Los ciudadanos no tienen por qué pagar los desaciertos de las Administraciones, el Alcalde tendrá que hacer recortes y ajustes presupuestales para cumplir esas obligaciones.

DSC05685Por Carlos Crosthwaite

A finales del 2015 el alcalde Juan Pablo Gallo se comprometió, de manera directa y a través de su secretario de Hacienda Carlos Maya, con el concejal Carlos Alfredo Crosthwaite y con Daniel Silva Orrego, en representación del Comité de Indignados, a trasladar para el 30 abril de 2016 el vencimiento del pago de Valorización, con sus respectivos descuentos, programado por la anterior Administración para el 30 diciembre pasado.

Incluso ratificó su compromiso por las redes sociales al ser consciente de que el Concejo tramitó los acuerdos, durante todo el 2011, de manera contraria a la Ley, sin hacer uso del voto nominal público y por bancadas, como lo estableció la reforma constitucional.

Al encontrar la Administración Municipal sin un peso, saqueada, el Alcalde se ve en la necesidad de adelantar el cobro para recaudar otros 6 o 7 mil millones de pesos, fuera de los que le quitó el Alcalde anterior a los ciudadanos, dineros que tendrían que ser devueltos ante el fallo inminente, pero a largo plazo y sin intereses, cargados a otros impuestos, y así los ciudadanos terminarán pagando la irresponsabilidad de la Administración que se fue en medio de la crisis económica, la alta inflación, el mayor costo de vida, de los servicios públicos, de la alta tasa de desempleo.

“No nos dejemos enredar, no paguemos, estén tranquilos que en unos diez o doce días debe haber una acción del Juez que conoce el acuerdo 38, de suspensión inicial para el fallo definitivo”, digo, ratificando que por el mismo motivo fue suspendido el acuerdo 01 de 2015 que autorizaba la expropiación de predios en Ciudad Victoria, hoy declarado nulo en primera instancia por el Juzgado Séptimo Administrativo Municipal. Hoy habrá audiencia pública para el fallo en primera instancia que confirmará que el Plan de Desarrollo fue tramitado de manera irregular.

Anexo (aparte del fallo de nulidad del acuerdo 01 de 2015):

“No se trata de un juicio de conveniencia o de eficacia, como lo pretende el municipio de Pereira, al indicar que sin importar la forma de votación el resultado sería el mismo; por el contrario, se trata de la protección de los pilares del Estado Social de Derecho, pues a través de la votación nominal y pública se materializa el principio de democracia participativa y permite el ciudadano conocer las decisiones de las personas a las cuales les confió el manejo de lo público, en este caso los Concejales del Municipio de Pereira, que a través de la votación por balotas, impiden que sus electores y la comunidad en general conozcan su posición frente a las materias sujetas a su conocimiento, encontrándonos frente a un vicio sustancial y no formal en la producción del acto administrativo acusado.”