El sorpresivo anuncio, sin el respaldo de un “Estudio Técnico” que determine la supresión y liquidación del Instituto de Movilidad, demuestra que es una decisión política y no técnica, de ahí que intuyo que algo esconde el mandatario con esta decisión.

 

Por / Adriana González Correa

Asusta el paquete de medidas que anunció el pasado domingo el alcalde de Pereira Carlos Maya. En sus anuncios afirma de una manera nada técnica y con un lenguaje agresivo lo siguiente: acabar con el Instituto de Movilidad de Pereira, prescindir del CORDEP y de la Empresa de Aseo de Pereira, vender el Diagnosticentro, bienes inmuebles (lotes) de la ciudad, la participación accionaria en sociedades como CHEC, Hidromiel, GESEP, entre otras; reestructurar Megabús y remodelar la Terminal de Transportes de Pereira.

Su precariedad en el lenguaje y la falta de empleo correcto de las palabras que describen técnicamente las decisiones administrativas, demuestran la escasez mental y la insignificante retórica de nuestro alcalde.

Ya se hizo famoso en las intervenciones en el marco del aislamiento por su torpeza lingüística: “pasabocas” por tapabocas, “declatoria” por declaratoria y otra cantidad de expresiones objeto de burla entre los conciudadanos.

Pero esas limitaciones lingüísticas no van de la mano con las desmedidas ambiciones demostradas en las últimas decisiones tomadas por el alcalde Carlos Maya y descritas al inicio de esta columna, que al parecer buscan desmantelar lo poco que queda en manos del Municipio.

Valga la pena aclarar que esto en parte es la consecuencia de un Concejo Municipal arrodillado y que entrega sus funciones constitucionales de control político al mandatario de turno, con el fin de mantener su clientela y burocracia corrupta dentro de la Administración Municipal. Así lo hizo en el plan de desarrollo actual y en el Acuerdo del presupuesto de rentas y gastos para la vigencia 2020.

Dentro de los inflados anuncios de reformas, supresiones y liquidaciones de entidades descentralizadas, participaciones accionarias y venta de bienes inmuebles, me parece que hay que poner especial lupa frente al Instituto de Movilidad.

El Alcalde anunció con bombos y platillos la liquidación del Instituto de Movilidad por los señalamientos históricos de corrupción. Ya se ha divulgado que muchos de los funcionarios(as) y contratistas constituyen verdaderas mafias en dicha entidad, pero la generalización en boca de un mandatario es dañina y perversa, pues no puede desconocer que allí hay funcionarios de carrera administrativa que ganaron sus cargos en un concurso de méritos y que, además, macartizar a todos los trabajadores traerá para los honestos y correctos un estigma difícil de evadir al momento de quedar cesantes.

Las mafias existentes al interior del Instituto de Movilidad han tenido, en la mayoría de casos, a las cabezas más visibles de la institución, esas que usufructúan el delito allí cometido, obtienen beneficios económicos y mantienen la red de corrupción entre funcionarios de todo el Municipio, además algunos privados y concejales que hacen parte de la delincuencia organizada.

Es conocida la eliminación virtual de las multas, el peaje a trámites administrativos, la presión por imposición de comparendos y demás prácticas corruptas que pasan por la cara de los altos funcionarios en connivencia con concejales y empleados del nivel central (ver).

El alcalde anunció la liquidación con el argumento de “serios señalamientos históricos de corrupción”, y el alcalde sí que debe conocer a fondo la corrupción, porque su antecesor y padrino político, Juan Pablo Gallo, perdió la investidura en un fallo judicial del Tribunal Contencioso precisamente por las investigaciones que la Contraloría Municipal de la época adelantó en su contra cuando fue director del Instituto de Tránsito.

Valga la pena aclarar que el Consejo de Estado revocó la sentencia de primera instancia por prescripción –pues le aplicó una norma posterior que beneficiaba a Gallo–, pero la prescripción en términos jurídicos no desvirtúa el cargo de corrupción y mucho menos pone en cuestión la investigación fiscal que adelantara la Contraloría por pérdida o menoscabo en los recursos públicos.

El ladrón juzga por su condición, reza el dicho popular. Por eso un hombre como Carlos Maya juzga de corruptos a los funcionarios del Instituto, los señala, justo quien es el gran beneficiado de la corrupta aplicación Kontacto y se hace alcalde gracias a ella y al constreñimiento ilegal que hiciera a los contratistas del Municipio su compañero de andanzas, el exalcalde Juan Pablo Gallo, por el cual fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación, investigación que aún está en curso.

Aunque sé que la bodeguita gallista saldrá al corte contra esta columna para evitarle más escándalos al ahora candidato, no puedo dejar escapar que Juan Pablo Gallo tiene sobre sus espaldas sendos escándalos de corrupción y que su histórico amigo, el hoy alcalde de la ciudad, anuncia la liquidación del Instituto de Movilidad, tal vez más como una estrategia para tapar y esconder la corrupción que les beneficia a ellos y a los concejales que hacen parte de su aceitada maquinaria, que por un compromiso ético de transparencia en su gobierno.

También es posible que Maya haya recibido los 500 millones de pesos ofrecidos al excandidato y hoy concejal Mauricio Salazar, como lo denunció hace tan solo dos días. Todo es posible en la “Capital de la corrupción” (ver).

El sorpresivo anuncio, sin el respaldo de un “Estudio Técnico” que determine la supresión y liquidación del Instituto de Movilidad, demuestra que es una decisión política y no técnica, de ahí que intuyo que algo esconde el mandatario con esta decisión.

“Quien paga para llegar, llega para robar”,  afirmó mil veces Carlos Gaviria Díaz. Una verdad escrita sobre piedra y que se demuestra en esta Administración, pues en tan solo 6 meses de mandato, Maya ya tiene dos altos funcionarios vinculados penalmente por corrupción. El pasado 4 de junio se realizó la audiencia de “Imputación de cargos” (ver) por peculado por apropiación y contratos sin el lleno de los requisitos legales contra Mónica Botero, secretaria privada de la alcaldía, y Alexander Galindo, director de la DIGER, robando en el marco de una pandemia y sobre la necesidad extrema de los más desprotegidos de esta ciudad.

@adrigonco