Es importante recordar que la primera fase de Ukumarí requirió de una inversión de 120 mil millones de pesos. Sólo con el 1% de dicha inversión, se podrían hacer muchas cosas en favor de los perros, gatos, aves y demás animales que son abandonados.
Por: Líder Giovanni Cano Bedoya
Nadie sabe cuántos animales en situación de calle hay en Pereira. Las cifras más conservadoras hablan de 5000, otras menos alentadoras afirman que es el doble. Lo que sí es muy claro, es que más de una docena de organizaciones y casi un centenar (mal contados) de voluntarios, se devanan los sesos a diario tratando de rescatar, aliviar, rehabilitar, cuidar y dar en adopción a cientos de perros y gatos que a diario se encuentran en las calles de la ciudad. No es justo.
No es justo, porque si bien la tenencia adecuada de mascotas es una responsabilidad de los dueños, el municipio tiene un conjunto de obligaciones que durante años ha eludido, dejándole el problema a quienes de forma voluntaria han optado por proteger a los animales abandonados.
Para iniciar, la Ley 5 de 1972 establece que en cada municipio debe haber una Junta Defensora de Animales, la cual tiene como propósito fundamental “promover campañas educativas y culturales tendientes a despertar el espíritu de amor hacia los animales útiles al hombre, y evitar actos de crueldad, los maltratamientos, el abandono injustificado de tales animales”. Estas juntas son presididas por los Alcaldes Municipales y fueron reglamentadas mediante Decreto 497 de 1973.
La existencia de dichas juntas deben ser obligatorias y en marzo del 2014, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios envió a todos los alcaldes del país el memorando 012, recordando que el cumplimiento de dicha norma no es discrecional. Ahora bien, ¿Existe en Pereira este espacio interinstitucional? ¿Si existe, quiénes lo conforman y qué hacen para que la carga del cuidado animal no recaiga sobre voluntarios y organizaciones? ;¿Si no existe, por qué se ha desconocido el cumplimiento de la norma y no se acogió lo dispuesto en el memorando de la Procuraduría?. Las responsabilidades del municipio no se reducen a las labores de zoonosis desde la Secretaría de Salud, cuyos esfuerzos aunque valiosos son insuficientes.
Por otro lado la Ley 769 del 2002 obliga a los municipios a construir un coso en cada una de las entidades territoriales. “El coso o depósito de animales será un inmueble dotado con los requisitos necesarios para el alojamiento adecuado de los animales que en él se mantengan”. Dada la evolución del movimiento animalista y a una mayor conciencia ciudadana en la materia, como mínimo se esperaría que el coso municipal funcionara de forma similar a un centro de bienestar animal, tal y como opera en Medellín. Pero, ¿En Pereira existe un espacio similar a un coso municipal al menos?, ¿Si existe, dónde opera y qué programas desarrolla?, ¿Si no existe, cuáles han sido las razones para no construirlo y ponerlo en funcionamiento?
Es importante recordar que la primera fase de Ukumarí requirió de una inversión de 120 mil millones de pesos. Sólo con el 1% de dicha inversión, se podrían hacer muchas cosas en favor de los perros, gatos, aves y demás animales que son abandonados.
Así las cosas, el municipio está en mora de cumplir sus responsabilidades, de forma clara y contundente, con los animales y los animalistas.