Forzados a traspasar fronteras y dejar sus hogares, estas son las historias de los chicos desplazados por la crisis de Venezuela. Una cobertura periodística colaborativa entre Historias que laten, El Pitazo y La Liga Contra el Silencio, para seguirle las huellas a los niños desterrados quienes huyen con sus familias o incluso solos en la búsqueda de una vida mejor. En un recorrido fronterizo por Arauca y Norte de Santander, zonas en donde es riesgoso el ejercicio periodístico; y Bogotá y Caracas, El rastro de los hijos migrantes revela cómo se vulneran los derechos fundamentales de una población invisibilizada en medio de la migración.

 

Por / Liga Contra el Silencio – Fotografías / Lucas Molet

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La migración forzada de Venezuela a Colombia mantiene a más de 258.000 niños, niñas y adolescentes en un limbo por su condición de indocumentados. Son migrantes que deambulan en suelo colombiano sin papeles producto de la burocracia, la corrupción, la indolencia institucional y la desinformación en ambos países. 

Colombia es el principal país receptor de los migrantes venezolanos. La proximidad geográfica y la extensa frontera compartida motivan a numerosas personas con necesidades urgentes que resolver a desplazarse con menores de edad al país vecino como única salida. Muchos llegan agobiados, sin recursos mínimos y en extrema necesidad de asistencia. Es una migración forzada, según la clasificación de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), debido a que es una movilidad obligada por razones de subsistencia. 

Los datos globales dan cuenta de que más de 1,8 millones de venezolanos viven en territorio colombiano, según la última actualización de Migración Colombia. Sin embargo, la mayoría de informes y reportes oficiales no mencionan a los niños o adolescentes venezolanos como población que se moviliza. Hay un subregistro o zona gris que invisibiliza su situación. La realidad es que los chicos se pierden en medio de la migración más abrupta y acelerada de América Latina en el último tiempo.

Basados en un análisis de datos de estudios de Acnur y Unicef (2019), en esta investigación se revela que uno de cada cuatro migrantes venezolanos en Colombia son niños, niñas o adolescentes. La cifra es contundente: más de 450.000 menores venezolanos viven en ciudades y pueblos colombianos. 

No se puede precisar con claridad cuántos de ellos han llegado por la vía ilegal, pero sí se pudieron establecer los trámites ilegales de que son víctimas los familiares. Tanto en Venezuela como en Colombia se ha conformado una red de personas que se aprovechan de los migrantes venezolanos sin documentación, los cuales buscan desesperadamente huir a otro país. Ofrecen agilizar trámites o gestionar documentos falsos, pasar menores de edad por trochas, y otros tantos servicios por unos cuantos dólares debajo de cuerda. 

Según declaraciones de los migrantes, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cobran entre 20 y 50 dólares por dejar pasar menores de edad indocumentados por los puentes fronterizos. Otros sujetos han hecho del cruce de menores indocumentados por las trochas entre Venezuela y Colombia, un negocio de subsistencia. Cobran hasta dos dólares por migrante.

Del lado colombiano, en Cúcuta, vendedores de pasajes terrestres permiten a menores de edad viajar hasta otros países sin permisos legales de sus padres y sin pasaporte, a cambio de 15 dólares. Con ello les tramitan una Tarjeta Andina Migratoria para que el niño, niña o adolescente pueda moverse “legalmente” por el país. Otros chicos se quedan varados en ciudades como Arauca, a merced de grupos ilegales como la guerrilla del ELN y redes de explotación sexual. 

A un escenario que ya es crítico, el impacto del brote de coronavirus, decretado pandemia global por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo, incrementa aún más la gravedad de los riesgos a los que están expuestos los migrantes más vulnerables, en especial los menores de edad. 

Para seguirle el rastro a los hijos migrantes, periodistas y editores de Historias que laten y El Pitazo, de Venezuela y La Liga Contra el Silencio, de Colombia, conformaron un equipo transnacional que recorrió las rutas fronterizas entre San Antonio del Táchira y Cúcuta, Guasdualito y Arauca, durante los primeros meses del 2020. Así mismo documentó lo que ocurre con otra dura realidad, los niños dejados atrás, que se quedan en Venezuela al cuidado de mayores, mientras sus padres se desplazan a ciudades latinoamericanas a trabajar para mandarles dinero. 

