¿Para qué sirve el paro agrario?

Pudiera decirse que lo que le falta al campo es esencialmente “democracia” y luego una reforma agraria real con política integral. Ese manido discurso sobre la democracia más estable de América es sólo una mentira, y el campo colombiano es el mejor testigo de ello.

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Por: Carlos Mario Marín Ossa

Transcurridos más de quince días desde el inicio del paro nacional agropecuario y de varios sectores más, es posible aventurarse en diferentes interpretaciones acerca de su trasfondo, del papel de los actores estructurales y coyunturales, así como de la  actual situación y lo que nos espera en Colombia respecto de los sectores estratégicos sumados al paro nacional –situación que no se presentaba desde finales de la década de los setenta-.

Cabe recordar que el antecedente más inmediato fue el paro cafetero de marzo de 2013, proceso que  inició su articulación mediante la suma de voluntades de los cafeteros del país, casi un año atrás, durante la realización del encuentro en Riosucio – Caldas -. En marzo de 2013 se asumieron algunos compromisos por parte del gobierno nacional que no se han cumplido a cabalidad, y que aunque así se hiciera, no solucionarían el problema cafetero que tiene un fondo más complicado y desalentador, porque los subsidios no resolverán un problema estructural que implica incluso la participación del mercado internacional y de los gobiernos extranjeros.

Con la realización de este paro cafetero, los demás sectores agrícolas sopesaron sus posibilidades de sumar sus reclamos a una jornada agraria nacional, como la que hoy vemos en desarrollo. Porque la situación del campo minifundista ha sido ignorada de forma sistemática por los gobiernos de la república –todos en manos de representantes de la oligarquía nacional, descendiente de los españoles criollos que expulsaron a los españoles de la corona, pero que reprodujeron todo el sistema de inequidad de aquellos-.

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Lo que le falta al campo

Pudiera decirse que lo que le falta al campo es esencialmente “democracia” y luego una reforma agraria real con política integral. Ese manido discurso sobre la democracia más estable de América es sólo una mentira, y el campo colombiano es el mejor testigo de ello.

Una vez terminada la guerra de “independencia”, misma que necesitó de recursos financieros para su sostenimiento, los criollos ricos que podían subsidiar dicha guerra a cambio de bonos de deuda de la futura república, redimieron los mismos tomando como pago las tierras abandonadas por los españoles continentales, por la iglesia, las tierras surgidas de las reforma a los resguardos indígenas y por supuesto las baldías; que según cálculos de algunos autores, para la época superaban el 80 por ciento del total de la extensión del país en hectáreas. Así se privilegió el mantenimiento de la hacienda y la consolidación del latifundio sustentado en las tierras más productivas, más llanas y más beneficiadas por el baño de los ríos.

En 1996 el 44,6  por ciento de la propiedad agraria en Colombia, con extensiones iguales o superiores a 500 hectáreas, estaba concentrada en tan sólo 7.459 predios. Mientras tanto el 13 por ciento de esta propiedad agraria, con extensiones entre 0 y 20 hectáreas se repartía en 2.091.583 predios. Siete años más tarde (2003) la distribución de la propiedad agraria había cambiado dramáticamente: el 62,6 por ciento con tamaños iguales o mayores a 500 hectáreas, se encontraba concentrada en 10.140 predios y el 8,8 por ciento de la misma con extensiones entre 0 y 20 hectáreas estaba representada en 2.330.036 predios [1]. De acuerdo a datos entregados por el Senador del Polo Democrático Alexander López Maya durante una conferencia dictada con motivo del aniversario del Comité Fals Borda en 2012, de 118 millones de hectáreas que conforman el territorio nacional, 38 millones de hectáreas están dedicadas a la explotación de hidrocarburos, 11 millones de hectáreas están entregadas a la explotación minera y 1 millón dedicadas a la explotación forestal. Encontramos pues, que las tierras dedicadas a la siembra de alimentos y artículos agrícolas como el café –que no es un alimento, sino un estimulante- son la minoría.

Una reforma agraria real que democratice la propiedad del campo, que le permita insertarse de forma productiva de acuerdo a la vocación natural –que es sembrar alimentos como garantía de la soberanía alimentaria de la nación- y por supuesto sostenible, alejada de la especulación de la propiedad agraria improductiva, es la gran deuda de los gobiernos republicanos de la historia del país. En el año 2010, el índice Ginni para la concentración de la propiedad de la tierra en Colombia alcanzó el desastroso resultado de 0,871 [2]. Esto es, que existe una inmensa concentración de la tierra en pocas manos, tanto así que algunos estudios hablan de que el 80% de propiedades están conformadas por extensiones de la “mitad” de una unidad agrícola familiar (UAF) [3], en tanto el 1% de los propietarios tienen el 52 por ciento de la tierra productiva, y no precisamente utilizándola para sembrar alimentos.

