un país sin ejército, decente, en paz y próspero, que pueda mirar con altivez al mundo y cuyo signo no sea la violencia.

La coherencia del proceso de paz no debe recaer solamente en el discurso guerrillero, debe ser ante todo en el accionar de los que se dicen defensores de la vida, honra y bienes de todos nosotros. Los militares tienen en esta ocasión incidencia en la mesa de negociaciones, espacio que se han ganado por sus méritos, ¿hasta dónde están dispuestos a ceder? Ojalá que el fuero militar no sea una bala perdida a un proceso de paz, que aun está niño y debe ser cuidado con los mimos del caso.