*Este apartado está incluido en la investigación de datos hecha por Jonathan Gutiérrez y que puede leer completa en www.hijosmigrantes.com

Algunos de los protagonistas de esta historia fueron desalojados cuando inició la cuarentena por coronavirus.

CRÓNICA CÚCUTA Y NORTE DE SANTANDER

Nómadas y sin papeles

Colombia es el país con mayor número de venezolanos migrantes, concentrados sobre todo en el departamento del Norte de Santander. Allí viven como nómadas y en situación de calle cientos de ellos, mientras que miles cruzan caminando esta zona rumbo a otras ciudades del país o a otras naciones del continente. Muchos son menores de edad sin documentos de identidad. Algunos de los protagonistas de esta historia fueron desalojados cuando inició la cuarentena por coronavirus, pero otros aún se exponen a los riesgos de vivir sin papeles en territorio extranjero.

 

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Juan** salió de Venezuela con 13 años de edad, un tobillo inflamado y ningún documento de identidad. Camina como puede desde las 6:00 de la mañana junto a su primo, un par de adultos y otros dos menores de edad por una carretera al noreste de Colombia. A estos cuatro los conoció hace dos días, en el autobús que los trajo a todos desde Valencia, estado Carabobo, en el centro de Venezuela, hasta la ciudad fronteriza de San Antonio del Táchira. En todo ese trayecto, al autobús no lo pararon en ninguna alcabala de la Guardia Nacional Bolivariana para verificar que los pasajeros viajaran con sus documentos en regla.

Son las 5:00 de la tarde del 15 de enero de 2020 y Juan ha transitado cerca de 750 kilómetros desde que inició su travesía migratoria, sin la compañía de algún representante ni permiso legal para viajar solo. Más de 40 kilómetros de ese recorrido los ha hecho caminando en territorio colombiano.

El albergue FundAR 1, ubicado en la carretera que comunica a las ciudades de Cúcuta y Pamplona, es uno de los 14 refugios para venezolanos que emigran a pie, los llamados caminantes. Se encuentra a poco más de 40 kilómetros del sector fronterizo La Parada, donde Juan y los demás pasaron la noche. Como ellos, son miles los caminantes venezolanos que emigran hacia Colombia y otros países suramericanos. Muchos, miles también, son menores de edad e indocumentados como Juan.

—No tengo cédula porque en Venezuela no hay material para sacarla— responde Juan cuando le preguntan por qué emigró sin documentación. 

Dice que aquí (en Colombia) aunque sea vendiendo caramelos puede ganar algo para ayudar a su madre, que se quedó en Valencia. No responde cuando le preguntan por qué decidió irse a trabajar a otro país siendo apenas un adolescente. Su semblante decaído, su vestimenta y calzado desgastados y las casi nulas pertenencias que lo acompañan en su viaje migratorio responden por él.

—En Bogotá nos está esperando la mamá de él— cuenta refiriéndose a su primo.

El primo que lo acompaña es mayor de edad (tiene 20) y hace las veces de representante de Juan, aunque ningún documento legal lo acredite como tal. 

—Este pie lo traigo malo desde hace tiempo por un golpe que me di. No me deja caminar más rápido, por eso es que vamos lento— lamenta el adolescente mientras se soba su tobillo izquierdo moreno oscuro, que contrasta con una planta blanca, curtida y callosa que a simple vista debe calzar talla 40.

—Fíjate, la mayoría camina con sandalias tipo Crocs, causándoles uñeros y lesiones— comenta un paramédico voluntario que visita semanalmente el albergue, mientras revisa el tobillo de Juan y trata de aliviarlo. 

Junior, uno de los encargados del primer albergue de paso de la Fundación Antonio Rojas (FundAR 1), muestra los libros donde los caminantes que han pasado por allí deben escribir sus datos personales.

—El año pasado, en varias ocasiones, se llegó a llenar un libro por mes. Cada libro tiene 400 páginas y en cada una caben 36 nombres. Estamos hablando de 14.400 caminantes que han pasado por aquí en apenas un mes— calcula Junior. 

