Según cifras de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APCI), al país ingresan anualmente más de 109.041 billones de pesos en donaciones destinadas a la cofinanciación de proyectos en fundaciones colombianas…

 

JAIRO FRANCOPor: Jairo Franco

La Organización de Naciones Unidas (UNESCO), entidad que certifica a las ONG (NGO -Non Government Organization-), a nivel internacional, las define como “agrupaciones de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de lucro, que se organizan en un nivel local, nacional o internacional para abordar cuestiones de bienestar público”.

De manera genérica las ONG (no existe tal denominación en la Ley colombiana) o Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), son personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, y de ser representadas judicial y extrajudicialmente, en concordancia a disposiciones legales y a sus propios estatutos. Creadas por particulares con propósitos altruistas, de caridad y filantropía, de beneficio humanitario o comunitario, de lo que se infiere que la ausencia de lucro es una de sus características fundamentales.

Los preceptos enunciados no implican el tener  que operar o funcionar con ánimo de pérdida, de ser así todas las ESAL estarían condenadas a desaparecer. Por el contrario, estas entidades movilizan sus recursos alrededor de valores y principios compartidos, articulando lo público con lo privado (Decreto 777/1992), beneficiando las comunidades en la ejecución de proyectos de vida y propósitos complementarios como: emprendimiento, salud, educación, cultura, investigación, vivienda, deportes, recreación, vigilancia de la gestión pública, defensa y promoción de los derechos humanos, entre otros.

Las ESAL u ONG, amparadas en la Constitución por los artículos 38 y 39; 103, 355 y 189 (numeral 26), son definidas por el Código Civil Colombiano, a través de los Artículos 73, 74, 86, 633, 634, 637;  para funcionar al tenor de los Decretos 1529/1990, 2150/1995, 427/1996 y 1422/1996, siendo reguladas y registradas por las Gobernaciones y las Cámaras de Comercio.  Así mismo, su objeto y código de actividades legalizado con el RUT ante la DIAN, para acogimiento de los Artículos 498, 499 y 501 del Código de Comercio.

En Colombia, las ONG o ESAL, en materia política, económica y social, han obtenido un mayor protagonismo y capacidad de influencia en la elaboración de políticas públicas, así como también de la agenda nacional.  Eso es claro, aunque la Asociación de Fundaciones Empresariales (AFE) y la Confederación Colombiana de ONG (CCOGN), manifiestan que existe un vacío conceptual dentro de la ley que no permite diferenciar entre ONG y Fundaciones.

Según cifras de la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APCI), al país ingresan anualmente más de 109.041 billones de pesos en donaciones destinadas a la cofinanciación de proyectos en fundaciones colombianas, acotando que cerca del 65% de estos donativos subvencionan programas en “Construcción de Paz”.

Confecámaras indica que hay 23 tipos de organizaciones en condición de ESAL – ONG (Art. 40 a 45 y 143 a 148, Decreto 2150/95), con niveles de intervención heterogéneos, finalidades disímiles y diversidad de población atendida, con un elemento en común: el concepto “sin ánimo de lucro”  que les beneficia  mediante el Régimen Tributario Especial (RTE, Dct: 4400/2004), en cuanto al impuesto de renta y complementarios, sin que eso las excluya de ser retenedoras de fuente, ni del pago de IVA, Impuesto de Industria, Comercio, avisos y tableros (ICA municipal) y parafiscales, además de deducciones, gravámenes y contribuciones local y regional, como estampillas varias y Sayco/Asimpro, entre otras.

Según la comisión de expertos, creada para asesorar la reforma tributaria que nos espera este año, existen 71.346  Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL), de las cuales 54.993 están en Régimen Tributario Especial (RTE, Dct: 4400/2004),  y el restante no son contribuyentes (Art. 19 del Estatuto Tributario).  Ahora, si las estadísticas de Confecámaras (RUES) reportan 219.187 ONG y la DIAN registra, por el año fiscal anterior, un recaudo de 130 mil millones de pesos de las ESAL, queda un enorme vacío que tipifica el Uso indebido de la figura legal “entidad sin fines de lucro”.

Este Régimen Tributario Especial se extiende a las más de 5.200 iglesias que funcionan en el país -concesión que era exclusiva de la iglesia católica-,  quienes  acumulan un patrimonio de $9,7 billones de pesos y más de 4 billones de pesos, por concepto de ingresos exentos de impuesto (DIAN).  Por su parte el Ministerio del Interior acredita un promedio mensual de 35 a 50 solicitudes de registro para nuevas iglesias.

Los contribuyentes del Régimen Tributario Especial se clasifican de dos formas: el beneficio neto o excedente (aplicado a cooperativas, numeral 4 del Art. 19 del Estatuto Tributario); y las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, quienes al no pagar impuesto, están obligadas a reinvertir sus ganancias en el mismo objeto social para el cual se crearon. Acción de mínimo cumplimiento.

Así las cosas, la Comisión Nacional de Expertos recomienda colocar un filtro en el embudo, que obstruya  la evasión y  aprovechamiento de empresas fachada, con ánimo de lucro, encubiertas en las ESAL. Así mismo, sugieren implementar herramientas que definan la misión, propósitos y su cumplimiento, al igual que la intervención de los procesos y procedimientos de las ESAL, en aras de contener las fundaciones de bolsillo; acotando que el Gobierno debe establecer tarifas de retención hasta por el 10 por ciento de sus ingresos.

El acometer estas acciones tributarias sobre las denominadas entidades del “Tercer Sector” (ONG y ESAL), cerraría un orificio dentro del cedazo de evasión tributaria, cercano a los 200 mil millones de pesos, generando un posible ingreso, hoy al garete, de aproximadamente 2,3 billones de pesos.

 

Fuentes de información:

Minhacienda y Crédito Público, MinInterior, DIAN, Confecámaras, Superintendencia de Sociedades, DanSocial, Unesco, Legislación Colombiana.