Agricultura colombiana, un sector estratégico de seguridad nacional

VLUU L110, M110  / Samsung L110, M110Pero también se necesita de una política integral que parta desde una reforma Constitucional en donde se deje explícitamente consignada la agricultura colombiana y el campo por supuesto, como sectores estratégicos de seguridad nacional, los cuales no se puedan afectar con políticas comerciales o de libre cambio con otras naciones. Así, deben ser renegociados los tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa, o derogados, de forma tal que nuestra agricultura no deba competir con otras que producen con estructuras de costos menores y subsidios de sus gobiernos –apoyos que el gobierno colombiano no le da a nuestra agricultura- por lo tanto se ve abocada a competir en posición de desventaja o dumping inducido por nuestro “propio gobierno” en una franca traición a la patria.

La defensa contra  la apropiación legal e ilegal de la tierra productiva por parte de multinacionales extranjeras, grupos económicos locales, antigüas familias de estirpe terrateniente y funcionarios cercanos o integrantes del gobierno (miembros de la oligarquía local) debe hacer parte de una política de Estado. Desde la tristemente célebre United Fruit Company y su gobierno extranjero sobre más de 200 mil hectáreas al lado del mar caribe –entregado en 1905, con sumisión, por el entonces presidente Rafael Reyes- que ejecutó a su arbitrio “La masacre de las bananeras” sobre obreros colombianos que reclamaban derechos laborales y calidad de vida –igual que hoy-, hasta Drummond, Pacífic Rubiales, Glencore, Anglo Gold Ashanti en la actualidad; nada ha cambiado frente a la entrega de vastos territorios colombianos a la explotación de tierras de vocación agrícola, o de reservas ambientales a los extranjeros a cambio de nada. Cabe recordar el reciente escándalo de apropiación ilegal de tierras baldías –es decir, que pertenecen al Estado- por parte de Cargill, Mónica Semillas, Grupo Valorem, Ingenio Riopaila Castilla, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo; y de forma más reciente las denuncias de congresistas del Polo sobre similar conducta por parte del hasta hace poco embajador ante USA, Miguel Urrutia –íntimo del presidente Santos y gerente de su anterior campaña política-, de Pacho Santos e incluso de la ministra de educación.

Se deben eliminar las patentes en Colombia sobre las semillas de nuestros productos agrícolas, que ahora están en manos de las multinacionales Dupont (U.S.A.), Syngenta (Suiza) y Monsanto (U.S.A.), así como la penalización de las actividades de siembra con semillas naturales colombianas.

Fomentar el retorno de los colombianos al campo, debe ser un propósito nacional, para que existan personas que trabajen la tierra y produzcan alimentos. Se debe revertir la proporción de 70/30 a favor de la población urbana, que inició el infausto gobierno de Misael Pastrana Borrero azuzado por su asesor económico de “confianza” Lauchlin Currie –gringo, por supuesto- como forma de desincentivar el trabajo del campo a favor de llevar mano de obra barata a las ciudades, para la expansión industrial, pero sin pensar cómo íbamos a hacer para cosechar nuestros alimentos.

Por supuesto, el establecimiento de apoyos estructurantes, como condiciones de precios de insumos, abonos orgánicos, maquinaria, tecnología y subsidios. Sólo así el campo colombiano podrá tener futuro.

Como expresaba el maestro Orlando Fals Borda, “La vocación agrícola de Colombia no debe avergonzarnos como sociedad o como nación : se trata de la actividad más importante y potencialmente más rentable en el presente siglo plagado de hambrientos y sedientos en más de medio mundo. De ella depende en mucho la paz y la prosperidad universales” (Sic) [4].

Actores vigentes que inciden en el paro

Descendientes de los actores estructurales del problema de la tierra en Colombia, se encuentra como representante de la oligarquía colombiana, el presidente Juan Manuel Santos. Este busca pasar a la historia como el presidente reformador que obtuvo la paz. Pero esto no significa que a la vez busque todos los medios para mantener las prebendas de su clase social redefiniendo la realidad del país a través de negociaciones con factores reales de poder actuales, que a su vez recibirán una parte del botín. En el marco del proceso de paz con la guerrilla de las FARC y posiblemente del ELN; el primer punto de la agenda es “la política de desarrollo agrario integral”. Como cabe entender, requieren los acuerdos al respecto, cambios que se deben generar desde el congreso de la república. Y en dicho congreso están sentados en su mayoría los representantes de los actores estructurales del conflicto agrario, es decir, de terratenientes, banqueros y multinacionales; razón por la cual el paro agrario es una excelente oportunidad e incluso excusa para que a través de las reclamaciones y el descontento popular se lleven a cabo las reformas necesarias para cumplir con las expectativas y redefiniciones en materia agraria, que se requerirán para el reordenamiento del país en el postconflicto.

Otros actores de peso son, las familias terratenientes del postconflicto de independencia y algunos herederos de quienes se hicieron a la propiedad de la tierra por la vía de la violencia. Se ubican estos grandes latifundistas en regiones de la costa atlántica y del valle de influencia del rio Cauca. Buscan defender sus estructuras económicas y sociales, para garantizar su posición y el disfrute de sus prebendas; y pactando el fin del conflicto armado pero sin ceder la posesión de la tierra.

