A nivel global existen casos ejemplares: la facilidad con que un ejecutivo pasa de ocupar una silla en la Organización Mundial de la Salud a hacer lo propio en la junta directiva de una corporación de la industria farmacéutica nos da una idea de lo complejo y peligroso de la madeja.
Por: Gustavo Colorado G.
Quienes los eligen viven su propia agonía en las salas de espera de clínicas y hospitales… si lograron superar la cadena burocrática instaurada por los carteles que se lucran con el negocio de la salud en Colombia.
Por su lado, esos mismos carteles que financiaron sus campañas para llegar al congreso urden toda suerte de maniobras dirigidas a reducir a su mínima expresión una reforma a la salud viciada desde un comienzo por conflictos de intereses.
Son los descarados, el grupo de congresistas colombianos tan cercanos a los apetitos de las EPS como ajenos a las tribulaciones de sus electores, esos que la letra muerta de nuestras normas invoca como “el constituyente primario”. Durante la campaña política le prenden, como quien dice, “ una vela a Dios y otra al Diablo”. Al tiempo que recorren barrios y veredas solicitando el necesario voto ciudadano, se reúnen con los dueños de la chequera para definir el tamaño de sus compromisos en caso de alcanzar un escaño en los órganos legislativos.
Cada vez que alguien quiere ilustrar a un auditorio sobre el monto de utilidades de un negocio invoca siempre ejemplos tomados de las economías ilegales: los más lucrativos son el tráfico de drogas, de armas, de personas o la prostitución, nos dicen los expertos. Por alguna razón omiten la mención del sector de la salud, edificado sobre la más inalienable de las expectativas humanas: la de vivir bien y mantenerse, en la medida de lo posible, alejado de las enfermedades y sus secuelas. Para alcanzar ese grado de bienestar y el de los seres amados, todos estamos dispuestos a hacer lo imposible. Es allí donde empieza a funcionar a todo tren una caja registradora en la que meten la mano legisladores, gobernantes, jueces, laboratorios, industria farmacéutica, centros de imagenología, radiología, clínicas , hospitales y, cómo no, las todopoderosas y siempre quejumbrosas Empresas Prestadoras de Servicios en Salud. A nivel global existen casos ejemplares: la facilidad con que un ejecutivo pasa de ocupar una silla en la Organización Mundial de la Salud a hacer lo propio en la junta directiva de una corporación de la industria farmacéutica nos da una idea de lo complejo y peligroso de la madeja.
Pero lo asombroso viene después: a pesar del rápido crecimiento del sector, verificable en la multiplicación de clínicas, laboratorios, intermediarios y distribuidores de medicamentos, a la hora de hacer balances y revisar las cuentas todos dicen estar en quiebra. Raro y atractivo negocio este en el que muchos quieren invertir mientras proclaman en público que el sector entero va a la ruina.
Es entonces cuando el mismo Estado que se muestra incapaz de reformar a fondo el sistema, aparece como salvador. Tal como acontece con el sistema financiero cuando los ciudadanos acabamos pagando las fechorías de los banqueros, en el caso de la salud ya se insinúa que el déficit acumulado por los hospitales ante el no pago de las EPS podría ser cubierto con recursos provenientes del Fondo de Solidaridad y Garantía, es decir, con dineros que en últimas provienen de los mismos ciudadanos.
Estaríamos entonces ante una revalidación del viejo y pernicioso truco de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas. Los dineros desviados hacia manos particulares serán suplidos con recursos que en sociedades menos turbias -si es que existen en algún lado- deberían destinarse a atender otro tipo de situaciones.
En este punto empiezan a desempeñar su papel los congresistas que, solo en teoría, llegaron a esas instancias para defender los intereses y suplir las necesidades de quienes los eligieron. En teoría, porque en la práctica operan al modo de un Doctor Jekyll que una vez logrado su propósito inicial se desdobla para dar paso a un Mister Hyde cocinado en las tinieblas. A esa altura del camino, la salud, ese derecho consagrado como fundamental en la constitución política se desvanece para dar paso al puro y duro mandato de un mercado para el que la vida humana es apenas otro eslabón de la cadena productiva. No por casualidad en el texto de la reforma a la salud se contempla que los aspectos protegidos hasta la fecha por el recurso de la tutela estarían supeditados al mandato del Ministerio de Hacienda, por encima de los criterios médicos y jurídicos invocados por los jueces para defender la vida. Descarados que son estos fulanos a los que, por alguna absurda razón, muchos se empecinan en llamar “Padres de la Patria”.