Ayer se cumplió un mes del derrumbe de un enorme talud sobre varias viviendas, causando muertos y heridos, además de la destrucción de casas ubicadas en las orillas del río Otún en Pereira. Desde hace 10 años había orden legal para empezar obras preventivas y de reubicación.
Especial / LCDR – Ilustra / Stella Maris
“Esto estaba previsto, pero no hicieron nada de inmediato para solucionar esa tragedia”, dice Hugo Alejandro Giraldo Gómez apoyado en una muleta en medio de los escombros de lo que hasta el 8 de febrero de este año era su hogar. Luego su voz se quiebra al recordar cómo logró salvarse porque alcanzó a correr hasta la puerta, donde quedó atrapado, causándose lesiones en las piernas que demandan nuevas cirugías, además de la ya hecha. Su madre y su hermano no corrieron con igual suerte, murieron al igual que 16 personas más.
Desde el año pasado, dice Hugo Alejandro, corría el rumor entre los vecinos de que serían trasladados del sector, pero nunca se concretó. Eso sí, su familia nunca recibió una orden formal de desalojo, solo comentarios de vecindad. Su padre, Hugo, recalca: “esto que pasó es negligencia de Carder, municipio de Pereira, Dosquebradas, Aguas y Aguas… es negligencia del Estado que no hizo esto rápido”. Los damnificados le entregaron un poder a una abogada para negociar o demandar al Estado.
Además, según Hugo padre, hasta el 5 de marzo no habían recibido dinero para pagar arrendamiento y, por eso, como la familia Giraldo Gómez, muchos están viviendo en casas de familiares o allegados.
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira profirió el 19 de noviembre de 2011 sentencia en primera instancia en proceso de acción popular, mediante la cual se dispuso, principalmente, atender la prevención de desastres previsibles técnicamente, ordenando al municipio de Pereira en el mes siguiente a la ejecutoria del fallo: “se procediera a dar inicio a las actuaciones administrativas dirigidas a lograr la recuperación de los terrenos ubicados en zonas de protección ambiental, sobre la ladera del Río del Otún y agilizar el trámites de las ya iniciadas”, sentencia que fue confirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, mediante sentencia del 15 de marzo de 2012 y por el Consejo de Estado, en pronunciamiento en sede de revisión del 7 de octubre de 2013. Ni Israel Londoño ni Enrique Vásquez, alcaldes para esa época, hicieron las obras exigidas en los fallos.
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El 26 de octubre de 2016, acatando una orden impartida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, el Juzgado Segundo Administrativo de Pereira decidió vincular dentro de un incidente de desacato, iniciado en el 2015, al alcalde de Pereira de ese momento, Juan Pablo Gallo, para que en 10 hábiles rindiera cuenta de las gestiones adelantadas por el municipio a fin de dar cumplimiento a la sentencia del 19 de septiembre de 2011, siéndole comunicado tal requerimiento a través del oficio 3176 del 18 de noviembre de 2016.
De igual forma se procedió el 2 de febrero de 2017 a requerir a todas las partes integrantes del comité de verificación, para que en el término de 10 días hábiles rindieran un informe por escrito de todas las gestiones adelantadas por el municipio de Pereira a afectos de ejecutar lo ordenado en dicha sentencia.
En cumplimiento del requerimiento emitido por el Juzgado, el Subdirector de Gestión Ambiental de la Carder entregó respuesta el 3 de marzo de 2017, en la que se informó que dentro de sus labores de verificación de cumplimiento, seguimiento y control a lo ordenado al municipio de Pereira se llevaron a cabo por parte de la alcaldía las siguientes actuaciones: mediante oficio del 30 de diciembre de 2016 la Dirección Operativa de bienes inmuebles y la Secretaría de Desarrollo Administrativo del municipio de Pereira le hizo entrega a la Carder de predios localizados entre las calles 17 y 34, los que constituyen una área total de 3.061,6 metros cuadrados de áreas liberadas que serían intervenidas en el marco del convenio interadministrativo Nro. 562 del 1 de diciembre de 2016 , suscrito entre CARDER y la Promotora de Vivienda de Risaralda.
