En el presente artículo se exponen las visiones de tres expertos politólogos sobre las movilizaciones sociales en América Latina. Las entrevistas fueron hechas antes del 21 de noviembre y por ello solo exponen una mirada proyectiva sobre lo que iba a suceder en el Paro Nacional que vive el país luego de esa fecha. Ellos son Santiago Castro, politólogo y rector de la Universidad la Gran Colombia; Laura Gil, internacionalista y politóloga, experta en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario, y Jorge Enrique Forero, politólogo y sociólogo, autor del libro Economía política del paramilitarismo colombiano.

 

Por / Edgar Quintero Herrera y Mariana Durán

 La demanda de políticas redistributivas y la ampliación del Estado de bienestar está en el centro de las movilizaciones sociales en Latinoamérica. ¿El paro del 21N en Colombia sigue esta misma lógica?

S. C. No es muy claro el sentido del paro del 21 de noviembre. Todos los sectores tienen argumentos diferentes. Es un punto de convergencia de muchas demandas que se están haciendo, no solamente al Estado, sino a algunas posiciones críticas del gobierno. Ni siquiera se trata de políticas públicas sino de ciertas acciones desafortunadas. Sin duda, hay sectores que perdieron las elecciones que exigen al Estado un papel mucho mayor; como hay otros que consideramos que debería retirarse un poco de la economía, pero que siga protegiendo las poblaciones vulnerables.

L. G. Las movilizaciones se están dando por motivos diferentes en América Latina, pero apuntan al mismo malestar: proyectos de modelos económicos que han fracasado porque han sacado a gente de la pobreza con mucho riesgo de que retornen a la vulnerabilidad. Entonces, esas clases medias sienten la fragilidad y temor al retroceso. Además, buscan una voz política y así se potencia mucho más. El paro fue convocado para el 21 de noviembre con una lógica económica. Contra la reforma tributaria, laboral y pensional. Pero ahora es un paro que representa el gran malestar que tiene Colombia, no sólo económicamente sino también por la falta de gobernabilidad.

J. E. F. El descontento acumulado frente a la implementación de políticas económicas neoliberales, es uno de los elementos comunes de las movilizaciones en Latinoamérica. Colombia, a diferencia de Chile y Ecuador, no ha tenido una ampliación reciente del Estado de bienestar, como sucedió en los gobiernos de Michelle Bachelet y Rafael Correa. La situación se agrava con la crisis de legitimidad del gobierno de Iván Duque y las denuncias alrededor de las violaciones de derechos humanos, como los asesinatos de líderes y lideresas sociales, que no son otra cosa que la manifestación del exterminio de la oposición política a nivel nacional.

 

Santiago Castro. Foto / Cortesía

Las protestas en Chile se han interpretado como la movilización de unas clases medias vulnerables, con altas expectativas económicas que no han sido satisfechas. ¿Se puede estar gestando un movimiento similar en Colombia?

S. C. Lo de Chile es el gran interrogante de lo que está pasando hoy en día en América Latina. Yo no hablaría de clases medias vulnerables en el caso chileno. Y sí, evidentemente, cuando hay sectores emergentes con una economía sólida como es la chilena, las expectativas crecen, y una economía que va bien, en ocasiones suceden estas cosas. Yo lamento lo que está pasando en Chile.

L. G. Las protestas no son por altas expectativas económicas sino por una clase media que quiere defender lo que alcanzó y no quiere retroceder. De todas formas, en Chile hay muchos pendientes de la dictadura. Cada paro, marcha y manifestación en América Latina, comparten con el resto de la región algo específico. En Chile, es la herencia de la dictadura que no ha desaparecido.

J. E. F. Las políticas económicas contra la clase media y el descontento de los estudiantes, son dos similitudes importantes. En Chile, existe una crisis tanto del sistema de salud, como del régimen pensional, además de un incremento permanente de los costos de luz, de agua y de transporte, que afectan a la clase media, pero en general a la toda la población. En Colombia, la clase media ha sido especialmente golpeada por la ley de financiamiento. La propuesta de disminuir el salario mínimo para los menores de 25 años, afecta a este sector de la población que tiene un mayor potencial de movilización.

Laura Gil. Fotografía / Cortesía.