Solo ese 15 de enero de 2020, antes de que Juan y compañía llegaran, 123 caminantes habían pasado por ese albergue; 35 de ellos eran menores de edad, desde bebés hasta adolescentes, muchos sin documentos de identidad. Los que llegan al final de la tarde, como Juan y los otros cinco valencianos, se quedan a pasar la noche. La acogida que brinda ese refugio a los indocumentados es excepcional. En muchos de los 14 refugios que hay entre Cúcuta y la ciudad de Tunja no permiten el alojamiento a quienes viajan indocumentados. En otros ni siquiera les dan comida a los sin papeles. 

De acuerdo con proyecciones de Unicef, para 2019 los niños y adolescentes venezolanos migrantes sumaban cerca de 1,1 millones, es decir, uno de cada cinco migrantes venezolanos es menor de edad. Sin embargo, esa cifra podría ser aún mayor si se toman en cuenta los subregistros de menores de edad que han emigrado solos o sin documentos de identidad, como Juan. 

La organización venezolana defensora de los derechos de la infancia Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) ha determinado que los menores de edad que se van del país indocumentados son la población venezolana migrante más vulnerable. 

—El trabajo infantil, la explotación sexual, la vinculación a grupos irregulares al margen de la ley, la xenofobia y la desescolarización son algunos de los principales riesgos que Save The Children ha identificado en la población de niños venezolanos migrantes en Colombia— detalla Olga López, gerente de esta organización en el Departamento del Norte de Santander. 

Su marido trabaja como carretillero en esas trochas, lo que evitó que pagara entre 5.000 y 10.000 pesos para poder pasar con su bebé.

Niños indocumentados

El sector fronterizo La Parada, que sirvió de pernocta para Juan y compañía, es el lugar de residencia de decenas de venezolanos en situación de calle, como Mayela. En mayo de 2019 viajó desde los Valles del Tuy, en la periferia de la capital venezolana, hacia La Parada, localidad del Departamento del Norte de Santander, en Colombia, con su bebé de dos meses de nacida y sin partida de nacimiento. 

—Solo tengo el papel que dan en el hospital con los piecitos— dice para referirse al certificado de nacimiento que dan en Venezuela y que lleva las huellas de los pies del recién nacido, pero que no equivale a una partida de nacimiento. 

La bebé de Mayela ya tiene nueve meses de nacida, el triple del lapso máximo que sus padres tenían para presentarla ante una oficina de Registro Civil en Venezuela. 

—No la pude presentar porque no había material para hacer la partida de nacimiento y yo no podía esperar porque mi marido ya estaba aquí trabajando— cuenta Mayela, quien entró a Colombia por una de las muchas trochas ilegales que hay entre San Antonio del Táchira y La Parada. 

Su marido trabaja como carretillero en esas trochas, lo que evitó que pagara entre 5.000 y 10.000 pesos para poder pasar con su bebé sin partida de nacimiento y ella solo con cédula de identidad. La mujer, cuya ausencia de líneas de expresión en su piel morena refleja los veinte pocos años que debe tener, dejó en Venezuela a su primogénita de siete años, al cuidado de su madre. 

Yessica vive en una carpa al lado de la de Mayela, dispuestas junto a otras tantas en la cancha de tierra de La Parada, lugar donde decenas de venezolanos vivían a la intemperie en absoluta pobreza antes de la pandemia por coronavirus, en medio del calor sofocante que en esa zona casi siempre supera los 27 grados centígrados. Tiene dos hijos nacidos en Venezuela, pero indocumentados desde que la robaron en el centro de Cúcuta. 

—Fui a comprar unas cosas y me robaron el bolso donde tenía mi cédula y las partidas de nacimiento de los niños. Ahora ellos están sin papeles y yo solo tengo el carné— dice refiriéndose al Carnet de la Patria que el gobierno de Nicolás Maduro expidió a más de 10 millones de venezolanos como parte de su política de control social. 

Los hijos de Yessica, de nueve y siete años, no van a la escuela desde que llegaron a La Parada, hace ya casi un año. Ella alega que, por no tener papeles, los niños no pueden ser inscritos en ningún centro educativo. La niña, de nueve años, ya debería iniciar el proceso para obtener su cédula de identidad venezolana. Sin embargo, los trámites de documentación de sus hijos no están en los planes de Yessica a corto plazo, cuya prioridad es darles de comer cada día y encontrar un lugar seguro para vivir. 

