Colocar el impuesto a las transacciones bancarias para salvar a los banqueros durante la fuerte crisis que se presentó en el sector financiero, es lo que se presenta ahora con el salvamento de las EPS.

Por: Víctor Zuluaga

Nada de raro tiene que el gobierno, con la reforma tributaria que tiene en el tintero, decrete otro impuesto por las transacciones bancarias con el objeto de destinar esos recursos para el barril sin fondo destinado salvar de la quiebra a muchas Empresas Prestadoras de Salud (EPS).

Porque sin duda alguna, todos los colombianos vamos a pagar los platos rotos por el negocio privado que muchas Empresas supuestamente prestadoras de salud, en donde no sólo no han sido eficientes en la prestación de servicios sino que han hecho recobros al Fosyga por sumas multimillonarias, amén de la sobrefacturación en los medicamentos.

Tal como se ha podido mostrar en el caso de Saludcoop y de otras muchas menos poderosas, el señor Palacino, presidente de la Junta Directiva de dicha entidad, hizo y deshizo con dineros destinados a la salud, inversiones millonarias en equipos de fútbol, sitios de veraneo e inversiones en otros países.

Pero si todo el descalabro que se ha presentado en el caso de las EPS ha sido de unas proporciones demenciales, lo que uno se pregunta es cuál es el motivo para que finalmente no se le dé entierro de segunda a la Ley 100, se acabe con los negociados en salud y el Estado retome las riendas de una prestación de un servicio fundamental para la población. Los intereses que se tienen que mover para que muchas empresas dedicadas al sector salud no sean sancionadas y se haga una reforma estructural del sistema, tienen que ser muchos y tienen que ver con ministros, congresistas y empresas productoras de medicamentos. Durante todo el tiempo que estuvo al frente del Ministerio de Salud el doctor Palacios, el mismo que está siendo investigado por cohecho dentro del escándalo de Yidis Medina, las empresas farmacéuticas hicieron “ochas” y panochas en materia de precios y todo indica que blindó a futuro dicha expoliación, porque aún seguimos padeciendo un abuso en muchos medicamentos importados y otros que se producen el país.

No hay derecho para que un medicamento esencial como el  Capotén tenga un precio en Colombia de $ 59.000 pesos una caja de 30 unidades, cuando el mismo medicamento, con el mismo nombre y misma composición, se consiga en España por 9 euros con noventa décimos; es decir, menos de $ 25.000 pesos. Eso para hablar sólo de uno de tantos y que no es el más costoso.

Pero ante semejante crisis el gobierno resuelve que va a inyectar recursos a las EPS, mediante un Fondo público, es decir, de platica de todos los colombianos para que las Empresas de los negociantes de la salud, puedan pagar a sus acreedores. 

Pues ni más ni menos que lo que ocurrió durante la administración de Pastrana el hijo, que resolvió colocar el impuesto a las transacciones bancarias para salvar a los banqueros durante la fuerte crisis que se presentó en el sector financiero, es lo que se presenta ahora con el salvamento de las EPS, a costa del sufrido contribuyente. Como quien dice, la ley del embudo: se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. O si no que le pregunten al doctor Palacino.