El corredor de espera es frío. Las sillas tienen mal olor y revelan un descuido de décadas completas. Todos nosotros estamos allí sentados un poco cabizbajos, mientras nuestro abogado se regodea en risas y halagos con alguno de sus superiores. El oficial de policía hace el llamado y entonces es tiempo del show…
Por: Daniel Monsalve Bobadilla*
La fecha del 16 de noviembre de 2011 resultó particularmente trágica para mí y para mi núcleo familiar, tras el accidentado fallecimiento de Marta Lucía Bobadilla ( mi tía), luego de impactar de frente contra una volqueta varada que no poseía señalización adecuada para prevenir a quienes venían atrás en la carretera que yacía allí un vehículo inmovilizado. Después de casi tres años del hecho, el homicidio culposo de mi tía sigue en un lento y tortuoso proceso judicial.
De acuerdo con el Código Penal colombiano, un juicio es el proceso resultante de una larga consecución de procesos jurídicos tales como: peticiones, querellas o denuncias realizadas por la parte acusatoria, la cual debe tener a cargo de dichos procesos un abogado de oficio. Después de dichos procesos se llega a una imputación, acusación o resolución por parte de la Fiscalía, resultado de un proceso investigativo de una denuncia. Finalmente, el juicio se puede definir en varias etapas: una es la formulación, otra la preparación y, finalmente, el juicio oral que puede ser un proferimiento de sentencia o una reparación integral. En este caso particular, el juicio está en una reparación de víctimas, es decir, entrega de bienes por parte del acusado(a) a aquel o aquellos que según la ley son víctimas. Es sin embargo en este punto donde peor se puede sentir una víctima después de años de entrevistas con la Policía y demoras en la definición de las circunstancias de muerte, etc.
Personalmente, puedo afirmar que estar en un juicio es una de las experiencias más desesperanzadoras en las que he podido estar. Sin duda alguna el manejo de los crímenes en Colombia deja mucho que desear y tristemente éste, en particular, no fue la excepción.
En la fría mañana de Santa Rosa de Cabal, me encuentro en las afueras del Palacio Municipal, mientras el abogado de la familia charla jovialmente con una fiscal que se ha encontrado en las escalas. Finalmente y después de que el celador ha revisado mi maletín y se ha asegurado de que en realidad soy mayor de edad, me dirijo al quinto piso del Palacio, que es donde se llevará a cabo el juicio del caso.
El corredor de espera es frío. Las sillas tienen mal olor y revelan un descuido de décadas completas. Todos nosotros estamos allí sentados un poco cabizbajos, mientras nuestro abogado se regodea en risas y halagos con alguno de sus superiores. El oficial de policía hace el llamado y entonces es tiempo del “show”. Luego de pararse y sentarse para recibir a la honorable juez, comienza la imputación de los cargos contra el conductor y el dueño de la volqueta (cuyos nombres me abstendré de escribir).
Mientras el abogado de la familia luchaba por toda clase de excusas tales como mal psicológico, pérdida del sustento económico de la familia, y que por este duelo se debería otorgar la cuantiosa indemnización de 300 millones de pesos, la contraparte luchaba a todo tesón, basada en una imposibilidad económica casi de mendigos, por lo que decían que sólo podrían dar una cifra aproximada de 10 millones de pesos (valor neto de la volqueta involucrada en el accidente).La jueza lee con bastante rapidez y frialdad los cargos, mientras pide rápidamente los papeles que durante meses hemos tenido que recoger, tales como: poderes, registros, autenticaciones, etcétera. Luego de leer y mirar de reojo los documentos, se dirige a llamar a las víctimas (mi familia), que más que víctimas fuimos puestos en tal menester para poder aspirar a una indemnización. La jueza llama a mi abuela y a mi anciano abuelo que apenas puede recordar su número de identidad. Durante meses –o más bien años-, ambos se han visto obligados a responder preguntas un tanto triviales en diferentes juzgados por cuestiones de pensión y derechos. Después del absurdo protocolo de juramentación y la mención del nombre y número de identidad de cada testigo o víctima, llega la parte más dolorosa que es la intervención de cada uno de los abogados. Sin ánimo de generalizar, y teniendo en cuenta que a cada regla hay una excepción, es claro que la frialdad de aquellos que rezan la profesión de la abogacía empieza traspasar los límites de lo que se llamaría lo inmoral e inhumano. El afán por sacar comisión de cada caso que tratan los lleva a un nivel de conciencia casi mínimo y ha llevado a que quien escribe estas líneas, sin ser muy moralista que se diga, empiece a sentir cierta repugnancia por dicha profesión.