—Comida sí nos dan, pero no tenemos un techo dónde vivir— dice la robusta y trigueña mujer, cuyo ceño siempre fruncido es huella de desconfianza. 

Tres comedores, financiados en su mayoría por organizaciones internacionales o por donaciones de empresas y particulares, ofrecen diariamente desayunos y almuerzos a cientos de venezolanos que habitan allí como nómadas o pasan por La Parada en su ruta migratoria. Al menos era así antes de la pandemia por coronavirus.

Unos metros más adelante de las carpas de Mayela y Yessica, una mujer –aún adolorida por el trabajo de parto– muestra sonriente a su bebé de apenas dos días de nacida, envuelta en una manta dentro de una caja de cartón. La niña, piel tostada como la de su jovencísima madre, nació el 14 de enero de 2020 en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, donde 7 de cada 10 partos son de venezolanas. 

En agosto de 2019, el gobierno colombiano aprobó una medida temporal de amparo a la niñez para conceder la nacionalidad a todos los hijos de venezolanos nacidos en ese país desde el año 2014, pero Lisbeth solo tiene el certificado de nacido vivo que le dieron después de parir a su hija. No muestra interés por ir pronto a tramitar su registro civil de nacimiento, documento indispensable para que la recién nacida obtenga la nacionalidad colombiana.

De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional de Colombia, cerca del 90% de los casi 25.000 niños hijos de venezolanos que estaban en riesgo de apatridia en ese país ya pueden obtener la nacionalidad colombiana. Pero esa cifra no incluye a los niños que, como la bebé de Lisbeth, no tienen registro civil de nacimiento. Por lo que estipula la medida de amparo, se puede inferir que los niños en riesgo de apatridia que salieron de Colombia antes de aprobarse la referida medida aún se encuentran en un limbo legal.

Mayela, Yessica, Lisbeth, sus hijos y muchos otros venezolanos migrantes en Colombia no tienen lugar fijo de residencia. Viven por temporadas en sitios y ciudades diferentes, mientras dure el trabajo informal que consigan. Las organizaciones internacionales de ayuda humanitaria los llaman poblaciones nómadas. Los niños que forman parte de estos grupos se exponen a muchos riesgos y no tienen acceso a varios de sus derechos, más aún si están indocumentados.

Cae la tarde del 16 de enero de 2020 en La Parada y la algarabía de los niños venezolanos que juegan en la cancha de tierra sin techo —que es también su morada— oculta a los oídos lo que los ojos constatan: pobreza, desamparo e incertidumbre. 

La más reciente cifra dada por Migración Colombia indica que hasta el 29 de febrero de 2020, 1.825.000 venezolanos estaban radicados en ese país.

Invisibles ante el Estado

No hay cifras oficiales de cuántos venezolanos ingresan a Colombia sin ningún documento de identidad. La más reciente cifra dada por Migración Colombia indica que hasta el 29 de febrero de 2020, 1.825.000 venezolanos estaban radicados en ese país, 56,2 % de ellos en situación irregular. 

Sin embargo, Migración Colombia detalla que las cifras de migrantes en situación irregular son estimaciones obtenidas a partir “del cruce de los registros administrativos del Sistema de Información de Registro de Extranjeros (SIRE), Permiso Especial de Permanencia (PEP), Entradas migratorias (Intención de hospedaje) y Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV)”. Más adelante el organismo nacional de migración advierte: “La información registrada corresponde a lo manifestado voluntariamente por los venezolanos en los sistemas dispuestos y a la recolección generada de las verificaciones migratorias desarrolladas por Migración Colombia, teniendo en cuenta que la permanencia estimada de venezolanos en Colombia puede variar y que en el país existe la libre circulación en el territorio nacional”.

Ni Juan, ni los hijos de Mayela ni los de Yessica están incluidos en esas estadísticas. **

Una fuente oficial de una organización internacional de ayuda humanitaria, cuyo nombre pidió reservar, indica que las cifras de migración por los pasos fronterizos legales a Colombia disminuyeron considerablemente tras el cierre total de la frontera entre Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia), ordenado por el gobierno de Nicolás Maduro el 22 de febrero de 2019 y que duró hasta el 8 de junio de ese año. 

