En el Congreso están paralizadas muchas leyes necesarias para la democratización del Estado, entre ellas la ley de ordenamiento territorial, la de descentralización política y administrativa, el estatuto de la oposición y la reforma electoral.

 

Libardo-García gallegoPor: Libardo García Gallego   

Nuestra Carta Magna redactada por 70 constituyentes en 1991 fue hecha más para consolidar el neoliberalismo como modelo económico en Colombia que para resolver el conflicto social y político. El hecho de haber incorporado en ella la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no ha garantizado  el ejercicio y defensa de los mismos y, por lo tanto, esta Ley de leyes es engañosa y no corresponde a un supuesto Estado Social de Derecho.

La primera cuarta parte de la Constitución es un listado de derechos humanos (fundamentales, económicos, sociales, culturales, colectivos, ambientales), con la gravedad que los constitucionalistas mayoritarios, amigos de la exclusión y el elitismo, abrieron la puerta para dejarlos en manos de empresas privadas. Esto sucedió, por ejemplo, con la salud, sobre la cual el artículo 49 reza: “La atención en salud y saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado….Corresponde al Estado… establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas…” Así se justificó la Ley 100 de 1993, mediante la cual la salud dejó de ser un derecho humano y un servicio público para convertirlo en empresas rentables, explotadoras y ladronas. Y ahí tenemos el resultado: los pacientes muriéndose en las clínicas y hospitales porque las EPS ni pagan los aportes del Estado y de los usuarios, ni suministran los medicamentos, pero sí construyen lujosos condominios para sus propietarios.

¿Y si esto es con la salud, qué decir de los demás derechos y servicios públicos? Se ha entregado gran parte de territorio patrio a multinacionales mineras para que lo destruyan y se lleven los recursos; los terratenientes ampliaron sus latifundios a costillas de los pequeños y medianos campesinos a quienes obligaron a huir de ellas; la administración de las vías se dejó en manos de concesionarios quienes se autofinancian con costosos peajes; los estudiantes “pilos” pueden disfrutar de estímulos para su formación, los demás que se jodan; se han aprobado varios Tratados de Libre Comercio, lesivos para los productores y comerciantes nacionales; se feriaron a menor precio las empresas más rentables del Estado, por no decir todas.

En el Congreso están paralizadas muchas leyes necesarias para la democratización del Estado, entre ellas la ley de ordenamiento territorial, la de descentralización política y administrativa, el estatuto de la oposición y la reforma electoral. Después de 25 años lo único que tenemos es un Estado neoliberal fortalecido que sólo favorece  a los cacaos nacionales, a las multinacionales y a las grandes potencias.

Los enemigos de votar SÍ en el próximo plebiscito no tienen motivos para temer por los Acuerdos de La Habana, pues los gobernantes tradicionales de Colombia son expertos en mamarle gallo al pueblo y de poner el Estado al servicio exclusivo de la oligarquía, los banqueros, los terratenientes y los grandes empresarios. Como los de abajo por lo regular ignoran los temas económicos, constitucionales, políticos, etc, prefieren no participar y dejar el país en manos de los corruptos, de los pícaros de cuello blanco.

Es urgente una nueva Constituyente que reforme la Carta actual, introduciendo lo acordado entre el Gobierno y las Farc y obligando a las instituciones estatales a garantizar los derechos humanos a toda la población, de manera que se cierre el abismo de la desigualdad social. Claro que mientras no haya una amplia y consciente participación política va a ser muy difícil y prolongado lograrlo.

Los 10.000 o más guerrilleros y guerrilleras de las FARC han peleado durante más de medio siglo por mejorar las condiciones de vida de todos los colombianos y al menos han evitado que hayamos sido marcados con hierros candentes por la clase gobernante. Ahora nos invitan a todos sus compatriotas a que junto a ellos nos comprometamos en la construcción de un nuevo país, a que participemos sin armas físicas pero sí con ideas, con sueños, con propuestas, para que alcancemos los objetivos que ellos no pudieron con los fusiles, las bombas y los secuestros.

Ganando el SÍ en el plebiscito habremos avanzado política y socialmente. Saludable que siquiera nos respeten los derechos humanos no susceptibles de comercialización y privatización.

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