En próximas entregas escribiré sobre las consideraciones que debe tener el programa de gobierno para presidencia de la República que más nos conviene a los colombianos y a las colombianas.

 

Por: Carlos Mario Marín Ossa

Una población, en términos generales aspira a tener empleo digno, educación, salud, techo, vestido, alimentación y un poco de esparcimiento. Son elementos que de disfrutarlos en buenas condiciones, dicha población considera tener una vida digna. Estas garantías configuran una redistribución de la riqueza que conlleva a estabilidad social, construcción de paz y desarrollo integral. Y es lo que se espera que un Estado garantice a través de su gobierno.

El año 2018 convoca nuevamente al pueblo colombiano a elecciones de orden nacional para nombrar una nueva composición del Congreso (que en esta ocasión pudiera variar de forma importante) y a elegir un presidente o presidenta de la República (también para este caso puede darse un cambio inédito).

Así pues, el momento histórico por el que atraviesan Colombia como República y su pueblo como Nación, dependen institucionalmente de: 1) La nueva composición del Congreso y 2) La elección de quien asumirá el cargo de presidente o presidenta y del programa de gobierno que implementará. Desde lo extra-institucional, la movida social entre fuerzas antagónicas marcará el desarrollo del programa que lleva las bases del próximo gobierno y su reflejo en las representaciones parlamentarias que una y otra fuerza son capaces de influir.

 

Un Congreso de la República en pugna por transformaciones y otro por mantener el status quo

Tanto a Senado como a Cámara de Representantes llegan como fruto del proceso de paz de La Habana, diez (10) representantes por la ahora fuerza política Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC. Aún está en vilo la posibilidad de llegada al parlamento de movimientos sociales a través de las circunscripciones especiales para la paz, que para el caso serían diez y seis curules en Cámara de Representantes.  Restan las posibles curules que conserven o tal vez aumenten entre el Polo Democrático Alternativo y Alianza Verde, las que puedan obtener los Progresistas y su coalición, las del movimiento indígena y las negritudes a través de circunscripciones especiales. Algunos cálculos indican que existe la posibilidad que las fuerzas alternativas alcancen entre 20 y 25 curules, cerca de un 24 por ciento del parlamento, con lo cual se lograría establecer una fuerza importante en estos espacios colegiado. Las fuerzas que representan los intereses más retardatarios de la ultraderecha de carácter semifeudal alcanzarían alrededor de un 30 por ciento, las fuerzas que representan a la oligarquía de carácter financiero alcanzarían alrededor del 40 por ciento y el resto quedaría para representaciones que se alinean preferiblemente hacia los ofrecimientos burocráticos, casi siempre representados por el actual modelo económico, político y social.

La clave para un nuevo proceso histórico de las mayorías colombianas es lograr una muy importante representación a través de las fuerzas alternativas que en el Congreso de la República impulsen los cambios requeridos para alcanzar mayores niveles de equidad, bienestar y redistribución de la riqueza, o que bloqueen las iniciativas que desde los sectores antagónicos busquen imponer el interés de las élites.

Con las diferencias propias de los desarrollos históricos, ideológicos, conceptuales y de influencia territorial, deberían llegar al parlamento las representaciones del Polo Democrático, de la Alianza Verde, de la Unión Patriótica, de los Progresistas y aliados, del Modep, del MAIS indígena, de los Afros. Son fuerzas que en términos amplios propenden por las transformaciones más necesarias para iniciar una senda hacia condiciones de vida digna y con mayor equidad para las actuales y próximas generaciones de colombianas y colombianos. Son fuerzas que, con matices, plantean desarrollos en términos de generaciones como resultado de una visión política de Estado.

Una mayor correlación de las fuerzas de derecha y ultraderecha que siempre han defendido los intereses de las élites económicas y sociales, mantendrán a la población en las mismas condiciones de miseria y violencia, dinamitando de paso el anhelo de avanzar hacia la construcción de la paz.

