MEDELLÍN: LA PAZ NEGOCIADA CON LA ILEGALIDAD

Una ciudad que siempre ha vivido en las últimas tres décadas con una seguridad privatizada, una idea de seguridad prestada, comprada al mejor postor, y que se nutre de esos pactos incluso hasta el día de hoy. En un aniversario más de la Operación Orión del 2002, donde actuaron las fuerzas del Estado en connivencia con grupos paramilitares.

 

Por / Norvey Echeverry Orozco 

Hablamos con Adriana Arboleda, defensora de derechos humanos y directora de la Corporación Jurídica Libertad, organización dedicada a defender los derechos humanos en la ciudad de Medellín desde 1993 para conocer cuál es la dinámica de las múltiples fuerzas ilegales que en la actualidad tienen injerencia en la vida ciudadana.

 

¿Cuáles son las causas para que el conflicto urbano se ensañe con Medellín?

Creo que hay varios factores y dinámicas que responden según el tiempo. Medellín es una ciudad que tiene unos intereses muy grandes para distintos sectores. Es una ciudad que pasó, después de los años ochenta, de ser industrial a ser prestadora de servicios, centro de negocios, en la lógica que diseñó el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) de dividir por regiones todo el departamento para explotar sus potenciales económicos. Al área metropolitana, pero especialmente a Medellín, le correspondió ser la articulación del centro de negocios. Por acá pasa todo el mundo que va para el Bajo Cauca al tema minero, o al Oriente al tema energético o el tema industrial. Es una ciudad que se proyectó como turística y es una ciudad que se quiere posicionar como centro tecnológico. Eso llevó, por ejemplo, a que desde los años ochenta se desarrollaran modelos como Antioquia la mejor esquina de América, o Antioquia siglo XXI. Estuvo acompañado de un proceso de fortalecimiento de seguridad privatizada, desde las alcaldías de Luis Alfredo Ramos y Juan Gómez Martínez.

La idea que se construyó de seguridad fue una seguridad privada donde se les entregó parte del monopolio de esa seguridad a personas de civil. En el 2000 nosotros, las organizaciones de derechos humanos, denunciamos cómo parte de un préstamo del BID se ejecutó en compra de cámaras y en vincular a empresas privadas de seguridad. También otro factor fundamental fue lograr que toda esa dinámica miliciana que se había dado en los años ochenta y que tuvo mucho auge también a inicios de los noventa, hiciera que se diseñaran una serie de pactos de convivencia. Eso tuvo diferentes nombres: pactos de convivencia, pactos de no agresión, pactos de paz, que lo que hicieron fue poner toda esta camada de jóvenes que venían de los procesos de milicias urbanas a que prestaran servicios de seguridad a la institucionalidad.

Y eso, a mi modo de ver, también fue una forma de ir inyectando el monstruo que hoy tenemos, porque desde los años ochenta lo que estamos viendo es que la institucionalidad cede la seguridad a sectores privados. Todos estos muchachos que habían prestado servicio al sicariato quedaron regados en toda la ciudad. ¿Con eso qué tenemos? Una ciudad que siempre ha vivido en las últimas tres décadas con una seguridad privatizada, una idea de seguridad prestada, comprada al mejor postor, y que se nutre de esos pactos incluso hasta el día de hoy. Yo no sé si estabas leyendo el famoso Pacto de quitasol en Bello y hoy lo que aquí en Medellín se conoce como el Pacto del fusil.

Estamos hablando de un proceso de seguridad que está al servicio del mejor postor. Se juntan, creo yo, como todos esos intereses de la idea que tenemos que mantener una pacificación de esta ciudad para que sea centro de negocios, pero la seguridad no está realmente en manos del Estado, sino que es una seguridad comprada, una seguridad pactada con actores ilegales. Nunca logramos desmantelar esas grandes estructuras criminales, sino que esas estructuras se mantienen, cambian de nombre y siguen prestando sus servicios de seguridad a la institucionalidad a través de pactos que se rompen periódicamente y que aumentan la tasa de homicidios, que luego vuelve a haber como un proceso de tranquilidad porque se vuelve a negociar y volvemos a caer. A mi modo de ver esa es la lógica que tenemos en los últimos años y que se sigue manteniendo. Es una lógica de mercado, una lógica capitalista, donde lo que interesa no es desmantelar las grandes estructuras del crimen sino servirse de ellas en función de esos intereses económicos y políticos.

