Parece que es una respuesta europea, pero “a lo turco” (aprovechando el actual régimen político de este país), que va en contra del derecho internacional, en particular los derechos humanos y el derecho del refugio.

Por Wooldy Edson Louidor
Para 2013, ya era muy visible la migración exponencial hacia Europa, vía el Mediterráneo, de refugiados provenientes principalmente de Siria, Pakistán, Afganistán y países del Norte de África, entre otros. Grecia e Italia fueron los países europeos más afectados por estos flujos. Las estadísticas subrayaron la magnitud de esta situación crítica. En 2015 había 1.26 millones de solicitantes de asilo en Europa; cifra que aumentó a 2.5 millones en 2016. En 2015 se estimó a 3.771 el número de personas que murieron en el Mediterráneo buscando llegar a Europa; cifra que llegó a 5.022 en 2016.

La “espectacularización” de las tragedias en las que murieron refugiados y migrantes en el mar Mediterráneo se encargaron de evidenciar con fuerza la necesidad urgente que había para la Unión Europea de responder como comunidad. Por ejemplo, en la Isla italiana de Lampedusa perecieron más de 700 migrantes, originarios mayoritariamente de Somalia y Eritrea. En septiembre de 2015, se encontró el cadáver de un niño sirio de 3 años Aylan en una playa de Grecia.

Sin embargo, hasta finales de 2015 el Consejo Europeo hablaba de “flujos migratorios excepcionales” y, en concreto, de una situación que exigía “medidas concretas de solidaridad hacia los Estados miembros” afectados por dichos flujos: Grecia e Italia. “Excepcionales” significaba que le tocaba a la Unión Europea dar una respuesta solidaria para apoyar a Grecia e Italia frente a dicha situación.

Efectivamente, el 22 de septiembre de 2015 el Consejo Europeo tomó la “decisión europea” (véase http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015D1601&from=EN ), basada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en particular su artículo 80, que establece el principio de solidaridad y de responsabilidad compartida entre los Estados miembros. Esta decisión del Consejo Europeo -que fue interpelada por Hungría y Eslovaquia, con el apoyo de Polonia, República Checa y Rumanía- hablaba el lenguaje de los derechos humanos y de la protección internacional de quienes buscaban asilo (refugiados y personas con necesidad de dicha protección). La resolución pedía a los países miembros que se comprometieran con la reubicación en sus propios territorios de 120.000 refugiados y personas con necesidad de protección desde Grecia e Italia.

Sin embargo, ante la falta de consenso entre los Estados miembros, el Consejo Europeo buscó otra respuesta en la que se incluyó a otro país vecino, Turquía; se trata de la Declaración Unión Europea-Turquía del 18 de marzo de 2016 (véase http://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/ ).

Esta respuesta “europea-turca” encarga a Turquía el trabajo sucio, consistente en: incrementar los esfuerzos de seguridad por parte de sus guardacostas y policías, interceptar a todos los migrantes irregulares, luchar contra los traficantes y recibir a los migrantes que supuestamente no precisen protección internacional. Vale subrayar que el régimen político en Turquía ha sido acusado por Amnistía Internacional, entre otras organizaciones de derechos humanos muy reconocidas, de haber originado diversas violaciones a los Derechos Humanos, en particular contra la población kurda.

Parece que es una respuesta europea, pero “a lo turco” (aprovechando el actual régimen político de este país), que va en contra del derecho internacional, en particular los derechos humanos y el derecho del refugio. Por eso, era importante dejar claro en el documento que esta respuesta se enfocaba a tratar la “crisis migratoria”, es decir que había que tomar medidas temporales y extraordinarias, basadas en la “seguridad” y enfocadas a restablecer el “orden público”. La paradoja es que en esta crisis los “enemigos” son justamente los que necesitan asistencia y protección internacional: los refugiados.