—Durante más de tres meses que duró el cierre de la frontera, los venezolanos no dejaron de migrar a Colombia, pero lo hicieron por las trochas. Eso complica aún más la posibilidad de tener cifras lo más cercanas posible a la migración real de venezolanos a Colombia— explica la trabajadora de asistencia humanitaria. *

Desde enero de 2020, el costo del trámite para obtener un pasaporte en Venezuela supera los 14 millones de bolívares, el equivalente a casi 200 dólares.

Sin papeles es más fácil y económico

El paso de venezolanos por las trochas no es nuevo y se mantiene, pero ingresar a territorio colombiano a través de los puentes internacionales también es posible sin tener los documentos de identidad necesarios. Juan afirma que entró a Colombia atravesando el Puente Internacional Simón Bolívar, que comunica a las poblaciones de San Antonio del Táchira y La Parada. 

—Le dimos 30 dólares a un guardia (funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela) y 10 dólares a otro para que lo dejaran pasar a él por el puente— confiesa el primo de Juan. 

Las autoridades de Migración Colombia, ubicadas en la mitad del puente, ya en territorio colombiano, dejaron pasar a Juan sin cédula y sin que él ni su primo tuvieran Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF). 

—Los policías colombianos solo nos dijeron que tuviéramos cuidado— asegura el primo de Juan. 

Los otros cuatro acompañantes del adolescente tampoco tenían otro documento de identidad adicional a sus cédulas. Desde enero de 2020, el costo del trámite para obtener un pasaporte en Venezuela supera los 14 millones de bolívares, el equivalente a casi 200 dólares. Además de ello, el otorgamiento de una cita para hacer dicho trámite puede tardar casi un año, mientras que todo el proceso hasta la entrega final del pasaporte es aún más largo. Los tramitadores ilegales ofrecen lograr un proceso más expedito, a cambio de miles de dólares.

—En Valencia cobran dos dólares por sacar la Tarjeta de Movilidad Fronteriza— comenta una de las caminantes del grupo. 

La realización de ese trámite a través del sitio web de Migración Colombia es gratuita, pero el desconocimiento de la normativa migratoria que rige en ese país es un factor que incide en la migración irregular y favorece el accionar de tramitadores ilegales y de funcionarios que cobran por permitir el paso de indocumentados a través de los puentes fronterizos, como ocurrió con Juan y su primo. 

En San Antonio del Táchira pululan los lugares donde ofrecen sacar TMF de forma irregular, por apenas 5.000 pesos (menos de 2 dólares). Una de las razones por las que resulta fácil hacer ese trámite es que Migración Colombia no verifica que los documentos adjuntados para solicitar una TMF sean reales. 

—Usted puede adjuntar un documento en blanco en lugar de la copia de la partida de nacimiento de su hijo, por ejemplo, y el sistema igual le emitirá la Tarjeta de Movilidad Fronteriza— asegura una fuente de la cancillería colombiana, que pidió el anonimato. 

Las autoridades migratorias de Colombia no piden la TMF a los bebés ni a los niños pequeños.

Desde 2019 ha aumentado la exigencia de visas y otros requisitos a venezolanos para poder ingresar a varios países de la región. De acuerdo con Unicef, esto ha llevado a aumentar el número de migrantes que optan por rutas irregulares para cruzar fronteras. Este aumento de la migración ilegal “ha obstaculizado el monitoreo de los niños en movimiento, en última instancia, privándolos del acceso a un estado regular y servicios sociales básicos y evitando la integración de los más vulnerables, incluidos los pueblos indígenas”, asegura el Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). “Los niños y adolescentes corren el riesgo de separación familiar, inseguridad, trata, explotación, reclutamiento de niños y violencia de género”, precisa la organización internacional, en consonancia con lo que reporta Save The Children y otras organizaciones defensoras de los derechos de la infancia.

La Tarjeta Andina Migratoria (TAM) que ofrece el vendedor, conocida popularmente como Carta Andina, sirve para transitar legalmente el territorio colombiano.

