A Martínez Neira, que se ha ido de vacaciones playeras durante otras jornadas de protesta en su contra, lo sostiene el poder del grupo AVAL, como en las regiones el poder político es señalado de influir en las actuaciones de los entes de control. 

 

Por: Carlos Mario Marín Ossa

A pesar de los permanentes escándalos que a diario aparecen en Colombia –que los medios de comunicación posicionan con su afán de audiencia y el discurso de mantener informada a la población utilizando las herramientas de oligopolio mediático– es un imperativo ético (e incluso estético) mantener la presión ciudadana exigiendo la renuncia del fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira.

Y esa presión se debe extender al grupo AVAL, emporio económico financiero que es el que sostiene en su cargo al cuestionado fiscal e influye de forma decisiva en el gobierno, para que este tampoco asuma la actitud ética y política de manifestarse al respecto.

No es de poca monta el asunto, porque su participación como abogado vinculado al asunto Odebrecht-AVAL-Ruta del Sol II, que estaba enterado desde hace años sobre la comisión de las “irregularidades” que ahora se conoce eran delitos graves y los cuales no denunció, lo hacían impresentable al cargo de Fiscal General de la Nación.

Las actuaciones que se han ido develando al frente del ente judicial muestran que es juez y jurado de un grave tema en el cual está implicado. Todo este asunto ha afectado en forma decisiva a la institución de la cual la población colombiana espera justicia imparcial.

El cuestionamiento nacional hacia la Fiscalía se extiende a las regiones, mostrando que el accionar de dicho ente no genera confianza en las gentes.

Durante el plantón realizado el pasado martes 29 de enero, frente al edificio B de la Fiscalía en la ciudad de Pereira, y que exigía la renuncia del Fiscal ´Martínez Neira, se escucharon varias denuncias ciudadanas que daban cuenta de procesos relacionados con corrupción en los presupuestos municipales para el adulto mayor y otros en los cuales están implicados funcionarios de las pasadas administraciones de la ciudad, los cuales no avanzan.

Un hecho que contribuye a intensificar el malestar ciudadano se presentó durante la protesta que se desarrollaba de forma pacífica y en las afueras del edificio, cuando fueron cerradas las puertas del mismo y negada la atención de los ciudadanos que la solicitaban, estando en horario de trabajo de los funcionarios públicos.

El punto más álgido se dio cuando una mujer de mediana edad se acercó a denunciar la desaparición de su hija menor de edad y a pedir ayuda de la justicia, recibiendo como respuesta la negativa de atención con motivo del mitin, que, repito, era pacífico y se desarrollaba en el andén.

De inmediato los manifestantes exigieron que se atendiera el clamor de la ciudadana y madre, con lo cual y luego de negarse durante unos minutos, los funcionarios de la entidad le permitieron el ingreso a la mujer afectada.

Son hechos que no se corresponden con las realidades del derecho a la protesta, del carácter pacífico de la misma y de la legitimidad de la exigencia del cuestionado Fiscal General.

A Martínez Neira, que se ha ido de vacaciones playeras durante otras jornadas de protesta en su contra, lo sostiene el poder del grupo AVAL, como en las regiones el poder político es señalado de influir en las actuaciones de los entes de control.

Sólo cuando la protesta se dirija también hacia su protector, el fiscal tendrá que tomarse en serio la decisión y legitimidad de la exigencia ciudadana que requiere lucha legal y contundente contra la corrupción.

@MarioossaM