El ejercicio de la política en un estado democrático como Colombia debe propender por la construcción de un ethos colectivo que reúna las voces de la mayor parte de la población, pero especialmente de los sectores que no han tenido voz en las decisiones que a diario toma el país.

 

Por: Jefferson Martínez Santa

Los colombianos acabamos de pasar por un proceso electoral que nos demostró que hay una creciente necesidad de transformar la vida pública, de generar nuevas expresiones políticas y de llevar al debate público asuntos que nos atañen como la defensa del actual proceso de paz y la defensa por los territorios.

No obstante, la (ultra)derecha nos confirmó que incluso desde sus políticas del miedo se constituye en un grupo que sigue dominando al país. Quizá el momento actual sea de gran incertidumbre puesto que el presidente y la vicepresidenta electos han expresado en diferentes ocasiones su deseo de querer intervenir los Acuerdos y ‘negociar’ puntos específicos de la JEP.

El pasado 27 de junio, el diario El Colombiano comparte una nota que titula Centro Democrático pide descabezar el enfoque de género en la JEP, en ella se muestra cómo el Gobierno decidió prescindir de la sigla LGBTI en la mayor parte del documento.

La subcomisión del Senado, liderada por Paloma Valencia, y el Gobierno acordaron modificar el planteamiento del artículo 1 literal h en lo concerniente al enfoque de género en el que inicialmente el énfasis en las mujeres y la población LGBTI era realmente notorio. Con sus respectivas modificaciones, se presenta así:

A fin de garantizar la igualdad real y efectiva y evitar la exclusión, en todas las actuaciones y procedimientos que adelante la JEP se aplicará el enfoque de género. Si bien las relaciones desiguales de género son preexistentes al conflicto armado, en los procedimientos ante la JEP se tendrá en cuenta que aquellas se instrumentalizaron, exacerbaron y acentuaron durante el conflicto, profundizando los daños, las consecuencias y los impactos de la violencia en la vida.

A esta iniciativa del Centro Democrático se le ha adherido el Movimiento Mira, arguyendo que el enfoque de género son hombres y mujeres y que, por lo tanto, el referente de la población LGBTI debe ir en el enfoque diferencial.

Sin embargo, en pleno siglo XXI se sigue recurriendo a una retórica judeocristiana para sustentar la validez de los argumentos bajo los cuales hacen oposición a que el enfoque de género sea un tema central para la paz en Colombia.

Esto debe ser un tema que nos convoque a discutir si realmente como colectividad colombiana estamos preparados para un ejercicio democrático que parta del pluralismo para reducir los índices de inequidad en los diversos escenarios de actuación.

Colombia es un territorio en el que convergen un sinnúmero de cosmovisiones, de expresiones culturales y de formas de identificación, por lo cual tomar la fe cristiana para construir un sentido de razón pública resulta nefasto: en lugar de ser un ejercicio incluyente, se presenta como una forma de deslegitimar luchas que van en contra de la fe de quienes poseen el poder en nuestro país.

La legalización del aborto en Argentina ha suscitado múltiples reacciones que han recurrido a la religión para expresar desacuerdos frente a esta decisión, como si legitimar la práctica del aborto lo convirtiese en la única opción para las mujeres; por el contrario, esto significa una apertura, es decir, se opta por respetar una libertad de conciencia.

Evoco este suceso que ha tenido gran relevancia en las redes sociales porque en medio de todo este debate, ha circulado un vídeo en el que la diputada argentina Silvia Lospennato apoya la legalización del aborto planteando que:

algunos esgrimieron razones personales, creencias religiosas y yo las respeto todas: todos nosotros las respetamos, pero no son razones públicas y, por ende, no pueden imponerse en la ley de todos.

El ejercicio de la política en un estado democrático como Colombia debe propender por la construcción de un ethos colectivo que reúna las voces de la mayor parte de la población, pero especialmente de los sectores que no han tenido voz en las decisiones que a diario toma el país.

Nos encontramos en un momento en que alcanzar la paz es un objetivo, al menos, para quienes han sumado sus esfuerzos para que esto sea posible y alcanzar este objetivo debe llevar hacia la reducción de los índices de violencia directa, pero también a transformar las prácticas que promueven la violencia cultural y la violencia estructural.

De allí que reconocer que en nuestra cultura occidentalizada las mujeres y las poblaciones LGBTI han sido oprimidas y que han sido también víctimas de este conflicto armado es crucial para esta coyuntura.

Construir la paz tiene que llevar hacia la dignificación de los sujetos que han padecido la ausencia del Estado y la opresión por parte de grupos al margen de la ley.

En conclusión, estos tiempos abocan por un ejercicio de pluralidad en la democracia, de tal manera que las relaciones de tensión entre las instituciones (familia, sociedad, estado) y las subjetividades emergentes sean cada vez menores.