Permisos de viajes imposibles

Debido a lo difícil y tardío de efectuar cualquier trámite legal en Venezuela, viajar fuera del país con un menor de edad sin documentos ni permisos legales de viaje resulta más económico y expedito que tramitarlos internamente. 

En las localidades fronterizas de La Parada y Puerto Santander (otro de los pasos fronterizos entre Táchira y el Norte de Santander) funcionan varias líneas de transporte terrestre que ofrecen traslados por toda Colombia y hasta otros países de la región. Los menores de edad pueden viajar en autobús sin pasaporte ni permisos legales de viaje, incluso sin la compañía de alguno de sus padres.

—No importa que no tenga pasaporte ni permiso de viaje, solo basta con la partida de nacimiento. Por 60.000 pesos (menos de 20 dólares) le tramitamos la Carta Andina y en Rumichaca paga 20 dólares para pasar por la trocha— explica uno de los vendedores de pasajes de La Parada cuando le preguntan si un bebé puede viajar hasta Quito en compañía de su abuela.

La oferta del vendedor es mucho más económica que lo que cuesta, en dinero y en tiempo, obtener un pasaporte para un menor de edad en Venezuela y un permiso legal de viaje para que pueda hacer la travesía sin sus padres. La Tarjeta Andina Migratoria (TAM) que ofrece el vendedor, conocida popularmente como Carta Andina, sirve para transitar legalmente el territorio colombiano, pero ya no es suficiente para que los venezolanos puedan ingresar legalmente a los demás países miembros del Mercosur. Desde 2018 y 2019 los venezolanos están excluidos de ese beneficio en la mayoría de las naciones del Mercosur. Ahora necesitan una visa para poder entrar legalmente a varios de esos países, incluido Ecuador, a donde supuestamente viajaría la abuela con su nieto que pidió información al vendedor de pasajes.

La burocracia y corrupción que existen en los organismos competentes en documentación y asuntos legales de la niñez en Venezuela es una de las causas de la migración ilegal de menores de edad.

Juan, el adolescente que hizo su travesía con el tobillo inflamado, llegó a Bogotá seis días después de su paso por el albergue FundAR 1, para sumarse a los muchos vendedores informales venezolanos que desbordaban la capital colombiana antes de decretarse la cuarentena por el coronavirus. Juan pasó a ser un indocumentado más que trabaja en lugar de estudiar. Mientras resolvía el día a día de recién llegado, calmaba su tobillo con sobadas porque su miedo a ser deportado si visitaba un centro de salud era más grande que el dolor que siente al caminar. Después de la pandemia, el destino de Juan es desconocido.

Así, en un limbo, permanecen miles de niños y adolescentes venezolanos que sobreviven sin papeles en Colombia. Los hijos de Mayela, Yessica y Lisbeth probablemente seguirán siendo invisibles en las estadísticas oficiales que llevan el gobierno de Colombia y las organizaciones internacionales de la infancia. Como unos errantes que van dejando rastros del destierro a su paso. 

Cientos de venezolanos que migraron a Bogotá y trabajaban como vendedores ambulantes también se vieron obligados a volver a Venezuela en plena cuarentena.

Epílogo: Los venezolanos que vivían a la intemperie en la cancha del sector fronterizo La Parada, en Colombia, fueron desalojados a mediados de marzo de 2020 debido a la pandemia por coronavirus. La mayoría fue obligada a regresar a su país por las trochas ilegales que comunican ambas naciones. Mayela, Yessica, Lisbeth y los hijos de las tres vivían allí.

Cientos de venezolanos que migraron a Bogotá y trabajaban como vendedores ambulantes también se vieron obligados a volver a Venezuela en plena cuarentena, al no poder seguir trabajando. No sabemos si Juan fue uno de esos retornados.

*Crónica escrita por María Fernanda Rodríguez, con fotos de Lucas Molet. Es una de las tres historias que, con “Arauca ribera al acecho” y “El limbo de una familia rota”, componen esta investigación. Puede leerlas en www.hijosmigrantes.com

Este trabajo periodístico es el resultado de una beca otorgada por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en noviembre de 2019.

 

** Algunos nombres fueron cambiados para proteger la integridad de sus protagonistas.