Anacrónicas / El contrato social

MARTÍN RODAS IZQLa calle es un mundo paralelo que teje relaciones de una forma u otra con la formalidad, a la cual no han podido acceder, pero también han creado sus propias maneras de sobrevivir alternativas a lo que el sistema propone.

 

Por Martín Rodas

La percepción negativa que hay en torno a quienes se dedican a la informalidad es generalizada. Son vistos de reojo como personas peligrosas que ocupan ilegalmente el espacio público y generan inseguridad. Los hay en todo el mundo lo mismo que el pensamiento generado en torno a ellos.

Son pocas las personas que se detienen a mirar este fenómeno social con el cuidado que se merece. Afortunadamente, algunos analistas lo han tomado como objeto de sus estudios de los cuales emergen otros puntos de vista más amables y humanos. Desde esta perspectiva, quienes habitan en estas márgenes son seres con la misma catadura existencial que nos hace frágiles y débiles ante las adversidades de la vida. Son madres cabeza de familia o desplazados por la violencia, campesinos que buscan mejores oportunidades en las ciudades o personas que no han podido ingresar al mercado laboral legal.

La posición cómoda es tratar la venta callejera y la economía informal como un asunto criminal, pues están por fuera de los marcos legales. Pero entre ejercer una actividad económica y el crimen hay mucha diferencia. El sociólogo Mitchel Duneier expresa que “Los vendedores no solo cumplen con códigos y normas, sino que su presencia en las calles aumenta el orden social. Mantienen sus ojos en la calle y la estructura de la vía les anima a apoyarse unos a otros”.

La calle es un mundo paralelo que teje relaciones de una forma u otra con la formalidad, a la cual no han podido acceder, pero también han creado sus propias maneras de sobrevivir alternativas a lo que el sistema propone. En su aparente “desorden”, estos semihabitantes de la calle crean, a partir del caos, otros “órdenes” que muchas veces son más creativos que el instituido oficialmente, pues se nutren de la sabiduría popular, que es tan antigua y profunda como la humanidad misma.

También debemos reconocer que la calle, en donde la gente sencilla se rebusca la vida, es campo de batalla de grupos paramilitares y mafias de la droga, frente a lo cual el Estado permanece inmóvil y no ofrece ni protección ni alternativas, solo represión. Muchas de estas personas han sido víctimas del desplazamiento del campo a las ciudades y del que se produce también al interior de las urbes y la única alternativa que tienen es ir a la deriva en las corrientes que generalmente mueven las olas de violencia, la corrupción, la injusticia y la desigualdad social de nuestras sociedades.

Por esto, igualar a una madre vendedora informal con las mafias, es aplicar la estrategia facilista y perversa de acabar con los campesinos porque son el caldo de cultivo de las guerrillas. Si se está dialogando con los grupos subversivos, ¿por qué no se dialoga con quienes han asumido su existencia desde un campo económico lleno de riesgos y que son la base, en un porcentaje alto, de la economía colombiana? Ellas y ellos deben ser tenidos en cuenta como actores principales de la sociedad y su voz debe ser tan visible como la de cualquiera de nosotros que permanecemos sentados “formalmente” frente a un escritorio cinco o seis días a la semana… ocho o más horas diarias, hasta que nos llegue eso que llaman jubilación, cuando uno está como una pasa y más acabado que la decencia… (¡Dios mío, juro que a veces preferiría ser informal!).

Leía hace poco un artículo sobre el tema, el cual planteaba con mucha razón que el gobierno alega que no se puede negociar con los ilegales que se apropian del espacio público, pero argumentaba el comentarista, que ilegales son las costureras, los mecánicos, las peluqueras, las cuidadoras, los recicladores de oficio, los que arreglan computadores, los maestros de obra, los cerrajeros, los plomeros, etc., y que todo aquél que ejerce un oficio en la informalidad es ilegal, pues no paga los impuestos propios de su actividad y no cotiza a la seguridad social. Por último, se planteaba en su reflexión que si la informalidad se mide por cumplir con la obligación de estar activos en la seguridad social (salud y pensiones), las tres cuartas partes de la población económicamente activa es ilegal y que ante estos porcentajes contundentes lo que se trata no es de perseguir a los ilegales, se trata es de que el Estado carece de legitimidad para hacerlo cuando la mayoría de la población trabajadora está por fuera del contrato social.