Quinchía: entre el oro y los tribunales

La presencia de una comunidad indígena que viene reclamando hace años sus territorios ancestrales para que sean declarados como resguardo, obliga a que cualquier proyecto foráneo tenga que ser consultado antes con ellos.

Las bellas montañas de esta población están en la mira de potentes multinacionales mineras. Foto Rodrigo Grajales

Unidad Investigativa

Se dice que la gota de agua golpea y golpea hasta que al fin acaba por romper la piedra. La última semana de julio los mineros tradicionales del cerro Miraflores en Quinchía (Risaralda) consiguieron que el juzgado séptimo de Pereira fallara a su favor una tutela que pone contra las cuerdas a la poderosa multinacional minera Seafield Resources, que opera a través de una empresa local llamada Minera Miraflores.

La tutela fue interpuesta por Edit Ladino y Jaime Vargas, vecinos del cerro Miraflores, y por Esaú Mora, quien es líder de una de las dos asociaciones de mineros tradicionales que existen en la zona. El fallo del juzgado reconoce para la comunidad los derechos al trabajo y al mínimo vital, ambos amparados en la Constitución Política, y por lo tanto les permite “ejecutar labores de exploración y explotación […] para garantizar su subsistencia a través de emprendimientos autónomos de pequeña minería”. Además, la tutela afirma que se violó el debido proceso cuando la multinacional se apoderó del título con el que reclama más de 6.000 hectáreas en Quinchía para efectuar su proyecto de explotación minera a gran escala.

En el 2012 la multinacional Seafield compró a particulares un título de explotación minera en el cerro de Miraflores, en Quinchía. Foto Rodrigo Grajales

Este nuevo escenario legal va en la línea de otros pronunciamientos recientes de la Corte Constitucional, todos emanados en el curso de este año. Uno de ellos es la sentencia SU-133/17 que define la situación de los mineros tradicionales en Marmato (Caldas). Otra es la sentencia T-530/16 sobre minería en el resguardo indígena de Cañamomo y Lomaprieta, también en Caldas, que entrega a los nativos la autoridad de decidir sobre la explotación en su territorio. A esto se suman las consultas populares realizadas en Cajamarca, Pijao, Piedras e Ibagué, donde con mayorías aplastantes la población se ha pronunciado en contra de la explotación a gran escala que pretenden implementar las empresas multinacionales.

En el 2012 la multinacional Seafield compró a particulares un título de explotación minera en el cerro de Miraflores, en Quinchía. Sin embargo, hubo irregularidades en la transacción, porque la comunidad asentada en la zona practica la minería de subsistencia desde hace más de cien años y nunca fueron tenidos en cuenta en las negociaciones. Desde entonces la multinacional ha intentado por diferentes medios expulsar a los mineros artesanales y a los pobladores que ocupan los terrenos donde pretenden llevar a cabo la explotación, y por otro lado, la comunidad se ha organizado para entablar una larga cadena de acciones jurídicas y administrativas para impedir que el proyecto los saque de su territorio. Debido a que los permisos y licencias ambientales del título adquirido por Seafield no permiten una explotación a gran escala, la multinacional no ha podido llevar a cabo su proyecto, aunque tenían una bocamina funcionando pero detuvieron la explotación porque la CARDER no otorgó la licencia ambiental. En su página de internet Seafield asegura que posee una concesión de 6.757 hectáreas en Quinchía con el 80% inexploradas.

Así ofrece el proyecto de exploración la multinacional Seafield Resources en su página oficial.

Según Luis Enrique Orduz, uno de los abogados de la Corporación Podion que acompaña a la comunidad, el fallo obliga a la multinacional Seafield a buscar un arreglo con los mineros. El escenario más deseable para la comunidad es que la multinacional devuelva el título que compró y se retire de la zona, para que el oro sea extraído por la gente que siempre lo ha hecho de forma autónoma en emprendimientos propios. Así es como se generan los encadenamientos económicos, pues de ellos depende buena parte de la economía del municipio. “Para nosotros es una gran victoria porque reconoce a los mineros tradicionales la posibilidad de seguir trabajando de manera autónoma. Creemos que esto va a llegar hasta la Corte Constitucional”, puntualizó el abogado Orduz.

Sumado a ello, la presencia de una comunidad indígena que viene reclamando hace años sus territorios ancestrales para que sean declarados como resguardo, obliga a que cualquier proyecto foráneo tenga que ser consultado antes con ellos. Ese ha sido otro obstáculo importante para la multinacional.

El actual alcalde del municipio, Jorge Alberto Uribe, ejerció un cargo administrativo en la Anglo Gold Ashanti, otra gran compañía multinacional dedicada a la extracción de oro. Foto Rodrigo Grajales

Sin embargo, no todos los arreglos son deseables para la población. “La empresa les ha ofrecido a los mineros menores de veinticinco (años) un millón de pesos mensuales durante un año para que se vayan. A los que tienen de veinticinco a cincuenta años les va a dar un millón ochocientos mil. Y a los mayores de cincuenta dice que les va a pagar pensión. Según la empresa, eso le va a costar unos 5.000 millones. Pero ese es un mecanismo de transición económica, lo que va a generar es una modificación total de las dinámicas económicas del municipio, y después de un año nadie va a tener de qué vivir”, asegura Orduz. “La multinacional reunió a los mineros en el coliseo del municipio y les mostró una presentación en Power Point que falseaba lo que nosotros planteamos en la tutela. Según ellos, lo que buscábamos era prohibir toda la minería en la región, entonces algunos mineros tradicionales se enfadaron y amenazaron a los compañeros que promovieron la tutela generando una situación de zozobra”.

La administración municipal de Quinchía ha intentado desalojar a los pequeños mineros de Miraflores varias veces, argumentando una supuesta protección de los recursos naturales, tal y como expresaron ante el juzgado durante el trámite de la tutela. Esto ha causado sospechas entre muchos pobladores y activistas porque el actual alcalde del municipio, Jorge Alberto Uribe, ejerció un cargo administrativo en la Anglo Gold Ashanti, otra gran compañía multinacional dedicada a la extracción de oro que también tiene títulos en la región. Este medio intentó comunicarse con el alcalde de Quinchía para conocer su posición al respecto, pero nunca contestó las llamadas telefónicas.

Esaú Mora, el líder que interpuso la acción de tutela, asegura que aproximadamente 250 mineros trabajan en unos cuarenta túneles que hay en el cerro, por tanto, el desalojo obligaría al hambre a casi cuatrocientas familias. “Las políticas de la empresa no nos gustan porque hay muchas promesas, pero no cumplen nada. Acá hay gente muy pobre pero lo que tenemos nos da para conseguirnos la comida semanalmente. De esto vivimos, llevamos más de cien años aquí ¿a dónde nos vamos a ir a vivir con la situación como está en este país?”.

 

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