La pasada semana, el Alcalde tomó la decisión de permitir la circulación de motocicletas con parrillero “hombre” en la ciudad de Pereira. Las advertencias de la fuerza pública y las críticas de algunos medios de comunicación no se hicieron esperar, todos ellos con argumentos peregrinos y reiterativos que pasaré a desvirtuar.

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Por Adriana González

En primer lugar, es importante hacer un pequeño recorrido histórico de la medida en la ciudad. El impulso del transporte masivo también llamado Megabus, implicó unos costos económicos elevados entre la ciudadanía usuaria de transporte público que se vio reflejada con la compra masificada de motocicletas, como una manera de ahorrar los excesivos costos en pasajes que implicaba para los pereiranos el uso cotidiano del transporte integrado.

Posteriormente a este fenómeno, las autoridades municipales emitieron estudios en los cuales demostraban supuestamente una relación directa de la delincuencia y el uso de la motocicleta con parrillero hombre, dichos estudios se constituyeron en el insumo que sustentó la decisión de prohibir el uso de parrillero en dichos vehículos.

La medida fue demanda por un ciudadano pereirano. En el mes de junio del pasado año, el Consejo de Estado emitió fallo definitivo declarando la nulidad de esa decisión administrativa y aclarando que no podía restringirse en la ciudad la movilización del parrillero hombre.

Muchos recordarán, que una semana después el exalcalde Enrique Vásquez y su directora de Tránsito la señora Beatríz Ramírez, decidieron nuevamente imponer dicha medida restrictiva contra el parrillero hombre. Dentro de los argumentos expuestos, primó siempre el supuesto aumento delincuencial por esta práctica, sin embargo, tímidamente salió a colación que el honrado “MEGABUS” había tenido pérdidas y disminución de pasajeros, a partir de la suspensión de la medida por parte del Consejo de Estado. Lo anterior, me permitió intuir que detrás de esa medida no sólo restrictiva, sino que me atrevo a calificar como “fascista”, existía un interés realmente económico de sostener ese transporte masivo que nos ha llevado a los pereiranos a la quiebra y a la congestión vehicular.

El nuevo Alcalde Juan Pablo Gallo, decidió con gallardía –y espero que no existan argumentos espurios que desbaraten mi suposición- abrogar la medida administrativa y permitir el uso del parrillero hombre en la ciudad. Sin duda lo cortés no quita lo valiente, y creo seriamente que pese a no ser afecta a Gallo y sus decisiones, ésta sin duda es una buena medida.

Ahora bien, paso a defender mis argumentos y a plantear porque creo que las prohibiciones –como ésta- conllevan a demostrar el desmedido uso del poder político de quien gobierna.

En primer lugar, al afirmar que el parrillero hombre aumenta los niveles de criminalidad, comporta un prejuicio irracional por parte de quienes lo afirman, pues no se es, ni se podrá ser delincuente simplemente por el hecho de sentarse en la silla trasera de una motocicleta; quien vaya a delinquir, lo hará en moto, en carro, a pie, en el bus o en un avión, -pruebas de esto último las tenemos en Colombia-.

Otro argumento que permite controvertir claramente esta afirmación, es la existencia de una responsabilidad objetiva –valga la pena aclarar, prohibida constitucionalmente-, pues en Colombia la responsabilidad penal es sólo de carácter subjetivo, es decir que media la intención, el interés o la determinación del sujeto agresor para cometer el delito. Razón por la cual nunca se debe presumir la delincuencia.  

Finalmente, media un argumento basado en la democracia y el reconocimiento de derechos fundamentales, toda vez que cualquier democracia occidental que se respete no se permite a sí misma reconocer argumentos de corte autoritario, discriminatorios y prejuiciosos para tratar de desmontar la delincuencia en una ciudad. La democracia se caracteriza por otorgar un trato respetuoso y delicado al ciudadano, que protege sus derechos y sobre todo da el trato merecido y proteccionista a la base fundamental de la sociedad y del Estado: la ciudadanía.