Muerte, enfermedad y maltrato para pacientes y trabajadores.

FABIAN MORALES (IZQ)Por: Fabian Morales

 

Es triste decirlo pero un novelista de horror no necesitaría mucha imaginación para escribir sus obras, si sólo se dedica a describir el paupérrimo sistema de salud colombiano controlado por las Empresas Promotoras de Salud EPS.

En al actual sistema general de salud soportado por la Ley 100 de 1993, miles de personas mueren o  se les agravan sus enfermedades debido a la negligencia y abuso de las  EPS. Éstas en su función de intermediación manejan casi la totalidad del presupuesto de la salud, y en el cobro a esta función, obtienen billonarias ganancias. Niegan citas con especialistas, cirugías, medicamentos o dejan de pagar los dineros correspondientes a hospitales y clínicas del país.

Lo anterior ha sido el producto de la política impuesta en los últimos 20 años por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidades multilaterales de crédito al servicio de los intereses de los Estados Unidos (EE.UU). Las mismas a las que nuestros ministros rinden un culto ridículo, inclinados ante las “sagradas escrituras” neoliberales que pregonan y aplican en la política  general, en cuanta reforma a la salud promuevan o en los planes de desarrollo de los distintos gobiernos. Incluso las orientaciones en materia de salud son avaladas por la constitución de 1991 que promueve el libre comercio y acaba los monopolios estatales, con el fin de estregárselos a la “benevolencia y eficacia” del sector privado, a las EPS.

Es así como en distintas gavillas que han pasado por la casa de Nariño, han defendido este sistema de salud con la coreada ‘cobertura’ o la ‘universalización’ del sistema de  salud. Tal cual lo celebra el BID en sus documentos para América latina. Repiten que esos factores han pasado del 25 % en 1993 a 92 % en 2012. Pero lo cierto del caso es que detrás de esta cortina, esconden los detalles de un sistema que enferma, excluye a la población de la atención de calidad; y maltrata y degrada la labor de médicos, enfermeros y demás trabajadores de la salud.

Ya es común que a millones de usuarios les toque hacer una carrera de obstáculos ya sea para obtener una cita en el régimen subsidiado o acceder a un medicamento, o una autorización para un servicio en una EPS. Son enormes las denuncias ante la fiscalía por incumplimientos de los hospitales y EPS del régimen contributivo y subsidiado. Por otra parte,  la tal cobertura se queda corta ante la realidad poblacional del país, generando que los usuarios de zonas rurales o ciudades alejadas, tengan que desplazarse a centros de atención especializados situados en ciudades centrales o intermedias, hecho que enfrenta la necesidad médica con la economía y el tiempo del paciente.

Actualidad

El presente de la salud es alarmante. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), las EPS del régimen contributivo y subsidiado, mas los entes territoriales y otras entidades del estado; le deben cinco billones de pesos. Del total de la deuda se destaca el 9 % en mora de los entes territoriales, que han visto cómo sus recursos para la salud han caído luego del recorte a las transferencias en el año 2001, firmado por el entonces ministro de hacienda Juan Manuel Santos. De igual modo la deuda de las EPS de los dos regímenes asciende al 65% del total, con el agravante que varias de estas empresas se encuentran en liquidación, generando una cartera morosa de más de 1 billón de pesos; eso sí, las EPS mientras que siguen haciéndose las de la vista gorda con sus obligaciones, son enormemente juiciosas con el pago de los préstamos adquiridos con los bancos.

Y aunque parezca increíble la salida a la crisis que ha planteado el ministro de salud Alejandro Gaviria, es que la deuda de las EPS que están en liquidación se pueden “castigar”, es decir; como el Estado no está supuestamente en capacidad de cancelar más de un billón de pesos de cartera morosa, entonces le facilita a los hospitales y clínicas créditos blandos en entidades financieras para que sean  canceladas en plazos de 15 ò 20 años. De esta manera muchas instituciones de salud no recibirían el dinero correspondido, por el contrario, le saldrán a deber a los grandes magnates de los bancos que cada año inflan sus millonarias utilidades.

Hay que agregar que Risaralda no se escapa a la crisis y en estos momentos la deuda de las EPS con las instituciones de salud Risaraldenses asciende a más de $43 mil millones. Resultado de esto ha sido el cierre de la Clínica Cruz Verde. Está en crisis la Clínica Marañón por la deuda de $1800 millones de varias EPS y el Hospital San Jorge por los $12 mil millones que le adeuda la EPS Cafesalud.

¿El gobierno de Juan Manuel Santos al servicio de quiénes?

En el mes de septiembre se dio el debate sobre la defraudación del cartel de las EPS, sobresalió el caso de Saludcoop, grupo que ha hecho apropiación indebida de más de $1.4 billones. Dineros que además han gastado sus directivos, dándose “pequeños lujos” como reuniones directivas en Dubai. Quedó claro que ante el debate liderado por el senador Jorge Enrique Robledo, Juan Manuel Santos y su Unidad Nacional intentaron varios impedimentos para que este no se efectuara. Es claro también que el presidente ha hecho acciones para que este robo de Saludcoop no sea sancionado. Tampoco deja de llamar la atención que el jefe investigador de estas denuncias soportadas con pruebas por la Contraloría General de la República, el Fiscal General de la Nación Eduardo Montealegre Lynett, haya  hecho contratos con Saludcoop en los últimos años  por más de 5 mil millones de pesos. No es gratuita entonces la persecución emprendida por el fiscal a Sandra Morelli Rico, ex contralora general, quien ha expuesto ante la opinión pública todas las jugadas truculentas de la EPS  favorita del presidente, su ministro y el fiscal.

Para concluir, los hechos demuestran cómo la ley 100 ha estado diseñada para el lucro del gran capital privado nacional y extranjero, todo a costa de la horrorosa atención a los pacientes y maltrato para los trabajadores de la salud.  Y evidencian que quienes deberían tomar medidas para cambiar esta situación, favorecen y promueven que este sistema siga operando de esta manera. Por tal motivo los colombianos de bien deben tener muy claro que las personas que nos colocan en este calvario cada día más irritante, no nos van a salvar así coreen paz y amor en las plazas públicas y en los medios de comunicación. Es necesaria la unidad y la organización por un sistema de salud diferente, de verdad universal.