La seguridad democrática, y lo que ha implicado en el terreno de los derechos humanos, ha tocado su fin y con este un nuevo escenario para que las disputas y controversias se allanen en medio de la civilidad.

Por: Carlos Victoria

Como muchos colombianos me ubico entre la esperanza y el escepticismo frente a un inminente proceso de diálogo y negociación entre el Gobierno y las guerrillas. Dicha ambivalencia no es gratuita ante un contexto de alta complejidad, semejante a un rompecabezas que se debe solucionar en medio de factores y circunstancias ligadas no solo al conflicto armado como tal, sino a la multiplicidad de causas y  consecuencias que hacen de la sociedad colombiana una de las más desiguales e injustas del mundo.

Para quienes no nos representan las Farc, por ejemplo, es fácil preguntarse si un eventual acuerdo suyo con Santos proviene de una agenda armada debilitada por un entorno mundial caracterizado por nuevas expresiones de la “movilización de masas”, las consignas y objetivos que brotan desde lo más profundo del movimiento social por la ampliación de derechos, la restauración de otros y la configuración de nuevos y efectivos mecanismos para controlar el uso arbitrario del poder, la discriminación y la exclusión laboral, étnica, cultural y religiosa.

Para quienes coinciden con la agenda de la insurgencia armada el problema de la negociación pasa por asuntos de alta complejidad estructural sobre los cuales se ha justificado, en buena medida, una guerra contra el Estado que ajusta medio siglo: el asunto de la tenencia de la tierra y el bloqueo a una reforma agraria que equilibre las cargas entre campesinos y terratenientes. Estos últimos armaron un ejército de mercenarios, aliados con sectores de las Fuerzas armadas, y en menos de una década expulsaron a 5 millones de seres humanos para dar paso a la refundación de la patria en el campo. Los megaproyectos en curso demuestran la estrategia oculta de este genocidio.

Estoy de acuerdo con el planteamiento de César Caballero quien propone que  en las mesas de diálogo se aborde el tema del narcotráfico, así como Alfredo Molano tiene toda la razón cuando señala que sin participación de los militares en las conversaciones cualquier proceso serio de paz está condenado al fracaso. Estos dos componentes, por ejemplo, quedaron excluidos de la agenda del Caguán, pues mientras el gobierno Pastrana dialogaba con las Farc en el Caquetá, en la retaguardia  se organizó un ejército paramilitar que hacía las veces de antítesis ante cualquier posibilidad de salida negociada. Los refundadores de la seguridad democrática sacaron la mejor tajada de este fallido lance.

¿Qué negociarán? ¿La dejación de las armas? ¿La desmovilización y la conversión hacia un movimiento político al estilo M-19? ¿Casa, carro y beca? Estas preguntas más otro centenar de interrogantes brotaron en medio de infinidad de tertulias que hicieron de muchos colombianos agentes activos del anuncio. Las Farc propiamente no están derrotadas, a pesar de los duros reveses en el frente de batalla. Está condición exigida por los dueños del poder más recalcitrantes en la esfera política y económica no se cumple. De ahí que el coro de “traidor, traidor, traidor…” a Santos que se escuchó en el Club El Nogal no es gratuito, tras el lanzamiento del PCD.

Mientras las Farc entran fortalecidas al diálogo, por el lado de las expresiones legales e ilegales de la extrema derecha  la cosa es a otro precio. El efecto penal y político Santoyo-Rito Alejo parece haber averiado drásticamente el aliento de sus conmilitones, varios extraditados y encarcelados, tanto en Colombia como en Estados Unidos. La diferencia con el Caguán es que ha corrido mucha tinta por los estrados judiciales, y la verdad comienza a emerger en medio de décadas de impunidad y captura de las ramas del poder público bajo la consigna del todo vale. Ahora lo que se percibe son patadas de ahogado frente al timonazo dado por Santos en una maniobra que lo deja jugado para su relección, copando la agenda política hasta de sus  opositores: el PDA, por ejemplo, pidió puesto en el bus de la paz.

El expresidente Uribe aparece como un “saboteador” de Santos, y por tanto un “irresponsable”, según dijo María Isabel Rueda quien hasta el martes 21 de agosto de 2012 fungió como una de las más caracterizadas voceras de ese uribismo elitista en el periodismo radial y escrito. La señal de Rueda es inequívoca del nuevo rumbo que desde la dirección del Estado se le pretende dar a la guerra. La seguridad democrática, y lo que ha implicado en el terreno de los derechos humanos, ha tocado su fin y con este un nuevo escenario para que las disputas y controversias se allanen en medio de la civilidad. Al menos es la sensación que se vislumbra, no propiamente la realidad.

Sin embargo, y como ya lo anunciaron los voceros de los actores involucrados lo que nos espera será una mayor confrontación de poder a poder, entre el aparato represivo del Estado y unas guerrillas que no darán su brazo a torcer, y por supuesto una reacción despiadada de los sectores que se oponen a una paz negociada y duradera, cuyos alcances aún no sabemos: así como subsiste el problema de la tierra, también está la educación y la salud pública, dos pilares que configuran el Estado Social y Democrático de Derecho, y en el espectro político la paz social vive trabada por el desempleo, la corrupción, el clientelismo y una cultura política que ha sido incapaz de redistribuir el poder entre todos. Veremos si la construcción de la paz es un asunto de los señores de la guerra o la posibilidad de rehacer un país al alcance de los sueños, con oportunidades para todos, finalmente.

“Cuenten con nosotros para la paz y no para la guerra”, pueblo Nasa del Cauca.

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