Por el lado de las organizaciones subversivas armadas que surgieron como respuesta al saqueo de la tierra y a la exclusión política, están las guerrillas. Estas sin duda tienen influencia en vastos territorios del país y buscan obtener la conformación de las zonas de reserva campesina (parte integral de su apuesta ideológica), zonas creadas legalmente (Ley 160 de 1994, artículo 1º. Literal noveno)  desde hace años.

El narcotráfico y paramilitares son otro actor de este momento de la historia, también poseedores de tierras que no desean perder o entregar. Finalmente, las multinacionales que viven de la explotación de la riqueza de naciones débiles que no se les oponen, y que terminan pagando los costos invisibles de la explotación a ultranza de recursos naturales renovables y no renovables en condiciones de neocolonia sin contraprestación digna. Con las crisis sistémicas del capitalismo, la degradación ambiental, el aumento de las tensiones por alimentos, medicinas, biocombustibles, necesidad de producción de oxígeno, y la creciente importancia del agua, estas multinacionales programan la nueva explotación de nuestra nación mediante la dominación de la tierra, para asegurar sus expectativas de ganancias.

Finalmente, y los más importantes, son los campesinos pobres de Colombia.  Son ellos quienes cultivan la tierra, dedican su vida a la actividad que provee de comida y artículos agropecuarios a los cerca de 46 millones de colombianos. Son ellos, quienes han padecido y padecen los avatares de un trabajo que en este país ha sido despreciado por los gobernantes de la Casa de Nariño, que decidieron hace ya muchos años, apoyar el campo noerteamericano y la actividad pecuaria europea; sacrificando el bienestar del campesinado nacional y condenándolos al hambre y la miseria. Muestra de ello son los TLC´s firmados con el país del norte y la Unión Europea. Las condiciones aceptadas en estos, abren las compuertas para la competencia sin barreras de los productos agropecuarios foráneos, productos que se elaboran o cosechan en el marco de economías de escala, subsidios multimillonarios de sus gobiernos, insumos y pesticidas de origen local  –con menores costos-, infraestructura vial de lujo –que abarata los costos de fletes-; en tanto que el campo colombiano es abandonado financieramente, la infraestructura vial es deplorable, los pesticidas y agroinsumos son importados, la maquinaria igual. Es decir, una política bien calculada desde los gobiernos nacionales, para impedir cualquier asomo de viabilidad en la competencia de nuestro sector agrícola. Por eso, el paro se da buscando el giro del modelo económico que privilegia al extranjero y ataca al nacional. En manos de los alimentos del campo extranjero, nuestra seguridad alimentaria está al vaivén de las condiciones externas. En momentos de crisis de producción de alimentos, seremos los últimos destinatarios de los mismos, o deberemos pagar altísimos costos para proveerlos –como ya ocurrió bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su ministro “estrella” Andrés Felipe Arias-. Durante este gobierno, se expidió la Resolución del ICA No. 970, que expone todas las condiciones para el cultivo agrícola colombiano. Más que condiciones, puede decirse las trabas que se le imponen a los campesinos pobres, para cultivar alimentos, la exigencia de comprobar según los designios del ICA (del gobierno) la conformidad de derechos de autor (patentes a favor de las multinacionales de semillas) sobre las semillas que se vayan a utilizar en la siguiente siembra [5] con lo que a todas luces se nota la actuación de los gobiernos de Colombia en favor de los intereses extranjeros y en franco detrimento de los nacionales.

La combinación satisfactoria de las necesidades alimentarias y de soberanía del pueblo colombiano, la redefinición política y legal de los factores reales de poder en Colombia y el ejercicio de la democracia sobre la tierra, son los elementos que a mi juicio definirán el futuro del tema agrario en nuestra Nación.


[1] Aurelio Suárez Montoya, El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización, Ediciones Aurora, Primera edición, página 99, Cuadro I-37, Bogotá 2007.

[2] Carlos Alberto Suescun, Fals Borda y la cuestión agraria en Colombia : vigencia y legitimidad conceptual, en Revista CEPA No. 17 “Socialismo Raizal”, página 38, agosto – diciembre de 2013.

[3] Unidad Agrícola Familiar (UAF) : Extensión de tierra formalizada, que el Estado le entrega al colono campesino, de forma que este pueda obtener un rendimiento  y  a la vez que le permita a la familia subsistir. Hoy se calcula que la UAF debe permitirle percibir un ingreso aproximado a 2 Salarios mínimos mensuales.

[4] Orlando Fals Borda, Ante la crisis del país – Ideas acción para el cambio -, El Áncora Editores/Panameriana Editorial, primera edición, página 41, Bogotá 2003.

[5] Instituto Colombiano Agropecuario ICA, Resolución 970 de marzo 10 de 2010,  Artículo 12 literal 1.4, en http://www.ica.gov.co/getattachment/03750a73-db84-4f33-9568-6e0bad0a507d/200R970.aspx