Ese programa que siente las bases de la modernización del aparato económico en el campo, en la industria manufacturera, en el desarrollo de servicios con avances tecnológicos…

 

Por: Carlos Mario Marín Ossa*

Colombia como nación, es decir, como pueblo que comparte unas tradiciones, historia y territorio, enfrenta una coyuntura trascendental que determinará las condiciones de vida para varias décadas, al elegir al próximo gobierno.

El primer momento se vivirá el 11 de marzo, al elegir el Congreso de la República. Si elegimos las curules suficientes de entre esos sectores alternativos como el Polo, los Verdes, los Progresistas, la UP, del movimiento indígena, fuerzas de la afrocolombianidad y otros; se obtendrá una fuerza importante para regular al ejecutivo y al programa que gane la presidencia de la República.

Así las cosas, entramos a comentar el programa de gobierno que necesitamos la mayoría de los colombianos, el que nos permita avanzar en niveles de equidad, de vida digna, de redistribución del ingreso, de garantía de los derechos fundamentales, económicos y ambientales.

Ese programa que siente las bases de la modernización del aparato económico en el campo, en la industria manufacturera, en el desarrollo de servicios con avances tecnológicos, es decir, en la producción con valor agregado que genere riqueza, y que dicho programa político apunte a que esa riqueza se distribuya a toda la población.

El sector anacrónico de la población, ese viejo país que es la minoría más rica, ha gobernado y trazado la política para defender sus intereses y privilegios, condenando de paso a las mayorías a la miseria, a mantenernos en condiciones sociales, políticas y económicas similares a las del modelo histórico de producción feudal.

El proyecto histórico de las mayorías nacionales, debe tener su programa de gobierno para iniciar la transición requerida. Es el que debemos elegir. Algunos elementos que debe contener y que debemos identificar para votar por él, son entre otros la producción agrícola nacional, la producción manufacturera nacional, la salud pública como derecho fundamental, la seguridad social, la educación pública de calidad y universal, la relación – protección del medio ambiente y de la naturaleza, la reforma agraria, la redistribución de la riqueza, la democracia y la paz.

  1. Un campo nacional desarrollado y que garantice la soberanía alimentaria

El sector del campo debe privilegiarse por ser el que produce los alimentos agrícolas y pecuarios que requiere la nación.  En Colombia existen cerca de 7 millones de hectáreas de tierras aptas para sembrar alimentos. Pero también se presenta la tenencia de la tierra más desigual del mundo, que para el año 2014 mostraba cómo el 52% de la tierra le pertenece al 1,5% de la población y que para 2009 el coeficiente Gini para propietarios era de 0,885[i]. La situación se ha agravado en razón de la violencia  y por la contrarreforma agraria generada por la violencia narcotraficante y paramilitar.

Colombia se encuentra en condiciones feudales, pero además los sucesivos gobiernos impulsaron los tratados de libre comercio TLC, que comprometieron al país a importar alimentos agrícolas que se sembraban aquí, de forma que se generó una competencia desleal y desigual para el campo colombiano porque en Estados Unidos, por ejemplo, los desarrollos tecnológicos en el campo permiten producir a menores costos, pero además el gobierno otorga subsidios y protección a su campo.

En contraposición, Colombia con la firma de los TLC, renuncia a apoyar y proteger su sector agrario y campesino. El resultado es la miseria rural y del campesinado. Hoy, Colombia importa cerca de 13 millones de toneladas de alimentos agrarios que pueden producirse en el país, cuando por ejemplo en  1999 se importaban 4.975.645 toneladas de productos agropecuarios[ii].

Dependemos de la oferta alimentaria de otros países. No tenemos soberanía sobre nuestra alimentación, por lo cual nos convertimos en una sociedad esclava de quienes nos proveen dicha alimentación.

Revisar o derogar los TLC en materia agraria, es una política que debe contener el programa de gobierno que elijamos, para que nuestra producción de alimentos y el campesinado que los produce no se enfrenten a esa competencia desleal.