Lenin Moreno y Sebastián Piñera, al principio de las movilizaciones en sus países, señalaban al gobierno venezolano como un factor determinante en las protestas. En Colombia, el senador Uribe señaló al Foro de Sao Paulo. ¿Cómo valora la respuesta del gobierno al paro del 21N?

S. C. Hablar de un complot internacional, independientemente de que exista o no, demuestra una debilidad del gobierno que perdió el respaldo de algunas partes de la ciudadanía. Quizá buscan explicar con una amenaza externa, cómo sus políticas son “acertadas” y aun así, las cifras del país no logran tener contentos al pueblo. Responder al paro del 21 alegando que va a haber violencia, vándalos que va a haber agresiones, lo único que hace es envalentonar a sectores que, de otra manera, estoy seguro, no hubieran marchado.

L. G. La respuesta del gobierno a la manifestación es inadmisible en una democracia. Primero los señalamientos, después los allanamientos, parece que estuviéramos capturando gente con base en predicciones. Aquí se debe garantizar el estatuto de oposición y no se está haciendo.

Es exagerado pretender que el régimen de Venezuela con las limitaciones que tiene, pueda tener semejante influencia en el resto de la región. Claro, siempre hay oportunistas preparados para hacer desmanes, pero darle tanto poder al Foro de Sao Paulo o a las brisas bolivarianas de las que hablaba Luis Almagro, lo único que significa es una falta de respeto a los ciudadanos. El no querer escuchar, lo vuelve un gobierno autista, sordo, ciego, mudo.

J. E. F. Está claro que, hasta ahora, la estrategia del gobierno ha sido la difusión del miedo. Las élites y la derecha colombiana han tratado de infundir temor sobre una alternativa al modelo neoliberal del país, insinuando que cualquier tentativa política en esa dirección podría generar un desastre como el que se está viviendo en Venezuela. Sabemos, a partir de Chile y Ecuador, que este discurso puede aumentar el descontento popular y forzaron a los gobiernos de Sebastián Piñera y de Lenin Moreno a negociar, pagando el costo político de sus decisiones.

Jorge Enrique Forero. Fotografía / Twitter

En el mapa ideológico de la región, el gobierno Duque ha puesto a Colombia dentro del sector más conservador. El reconocimiento de Jeanine Añez como presidenta interina de Bolivia sigue esa lógica. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta política?

S. C. El gobierno, precisamente para defender la democracia, ha considerado a Maduro un dictador y cuando sale un informe de la OEA sugiriendo que hubo fraude en Bolivia, Duque fue coherente al reconocer a Jeanine Añez como la persona encargada de suceder a Evo Morales y eso está en el marco de la Constitución. Ahora, para mí, la política exterior se desprende de la política interior y el gobierno de Iván Duque ha sido más coherente hacia fuera que hacia dentro del país.

La verdadera discusión está en si es válido o no que un programa de gobierno gane unas elecciones, como en el caso de Iván Duque y luego vía movilizaciones, protestas y paralizaciones, quienes pierden unas elecciones pretendan imponer su programa. Porque si no, para qué las elecciones, si en últimas, la calle es lo que decide y abrir esa puerta en América Latina sería difícil  de cerrar.

L. G. El cerco diplomático que comenzó el gobierno de Iván Duque tuvo beneficios por un tiempo, como sanciones, aislar a Venezuela en la región y aun así no se logró tumbar a Maduro. ¿Qué queda sino es dialogar?

Había una erosión democrática en Bolivia y por eso se reconoce a Jeanine Añez. Las democracias necesitan alternancia y nadie tiene por qué perpetuarse en el poder. Pero la nueva presidenta de Bolivia no hizo lo único que tenía que hacer: llamar a nuevas elecciones.

J. E. F. La política internacional del gobierno no es sorprendente. El uribismo es el representante de la extrema derecha en Colombia y es coherente con su total alineamiento con el gobierno de Donald Trump. Sin embargo, veremos si el hecho de respaldar a un gobierno que empieza con una falta de legitimidad notable, acusado de una ruptura del orden constitucional y que en este momento está violando de manera flagrante los derechos de la oposición política, puede tener un costo político para la administración de Duque a nivel interno.