Durante la media hora que duraron las intervenciones de los abogados, yo sólo esperaba con ansias poder salir de dicho lugar. Resulta increíble pensar que a cada persona fallecida violentamente en Colombia se le den este tipo de tratamientos. Me sentí como en una subasta, en un canje económico típico de dos empresarios. Por primera vez en mucho tiempo estaba de acuerdo con la afirmación cliché de que en Colombia la justicia no existe. Y no estaba indignado por el hecho de que el conductor o el dueño de la volqueta no estuviese contemplando la posibilidad de ir a prisión; estaba más bien molesto porque el caso se había convertido en una especulación de dos abogados que querían enfocarse en cada caso particular. La verdad es que a ninguna de las dos partes les interesaba esta situación judicial. Parecía más bien una lucha ferviente de dos abogados y una jueza que pareciese tener más interés en el paisaje de la ventana que en el caso mismo.
Finalmente, el suplicio se acaba y ninguna de las partes llega a un acuerdo. Se supondría que el 3 de octubre, debería estar de nuevo asistiendo a la negociación, pero el juicio fue aplazado hasta nuevo aviso. A la salida, mientras espero el ascensor, algunos curiosos preguntan de qué trataba la audiencia o cuál era el caso que recién había terminado. El abogado de la familia vuelve a enfocarse en su celular mientras el otro abogado charla detenidamente con sus clientes. Mi familia y yo salimos del ascensor en silencio sabiendo que hemos perdido nuestro tiempo y que hemos llevado nuestro tiempo perdido desde el mismo momento en que nos convencieron de iniciar un proceso legal. Es más difícil tener un duelo así, mientras se habla de un ser querido muerto como carne de cañón. Marta no valía ni 300 ni 10 millones. No era ninguno de esos dos valores, era solo la tía, la casi hermana.
¿Vale la pena seguir asistiendo cada dos meses al mismo show? Yo diría que no. En este caso, entre la omisión y el acto prefiero la omisión. Prefiero la impunidad a la acción, porque siento que la indemnización –más que una retribución para nuestra angustia- es un premio para el abogado, y me siento indigno haciendo parte de esta disputa.
Creo que el caso de Marta debería tomarse como un accidente más que como un homicidio culposo. Desgraciadamente hay imprudencias que pueden terminar con la vida de alguien, pero éstas no son motivo para inmiscuirse en batalles legales entre abogados durante meses y meses y tratar de encarcelar o dejar en problemas económicos a quien cometió este error. Sólo he visto a los acusados dos veces y nunca crucé palabra con ellos. Sin embargo, al verlos me llené de un odio irracional hacia ellos; me di cuenta en seguida de que yo no los odiaba sino que se me había infundado un rencor extraño hacia estas dos personas, y fue entonces cuando tomé la decisión de escribir esta crónica.
Ahora, cuando veo las noticias y cuando a los familiares se los entrevista después de los juicios, puedo notar esa indignidad y ese cansancio de las batallas legales. Algunos porque como en mi caso se ven envueltos en luchas innecesarias y perdidas, y otro porque se quedan en la intemperie, mientras verdaderos criminales y perpetradores siguen disfrutando de total protección.
*Estudiante de Licenciatura en Comunicación e Informática Educativas (III Semestre)