Pero a la par, debe desarrollarse una política de proteccionismo hacia el sector agropecuario que garantice precios de cosechas, subsidios y créditos blandos a través de la banca Estatal y no de la privada, el acceso al agua, la oferta de bienes públicos como carreteras y transporte público, universidades y programas públicos dirigidos a la transferencia y formación de conocimiento agropecuario propio, oferta pública para la investigación y el desarrollo para el campo, una política de asociatividad campesina de pequeños productores que pueda iniciar la industrialización del campo orientada a los alimentos y no hacia los monocultivos que no son alimentos.

Es una mirada distinta a la planteada en las ZIDRES, que llevan a mayor concentración de la propiedad, al monocultivo no relacionado con alimentos y a la servidumbre del campesinado pobre.

La existencia del latifundio improductivo que está en manos de personas que han llegado a acumular por diversos mecanismos (incluso la violencia) hasta 1 millón de hectáreas, debe ser gravado con impuestos que obliguen a destinar esas tierras para la siembra de alimentos o que obliguen por su costo a ofrecerlas en venta al Estado, para que este genere una política de reforma agraria hacia el campesinado productor de alimentos.

Hay que actualizar el catastro rural, para saber quién tiene la tierra y que paguen los impuestos correspondientes.

El reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos que lo hagan objeto de políticas públicas para la protección estratégica nacional de su existencia y de su labor como productor de la alimentación de la nación, es una necesidad inaplazable.

Que en el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia, se siga considerando al campesinado como “trabajadores” del campo, hace vulnerable a este sector de la población ante el abandono estatal y ante la explotación por parte de los ricos empresarios [iii].

Hay que frenar la extranjerización de la tierra, porque esa tierra que debe dedicarse a la producción de alimentos, se ha ido convirtiendo en “propiedad privada” de países y corporaciones extranjeras que buscan en el corto plazo la explotación de los recursos no renovables del subsuelo, la provisión de alimentos para sus países y en el mediano plazo, el control del agua de páramos, ríos y subterránea.

Sudáfrica, Canadá, Inglaterra, Australia y Estados Unidos a través de corporaciones minero energéticas como Medoro Resources, BHP Billiton, Anglo Gold Ashanti, Anglo American, Xtrata, B2 Gold, Cosigo Frontier, Eco oro y Continental Golg[iv] tienen concesionada a través de títulos y solicitudes mineras, toda la región andina de Colombia desde el sur hasta el norte. Coincide en mucha parte con el mapa de la violencia y el conflicto armado que aún existe.

Finalmente, y entre otras cosas fundamentales, para desarrollar el campo nacional y la producción de alimentos, debe protegerse la semilla nativa, en donde radica la fuerza genética de nuestro pueblo y con cuya alimentación comienzan el derecho a la vida y a la salud.

Para ello, deben eliminarse las salvaguardas a la “propiedad intelectual” de nuestra biodiversidad en favor de transnacionales extranjeras como Dupont, Monsanto y Syngenta, entre otras. Es necesario así, eliminar la Resolución 970 del ICA y los convenios UPOV (Unión para la Protección de Obtentores Vegetales – Colombia tiene suscrito el UPOV 78)[v], que no son otra cosa que la entrega en manos de transnacionales de nuestra riqueza biológica y de nuestra soberanía alimentaria.

En materia agropecuaria, el programa que nos sirve como nación debe expresar claramente estas políticas, sin ambigüedades y sin retóricas nebulosas. De lo contrario, Colombia seguirá en la senda de la crisis y de la inequidad en lugar de ser una nación más humana.

P.D. Próxima entrega, sobre la salud.

*@MarioossaM

 

[i] Disponible en Documento síntesis a partir del informe elaborado por la Procuraduría General de la Nación Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios “Reflexiones sobre el Incoder y la Institucionalidad Agraria en Colombia, publicada en Revista Semillas, julio de 2015 y en     http:/www.incoder.gov.co/documentos/A%C3%910_2014/Gestion_Incoder/Programas_Proyectos_2014/2.pdf

[ii] Disponible en http://opinadorglobal.blogspot.com.co/2016/03/como-llegamos-la-crisis-economica-de.html

[iii] Disponible en http://albertocastilla.org/el-abc-del-proyecto-de-acto-legislativo-reconocimiento-del-campesinado/

[iv] Informe “La consulta popular y el derecho al territorio”. Senador campesino Alberto Castilla Salazar.

[v] Disponible en http://opinadorglobal.blogspot.com.co/2016/03/como-llegamos-la-crisis-economica-de.html