Sigue existiendo una parte de La Oficina en algunos sectores. Muy fuertes las AGC comprando su poder en los distintos lugares. Fotografía / Andrea Gago Menor

¿Cuáles de esos actores ilegales, en este momento, tienen el control de la seguridad en Medellín?

En Medellín siempre ha funcionado desde los años noventa que haya como pequeñas bandas criminales en todos los barrios. Lo que sirven es como una especie de franquicias a estructuras nacionales. Primero fue el Cartel de Medellín, después fue el paramilitarismo (en todas sus expresiones), lo que se conoce aquí como la “Donbernabilidad”, o sea el Cacique Nutibara, luego eso devino en la Oficina de Envigado que es un nombre, pero que tenga una franquicia en toda la ciudad se rompió en varios pedazos por los poderes de ellos. Yo diría que hoy realmente quien tiene el poder son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia que compran esa franquicia; es decir: hacen que las estructuras ilegales, en los sectores, le sirvan a sus intereses. Y obviamente, también siguen existiendo esos sectores de lo que se conoce también como La Oficina, ¿cierto?, pero hay sectores que también mantienen poder muy fuerte. Los Triana, en las zonas de las comunas uno, dos, tres. Sigue existiendo una parte de La Oficina en algunos sectores. Muy fuertes las AGC comprando su poder en los distintos lugares.

 

Respecto a eso último, el jueves 1 de octubre, cuando ocho territorios del país amanecieron grafiteados con el acrónimo de las AGC. ¿Cómo entenderías dicho acto, en un nivel de articulación que, evidentemente, fue nacional?

Es un acto muy diciente. O sea, es una muestra de poder, es un mensaje que están mandando del poder que tienen y de su capacidad de influencia. Nosotros, hasta el día de ayer (2 de octubre), llevábamos contabilizados 71 municipios en doce departamentos. De esos 71 municipios, 39 eran de Antioquia, en una acción que, evidentemente, fue coordinada. Fue la misma noche, el mismo día. La pregunta entonces es quién dio la orden, porque eso no pudo haber sido que a alguien se le ocurrió que en un mismo día a una misma hora. El hecho de que fueran en tantos municipios, en tantos departamentos y en una misma fecha, evidencia una coordinación. Incluso hay municipios del oriente antioqueño, por ejemplo como El Santuario o El Carmen de Viboral, donde no habíamos evidenciado presencia de las AGC que amanecieron con pintas. Entonces lo que evidencia esto es que hay que hacer un análisis de la articulación de las AGC con sectores de la fuerza pública. Se han denunciado, porque incluso hay evidencias de eso en el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño. Es un secreto a voces que las AGC, sobre todo Otoniel y todo su grupo, se puede mover porque hay sectores de la fuerza pública que lo protegen. Lo que nosotros creemos es que realmente lo que se quería mandar es un mensaje de fuerza, un mensaje de poder, un mensaje también frente a la coyuntura que estamos pasando. No hay que obviar que esto se da en el marco de un contexto nacional, un contexto de agresión, un contexto, digamos, de denuncia frente a la actuación de la fuerza pública, de denuncia frente al tema de los asesinatos de líderes y lideresas sociales. Parece una medición de fuerzas y un mensaje de decir: aquí estamos y vamos a actuar contra todos los que piensen distinto, vamos a actuar en contra de los que estén denunciando el tema de la actuación ilegal, arbitraria y desconocedora de los derechos humanos de la fuerza pública. Es volver, incluso, a mecanismos que ya se dieron atrás. Lo mismo hicieron las AUC a finales de los años noventa, también cuando se dio acá todo el poder de Diego Fernando Murillo Bejarano en el 2003, 2004, que llenaron todas las paredes de Medellín diciendo: “Don Berna, Medellín está contigo” o “Gracias, Don Berna, por la paz que trajiste”. Son mensajes de poder que cumplen también una estrategia de generar mucho miedo, porque así no estén presentes, dejan mensajes y dejan una sensación de terror frente a la población que se siente intimidada y sobre sectores sociales que están movilizándose, que están exigiendo derechos. Creo que ese era el mensaje que había que leer en el marco de todo lo que está pasando en el país.

Finalmente, lo que pasa en los barrios -lo puedes ver en todas las comunas- es que no existe realmente libertad. Fotografía / Archivo

¿Los llamados pactos de fusil son una buena estrategia para, además de reducir muertos, lograr el fin de la guerra urbana entre los combos delincuenciales?

