Por concepto de valorización cobrada hasta febrero de 2016, el monto asciende a 23 mil millones de pesos; en caso de salir un fallo de nulidad del Acuerdo de valorización, al Alcalde le correspondería hacer la devolución a los contribuyentes.

 

Por Adriana González C.

La semana pasada, el Tribunal Contencioso Administrativo de Pereira emitió decisión de fondo en  una de las varias demandas interpuestas contra la valorización.

Esta demanda tenía un argumento esencial, el mismo que ya había aceptado el Tribunal en casos como el Plan de Desarrollo o el POT de Vásquez, esto es que el Concejo Municipal había aprobado por voto secreto (mas no voto nominal y público) el Acuerdo que autorizaba el cobro de valorización.

La decisión de segunda instancia, se suponía debía salir a favor de los ciudadanos, tal y como el mismo Tribunal había sostenido su tesis alrededor de “la ineptitud de la demanda” como uno de los argumentos de defensa de la Alcaldía; sin embargo, la decisión del Tribunal es adversa a la solicitud ciudadana.

Con dicha decisión judicial, el Alcalde Juan Pablo Gallo hizo su agosto y ahora cobra por ventanilla con un golpe de opinión el No cobro de valorización, como si estuviera haciendo un favor, o como si fuera una decisión proba.

Como ninguna de las anteriores es cierta, califico de ruin la actitud del mandatario, toda vez que hizo todo lo posible jurídicamente para ganar el proceso, contestó la demanda, interpuso todos los recursos que estaban al alcance para que el fallo saliera en su favor, apeló la suspensión provisional declarada por el juez de primera instancia, e igualmente apeló la decisión del juez de no aceptar la excepción de inepta demanda. Sin duda logró su cometido, ganó el proceso, judicialmente perdimos los ciudadanos.

Ahora, extrañamente, ese mismo Alcalde que hizo todo lo posible para ganar el proceso judicial, ya con la decisión en su bolsillo, declara públicamente que no hará el cobro de valorización, es más, se atrevió a plantear que tramitará un Acuerdo ante el Concejo Municipal para derogar el cobro.

La pregunta es: ¿por qué no tramitó ese Acuerdo para derogar el cobro de valorización en el año 2016 antes que saliera la decisión judicial de segunda instancia?, ¿por qué interpuso recurso ante la decisión inicial de suspensión del Acuerdo sin tener obligación legal de hacerlo?, ¿por qué ahora si decide no cobrar valorización?

Me aventuro a dar una respuesta. Por concepto de valorización cobrada hasta febrero de 2016, el monto asciende a 23 mil millones de pesos, en caso de salir un fallo de nulidad del Acuerdo de valorización, al Alcalde le correspondería hacer la devolución a los contribuyentes, por aquello que los fallos judiciales retrotraen los hechos hasta el momento de la expedición del acto administrativo, esto es, como si nunca hubiera existido el Acuerdo Municipal.

Sin embargo, si el Alcalde tramita un Acuerdo para derogar el que autorizó el cobro de la valorización, no tendría la obligación jurídica de hacer la devolución de los 23 mil millones de pesos, por cuanto las normas jurídicas rigen a futuro, es decir, a partir de su publicación.

Es así como, con una sentencia judicial en su bolsillo, sale a hacer un ofrecimiento que debió haber hecho en 2016. Golpes de opinión que no demuestran una excelente y noble gestión, sino una simple quimera que pretende enceguecer a un electorado dúctil.

Se equivocan los ciudadanos cuando aplauden la decisión del Alcalde, pues confunden maniobras politiqueras con el deber ser de un mandatario, son tan reprobables la una como la otra. La segunda porque sostiene una mentira para atontar su electorado, la primera porque se prefiere seguir ciego ante tanta desfachatez.

@adrigonco