El descontento ciudadano ha sido evidente en el último mandato de Santos. Sin duda la paz es una apuesta fundamental del Estado y lo debe ser de los colombianos en general. También es claro que algunos sectores con un evidente poder se oponen abiertamente a los diálogos con las FARC, olvidando que tuvieron su tiempo de someter en el combate a este grupo guerrillero, que lo prometieron y no lo lograron, por tanto ahora deberían ellos someterse al reglado del actual gobierno.

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Por Adriana González

Pasando un poco de largo esta discusión, queda de fondo lo que sucede en el ambiente nacional. El mencionado descontento que se respira cotidianamente entre los ciudadanos, tiene un sustento real y sólido: la venta de ISAGEN, pasando de largo frente a la desaprobación social. El reciente escándalo de REFICAR, uno de los peores desfalcos de la nación. El robo del fondo pagado por nosotros los usuarios de las empresas de energía eléctrica del país, con destinación a contingencias del sector. El pírrico aumento del salario mínimo mensual, los altos costos de la gasolina, pese a ser un país productor de petróleo y las demás que faltarían por mencionar.

La situación colombiana se ha convertido en un callejón sin salida, la única acción democrática que queda a los ciudadanos es manifestarse públicamente, pues se ha recurrido a todas las vías: judiciales, políticas, electorales, para alcanzar un mínimo de justicia y de reconocimiento de derechos sociales, perdiendo la batalla en todos los planos, puesto que el gobierno profundiza su modelo económico que solo deja al paso pobreza y marginalidad.

Además de lo anterior, mi reflexión apunta a un elemento desde mi juicio incomprensible, la ilegitimidad que le imprimen a los reclamos y las protestas sociales, la mayoría de medios masivos de comunicación, la clase política dominante en el país y un grueso de los analistas político-sociales que moldean opinión en Colombia.

La noche anterior al paro nacional, en el programa Hora 20, se hizo un análisis del paro y las causas que lo originan. Todos los analistas, incluido el Ministro del Interior –el Ministro de la política-, coincidieron en reconocer que el paro y la manifestación pública de los ciudadanos, es un derecho que cuenta con legitimidad para su ejercicio. Hasta ese momento todo bien, un ambiente aparentemente democrático que respeta los derechos y libertades ciudadanas y ve en la  manifestación pública una forma de reclamo democrático.

A renglón seguido, comenzó el análisis de las causas o mejor dicho, de las peticiones presentadas por los manifestantes, toda la mesa a excepción de Claudia López coincidió en afirmar que el pliego carecía de sentido común y que las peticiones no tenían fundamento.

Conclusión: se reconoce la legitimidad de la manifestación pública y, a su vez, se descalifican las peticiones para deslegitimar los reclamos. Un juego perverso que demuestra lo antidemocrático del sistema político colombiano, que profundiza los modelos autoritarios y que con una maniobra logra una pose democrática, pero es solo esto, una “pose”.

Colombia, es un país que al decir de Pierre Bourdieu, está cargado de una violencia simbólica que transita en la cotidianidad ciudadana, un país que en el papel es idílico, pero en la realidad es estructuralmente antidemocrático y excluyente. Por ello, podremos salir del conflicto, pero difícilmente alcanzaremos la paz si no se cambian las estructuras políticas que han dirigido nuestros destinos.