Son una excelente estrategia para los gobernantes, pero son una tragedia para la democracia y los derechos ciudadanos. Los pactos de fusil realmente logran, digamos, una pacificación temporal y una baja en los homicidios.

Pero, primero: eso no implica que se bajen todas las modalidades de agresión, porque lo que hemos visto es que casi siempre que bajan las cifras de homicidio aumentan las cifras de desaparición forzada, o las muertes de otra modalidad (la tortura o el desplazamiento forzado). Es una falacia decir que el pacto del fusil logra tranquilidad absoluta, lo que logra es imponer unos grupos de poder en los territorios que, bajo un dominio y un control territorial, evitan ciertas dinámicas de violencia. La población se siente un poco tranquila, porque por lo menos pueden caminar; lo que pasa, por ejemplo, en Bello: ahí todos los días había enfrentamientos. Hay un pacto, entonces la gente siente que hay un nivel de tranquilidad, por eso también hay cierta acogida de los pactos, porque las personas que viven en estos sectores prefieren eso a estar en la intranquilidad de las balaceras diarias. Es una tragedia para la democracia, primero porque el Estado cede la legitimidad y el poder de la seguridad a esos sectores privados; segundo, porque no desmantela estas estructuras criminales que luego de estos procesos vuelven normalmente a dinámicas de violencia. O sea, el monopolio de la fuerza no está en la institucionalidad sino que está en sectores privados que no tienen ningún interés en respetar los derechos humanos ni en respetar la vida de las personas, sino unos intereses por el narcotráfico y por la política. Mira que estos pactos de fusil son muy comunes en épocas preelectorales cuando se está configurando la ciudad. Aquí es muy extraño, porque los periodos presidenciales electorales empiezan con dos años de anticipación. Pero como te digo: en últimas eso también es una tragedia para la democracia porque la ciudadanía sigue estando a merced, digamos, de controles territoriales que se ejercen desde la ilegalidad, pero además que tienen el visto bueno de las administraciones locales y de la fuerza pública. ¿Entonces qué posibilidad tenemos en garantías de seguridad, de garantías de respeto a los derechos humanos, de las garantías ciudadanas, si estamos a merced de grupos ilegales que pactan con las estructuras legales unos pañitos de agua tibia en seguridad? Porque, finalmente, lo que pasa en los barrios -lo puedes ver en todas las comunas- es que no existe realmente libertad. O sea, los líderes y lideresas sociales, las organizaciones comunitarias, el movimiento social está a merced de estos actores ilegales que actúan en cualquier momento, así ya no haya agresión todos los días, actúan en función de esos intereses políticos y económicos. En las marchas, ahorita el 9 y 10 de septiembre, lo vimos: todos los grupos ilegales en las marchas. La Policía actuando con personas de civil que los estaban apoyando para actuar en contra de los manifestantes, para golpearlos, dispararles, etc. Eso lo pueden hacer, justamente, por esas relaciones que existen entre la ilegalidad y la legalidad.

 

Cuando el periodista Camilo Alzate realizó un artículo sobre la comuna trece en 2018, en los meses que se presentó un auge de la violencia, la gente le comentaba que los combos estaban aliados con la Policía. ¿Esa relación sigue igual que en el año 2002, cuando los paramilitares y jóvenes de combos se aliaron para realizar operaciones conjuntas?

Eso no cambia, porque eso obedece a los pactos. Incluso aquí siempre hay denuncias y hay señalamientos frente a las autoridades, frente a la administración municipal, que favorece eso. Había que preguntar, por ejemplo, hasta qué punto la administración actual de Medellín tiene conocimiento o no de esos pactos. Pero en general lo que vamos viendo es que esa realidad se mantiene. Hay mutaciones de los grupos, de las divisiones que ellos mismos van teniendo, pero en general la realidad de convivencia entre esos actores ilegales y la fuerza pública (ya sea de la Policía o del Ejército), eso se mantiene.

Las operaciones militares, básicamente, estaban encaminadas no solamente a sacarlos a ellos sino a garantizar el posicionamiento de las estructuras paramilitares. Fotografía / Archivo

¿Cómo era el actuar de las milicias guerrilleras en la comuna trece antes de que irrumpiera la nefasta operación Orión?