 

Las franjas del abstencionismo son claves

En una sociedad fuertemente polarizada, con una gran carga de dogmatismo, fanatismo y fundamentalismo, sumados a la ignorancia política, al desconocimiento de la historia y a la incapacidad de realizar análisis de contexto y de intereses de clase, difícilmente se moverá la votación cautiva por sectores populares, de clase media y de pensamiento progresista, tanto como la de aquellos cautivos por los sectores más conservadores y retardatarios. Entonces, la franja por donde se pueden generar los desequilibrios más notables es por aquella en donde históricamente se ubican las personas abstencionistas.

No es fácil ganarse estos apoyos, por cuanto el desmadre generalizado de la corrupción en la política, en los sectores públicos y privados, no ayudan para que estas personas cambien de opinión respecto de la necesidad o importancia de la representación política y la delegación (no omnímoda) de su voz. Pero la exigencia de una construcción de paz y de una sociedad más digna y equitativa –sobre todo ahora que las insurgencias armadas han asumido el reto del diálogo y la negociación con las élites– puede ayudar a convencer a esta franja acerca del papel fundamental que tienen para con las futuras generaciones como legado de cambio y materialización de los intereses de las mayorías nacionales.

 

Las propuestas claves para cambios reales

Entre el abanico de candidatos y candidatas hacia el congreso de la República que se encuentran dentro de los parámetros que entiendo como fuerzas progresistas y alternativas, considero que es esencial apoyar a aquellos y aquellas que proponen adelantar su trabajo legislativo y de control –y que su trayectoria da fe de coherencia entre lo que proponen y lo que han vivido– en el marco de los siguientes asuntos:

  1. Que hagan parte de los sectores populares y de clase media, los cuales constituyen las mayorías nacionales, son los que aglutinan a los trabajadores del campo y de la ciudad y por ende generan la riqueza de la nación; aquella que es usurpada por las minorías que hasta ahora controlan el poder de las instituciones y de los cuerpos armados.
  2. Que tengan trayectoria en el movimiento social como resultado de su compromiso en la defensa de los derechos del pueblo.
  3. Que no se encuentren apoyados por las élites y las castas económicas y políticas del país, ni comprometidos con ellas.
  4. Que tengan conocimiento de los territorios, de la realidad nacional, de las gentes, de sus culturas y del papel que deben realizar en el Congreso.
  5. Que se comprometan con los cambios requeridos en el país, con temas ineludibles como buscar la eliminación de las reformas laborales y de seguridad social, en especial las derogatorias de las Leyes 50 de 1990 y 100 de 1993, que eliminaron las garantías laborales a los trabajadores y asegurando de paso el derecho fundamental a la salud; el impulso de la educación pública con un presupuesto suficiente para garantizar calidad, acceso y proyección social; la renegociación o derogación de los TLC que afectan la producción nacional, el apoyo de dicha producción protegiéndola de la competencia desleal extranjera e impulsando de paso el incremento del empleo de colombianas y colombianos; la preservación del medio ambiente respecto de la explotación minero energética a gran escala; la recuperación del transporte público y de los servicios públicos domiciliarios como sectores estratégicos para el desarrollo nacional con equilibrio y respeto medioambiental; la garantía de la producción nacional de alimentos para la población colombiana; la reforma agraria que garantice el acceso a la tierra y su democratización; la redistribución de la riqueza a través de una estructura progresiva de impuestos a los capitales y a las ganancias de estos así como gravando el latifundio improductivo; el acceso a vivienda digna; la instauración de la banca estatal dirigida a apalancar la producción nacional eliminando el sometimiento de la producción real a la usura privada.
  6. La garantía de la construcción de la paz.

 

Por estas consideraciones, entre muchas, es que mi voto lo depositaré para el Senado de la República por el actual senador y candidato Jesús Alberto Castilla Salazar y a la Cámara de Representantes por Risaralda, por la abogada Adriana González Correa; ambos en las listas del Polo Democrático Alternativo. Es mi invitación para apoyarlos. Por supuesto, dentro del abanico de fuerzas que he detallado arriba también existen fabulosos candidatos. Espero que lleguen a fortalecer las propuestas comunes, a la unidad en torno a estas y al nuevo proyecto histórico de las mayorías nacionales.

En próximas entregas escribiré sobre las consideraciones que debe tener el programa de gobierno para presidencia de la República que más nos conviene a los colombianos y a las colombianas.

@MarioossaM