Las guerras por el agua están en curso. En plena vigencia. Son inaplazables. Mueven el corazón y la conciencia de millones de ciudadanos. Campesinos, indígenas, intelectuales y estudiantes, encabezan las protestas.

Por Carlos Victoria |

Son las luchas del siglo XXI, contra la privatización, la contaminación y el despilfarro. La defensa de páramos y otros ecosistemas vitales para la humanidad, especialmente en América Latina, está al orden del día. Calles, plazas y caminos ven recorrer multitudes que vociferan contra los efectos perversos de megaproyectos, bosques de plantación, carreteras y minería a cielo abierto.

La lucha obrera y sindical ha sido desplazada por la razón pública de la contienda ambientalista. La gobernanza ambiental, una especie de arena pública donde se dirimen los conflictos y pugnacidades entre el Estado, los agentes del mercado y la sociedad civil, por el control de los recursos naturales asume la compleja gestión de brindar justicia, transparencia y sostenibilidad en momentos en los que el capital transnacional impone condiciones, transfigura instituciones y manipula a la opinión pública. Goliat se disfraza y David hace lo suyo.

El agua como mercancía, he ahí el modelo que el mercantilismo ha establecido. Para quienes consideramos que así se constriñe la libertad humana, el agua es un derecho fundamental, y en particular para los grupos de la sociedad excluidos del mercado, arrumados en la pobreza y la miseria. Para ellos el día del agua es una agresión brutal, es pura violencia simbólica. Miles de usuarios han sido desconectados del servicio porque  sencillamente sus  ingresos no les permiten cancelar el precio por el consumo.

 “Los derechos humanos pueden servir como motivación de muchas actividades, desde la legislación y la aplicación de la ley hasta la acción ciudadana y la agitación pública frente a las violaciones de los derechos”, Amartya  Sen (2010)

Si el contenido de las luchas populares de los años setenta pasaba por la demanda de servicios públicos, ante su carencia e ineficiencia, hoy el asunto pasa por su privatización, deficiencias en la planeación y la fragmentación de la llamada “gestión integral del agua”. El Estado no solo es incompetente sino que deja abierta todas las compuertas para que el ciclo del agua que conocimos en el bachillerato sea alterado dramáticamente por intereses asimétricos al bien común. La situación actual de las cuencas abastecedoras de acueductos está condicionada por políticas desarrollistas que desestiman su conservación, por ejemplo.

 La ira social, la indignación y cuando menos la quejumbre ciudadana que, mes tras mes hace interminables filas para pagar la factura del agua, no es gratuita. La captura, por parte de una clase política depredadora de las rentas públicas, es el detonante de la mecha. Aguas y Aguas de Pereira es un ejemplo típico de este modelo, como lo han denunciado medios de comunicación y algunos sectores de la opinión pública local. La anterior gerente administraba la empresa como si fuese de su propiedad, secundada por políticos inescrupulosos. La percepción es que con el “cambio” de gerencia, nada cambie.

 En este asunto y en otros tantos, como la negligencia gubernamental que  permitió el deterioro de la conducción del acueducto de Balboa, dejando a todo un pueblo sin agua, lo que menos se puede exigir es justicia. Lo mismo que lo sucedido al pueblo de  Manizales. Y no una justicia cualquiera. En clave de derechos hay injusticias claramente remediables, como afirma Amartya Sen (2009), y es justamente ese sentimiento de injusticia el que hoy mueve al mundo excluido y engañado. El derecho al agua es un imperativo. Con el mínimo vital Petro ha dado un paso en esa dirección en Bogotá. ¿Lo darán otros gobernantes? Me temo que no.