En este convenio se habían comprometido 516.874.960 de pesos para su ejecución. Un convenio de cooperación administrativo que tenía como alcance: “realizar las obras de intervención sobre los lotes liberados por procesos de reubicación en el sector de la avenida del Río del municipio de Pereira mediante actividades de cerramiento y la recuperación de los mismos y de acuerdo con el cuadro de cantidades de obras.” Esto debido a que, como dice el mismo convenio: “El municipio de Pereira, adelantó el programa de reubicación de familias asentadas en zonas de alto riesgo e hizo entrega oficial a la CARDER del inventario de áreas liberadas resultado del proceso de reubicación de dichas viviendas, en una superficie de 3.200 m2”. Nótese la diferencia en la cantidad de metros cuadrados de la superficie del terreno intervenido.
De acuerdo a la anterior información documental, que fue allegada al incidente de desacato de un fallo de acción popular el 1 de junio de 2017, el juez decidió no sancionar al alcalde Gallo Maya, al advertirse la ausencia de negligencia en su actuación. Pero en el presente año, la Procuraduría abrió una investigación contra Gallo, basada en información de un denunciante que alega que el entonces alcalde ocultó o manipuló información para hacer creer al juez que sí se habían realizado las obras de intervención y de reubicación de familias del sector de la Avenida del Río.
En revisión de los informes de supervisión al convenio interadministrativo celebrado entre Carder y La Promotora de Vivienda de Risaralda, se advierten varias situaciones irregulares. En primer lugar, que la calle 27 de la Avenida del Río, nunca fue recuperada por el programa de reubicación de familias asentadas en dichas zonas de riesgo. En tal sentido, no se invirtió ninguna suma de dinero en esa ubicación concreta, pues en cada informe de cantidad de obras ejecutadas por los subcontratistas de La Promotora de Vivienda de Risaralda (dependencia de la Gobernación de Risaralda), la calle 27, aledaño 27-44, aparece como ocupada.
En segundo lugar, se advierte que la calle 28 sí hacia parte del área liberada por el municipio y entregada a la Carder, pero solo comprometió obras relacionadas con construcción de andenes y bancas de concreto reforzadas en acero.
Por último, que dentro de los más de 516 millones de pesos invertidos en la ejecución del convenio interadministrativo, se destinaron 176 millones para realizar adecuaciones sobre el predio San Francisco de Asís de propiedad de la Carder, y perteneciente al parque lineal del Río del Otún, mediante la construcción de un auditorio al aire libre y una batería sanitaria, así como la reparación del quiosco que allí existía en malas condiciones, obras que a marzo de 2022 se encuentran en total abandono, rodeada de maleza y con las estructuras deterioradas, como se pudo verificar en visita al terreno. Además, el predio San Francisco está localizado en el corregimiento de La Florida, a más de 10 kilómetros de distancia del lugar de la reciente tragedia en la Avenida del Río.
Si bien la orden emitida desde el 2011 en fallo de acción popular consistió en que por parte del municipio de Pereira: “se procediera a dar inicio a las actuaciones administrativas dirigidas a lograr la recuperación de los terrenos ubicados en zonas de protección ambiental, sobre la ladera del Río del Otún y agilizar el trámites de las ya iniciadas”, lo anterior con el fin de conseguir la prevención de desastres previsibles técnicamente, el convenio interadministrativo antes mencionado y que fue celebrado el 1 de diciembre de 2016 entre Carder y la Promotora de Vivienda de Risaralda, pero ejecutado en el año 2017, ninguna intervención concreta y contundente se llevó a cabo entre las calles 27 y 28 donde ocurrió la tragedia del pasado 8 de febrero, en la que un alud de grandes proporciones cobró hasta el momento la vida a 18 personas, entre ellas niños y adultos mayores, todos ellos residentes en los barrios La Esneda de Dosquebradas y el sector de la Avenida del Río de Pereira, comprometiendo a 125 familias -48 en Pereira y 77 en Dosquebradas-.
Pero para gracia de unos y desdicha de otros, dicho convenio sí que resultó contundente para salvar del incidente de desacato al entonces alcalde Juan Pablo Gallo Maya, quien hizo acto de presencia en el lugar de tragedia el mismo día, pero con fines políticos dada su actual campaña al Senado.