Allá estaban presentes los CAP (Comandos Armados del Pueblo), ellos fueron uno de los únicos grupos que no firmaron esos pactos de convivencia de milicias en los noventa y, pues, también había presencia de las milicias de las FARC y del ELN. Las FARC y el ELN, sobre todo, empezaron a entrar como desde finales de los noventa. Las FARC con mayor fuerza desde que se rompen las negociaciones en el Caguán. Yo pienso que ellos estuvieron ahí cohesionados y con mucho poder en algunos sectores de la comuna trece hasta el 2002, porque en el 2002, con todas las operaciones militares, ellos lo que hicieron fue que lograron desmantelar estas milicias y salir de allá. No es verdad, como te decía, que siguieron actuando, porque uno no puede decir que no haya personas, pero como estructuras político-militares ya no están porque no tenían forma de enfrentar toda la fuerza del Ejército, la Policía y los grupos paramilitares en ese sector. Las operaciones militares, básicamente, estaban encaminadas no solamente a sacarlos a ellos sino a garantizar el posicionamiento de las estructuras paramilitares. Digamos que estuvieron ahí con fuerza y control territorial hasta octubre que fue la operación Orión.

 

¿Qué estigmas contra los habitantes de la comuna trece siguen vigentes luego de operaciones como Mariscal y Orión?

La estigmatización fue un patrón para legitimar las actuaciones arbitrarias de la fuerza pública en la comuna. Acusar a toda la población (en especial a la juvenil) de tener vínculos o de ser auxiliadores de la guerrilla y de las milicias. Hoy en día se reproduce acusándolos de pertenecer o de actuar en favor de la fuerza pública. La población juvenil ha sufrido todos los rigores de la guerra en la comuna trece, sea porque los acusan de pertenecer, o por el estigma que sufren de los propios grupos, obligándolos a actuar; cuando no actúan son asesinados, o cuando los jóvenes actúan resistiendo a toda esa dinámica de terror y de violencia, también se convierten en blanco. Entonces, nosotros siempre hemos dicho que los jóvenes en la comuna trece tienen una situación muy compleja, porque sufren la arremetida de toda esa ilegalidad, ya sea porque son estigmatizados o porque resisten a través de acciones pacíficas o acciones de no violencia contra toda esa criminalidad.

Una forma de enterrar la realidad de violencia que seguimos viviendo, porque todos sabemos que en Medellín conviven varias ciudades a la vez. Fotografía / Archivo

En 2019 se implosionó el edificio Mónaco, tratando así de dejar atrás un pasado sangriento en la ciudad. ¿Esa es realmente la manera en que Medellín se sobrepone a su pasado, o por el contrario es la forma de mitificar a personajes como Pablo Escobar?

Eso fue una actuación propagandística de Federico Gutiérrez. Hacer todo un espectáculo donde lo esencial no era la memoria ni de las víctimas ni la memoria de la violencia, sino que lo esencial era un acto de propaganda para mostrarse como el gran defensor de la vida y el gran defensor de la memoria, pero la prueba está en que nunca le importó realmente avanzar en el esclarecimiento de lo que significó el Cartel de Medellín, lo que significó combatir el Cartel de Medellín a través de los famosos Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), lo que significó el asesinato de jóvenes en los barrios. Si queremos realmente hacer un ejercicio de memoria tendríamos que ver todo eso. El problema no era un edificio, sino realmente poder leer históricamente el símbolo que puede significar ese edificio en la narrativa de la violencia en la ciudad. Digamos que para nosotros fue un acto totalmente arbitrario, porque si realmente él quería homenajear a las víctimas debió haberlas llamado y generar una discusión colectiva sobre qué hacer con ese edificio. Esos sitios son de memoria para recordar, justamente, a las víctimas, para hacer reflexión de las garantías de no repetición, una reflexión sobre el papel de los gobernantes en todo eso. La implosión del edificio Mónaco realmente era una forma de decirle a la ciudadanía que se mantiene ese relato que siempre se ha dicho: Medellín es la mejor, ya somos una ciudad transformada, aquí ya no pasa nada. ¿Cierto? Una forma de enterrar la realidad de violencia que seguimos viviendo, porque todos sabemos que en Medellín conviven varias ciudades a la vez: la ciudad que se vende, la ciudad turística, la ciudad que gana premios a punta de estrategias de marketing. Lo que pasó ahí no contribuyó a mantener un relato de memoria donde el centro fueran las víctimas y donde el centro fuera una lectura, una reflexión profunda de lo que significó el Cartel de Medellín en la realidad de la ciudad y del país.