El asedio que  trasciende en los mails a través de los cuales se instiga a “remover a Santos”, es simple y llanamente sedición, y no cualquiera: autoritaria.

Por Carlos Victoria

El estamento militar le ha notificado al país que su estatus no se negocia. En definitiva sus privilegios de los que gozan son intocables. Han sido los consentidos desde la fallida independencia en el siglo XIX. Atrás quedaron las botas y los sables, ahora los golpes son mediáticos. Los ruidos de mails de hace unos días no son más que los ronquidos de una bestia indispuesta: no  permite que le toquen un pelo. Mandan aunque ronquen.

Formados en una idea hegemónica del orden, y por más que el propio presidente quiera minimizarlo y sus subordinados jurar lealtad en el cemento, la oficialidad a la luz y la sombra  se siente incómoda con los amagos de reformas y condiciones prestacionales, aunque siguen haciendo lo que mejor saben hacer: la guerra, a la postre un lucrativo negocio como quiera que el gasto militar, como proporción del PIB, osciló entre un 5 y 6 % durante la década pasada, en desmedro de la inversión social, y especialmente de la educación.

Las relaciones del ejecutivo con los “jefes militares son a veces difíciles” (Pecaut, 2006). El presidente Barco, por ejemplo, los tranzó aumentando el gasto militar. A través de diversos episodios, los militares se han opuesto a la reconciliación, como bien lo enseña Hartlyn (1993) al revisar el papel de estos en el Frente Nacional, el cual inicialmente fue concebido como una alternativa de gobierno anti militar. Desde entonces han gozado de autonomía y privilegios. De todas maneras las élites los han usado para contener las demandas populares.

Las talanqueras para una eventual negociación de paz no solo están en los alzados en armas. El  obstáculo también reside en los militares que, en distintas ocasiones, se han atravesado a las élites  reformadoras. Como dijo Molano a su paso por Pereira: Santos nació  en la cuna del poder y ahora va por la gloria. ¿Quién se lo puede impedir? , pues lo mismos que cuidaron a su abuelo y toda la generación de oligarcas de su clase. La paz de Santos no encaja en el anillo matrimonial de los que defienden un tipo de orden excluyente. Los más radicales de derecha lo tildan de traidor.

Durante el gobierno de Uribe los militares se dieron un estupendo banquete. Hastiados de la guerra se acostumbraron a las dádivas que arroja un conflicto sin salida. Su orden, es un orden que  no se negocia. La paz no ha estado en sus cálculos. En realidad los primeros que deberían encabezar una mesa de negociación con los otros violentos serían ellos. ¿Estarían dispuestos? Tal vez las nuevas generaciones del estamento lo harían algún día. Pero está lejano.

La impunidad, como se ha visto, ha  prodigado un fuero que a los ojos del mundo resulta anacrónico. Se resisten a ser arropados por una Constitución inclinada a privilegiar los derechos humanos. Cuando la amnistía del gobierno  Betancur  los militares la aceptaron a regañadientes.  Luego reaccionarían furiosos al conocerse un informe de la Procuraduría que implicaba a docenas de  crímenes protagonizados por escuadrones de la muerte (Hartlyn). Hoy el fantasma de los falsos positivos los desvela. Reivindicar  el fuero militar es un despropósito a la luz del mundo civilizado.

Diversos comentaristas coinciden en que la prueba de fuego pasa por las reformas impulsadas por Santos, y en particular la que podría desestabilizar el orden terrateniente y mafioso sobre la tierra. La ley de restitución, como otras tantas en el pasado ligadas a hacer justicia a los desposeídos se han caído en medio del contubernio entre latifundistas, industriales, jerarcas de la iglesia y altos mandos militares: el verdadero trípode sobre el que reside el poder en Colombia.

En derecho, el asedio que  trasciende en los mails a través de los cuales se instiga a “remover a Santos”, es simple y llanamente sedición, y no cualquiera: autoritaria. Es el típico matoneo del que históricamente se han valido para postrar a la civilidad. Por supuesto que una democracia bajo este marco no es viable. Hoy se debe recordar la rebelión militar de Pasto contra López Pumarejo en 1944, ejecutado bajo diversas conjeturas como lo documenta Pecaut, aunque para el historiador José A. Galvis se trató de una maniobra urdida por Laureano Gómez para impedir la relección de López. Los herederos de los provocadores de ayer siguen el mismo libreto.

Santos representa un sector de la oligarquía bogotana ligado a esferas del poder económico, y particularmente el financiero, bajo el credo del desarrollismo liberal. En ese marco la paz no es una concesión sino un negocio en el que aclimataría un ambiente para la prosperidad que se prodiga en el plan de desarrollo, más aún con TLC de por medio. En eso consiste su modernidad, en contraste con Uribe, el conservador ultramontano vinculado al rancio poder del latifundio pero sintonizado con las élites empresariales, y sectores populares clientelizados, permeados por la Constitución de Núñez y Caro.

Los ruidos mails podrían ser la primera cuota hacia nuevas y oscuras jornadas que  ensombrecerían cualquier salida democrática al conflicto. Las alternativas planteadas al orden político (Linz, 1996), a través del marco jurídico para la paz – por ejemplo- desafían las esfera de poder de las derechas que solo ofrecen más guerra, desestabilizando la propia institucionalidad demo liberal, como ocurrió durante el mandato de Uribe. Si este encabeza la oposición desleal a Santos, el ultranacionalismo se entronizaría con mayor militarismo y menos democracia. Esa es la cuestión. Una prueba de este populismo militarista lo resume hoy Fernando Londoño :“Uribe tiene la mayoría en el pueblo. Santos en el Congreso”.

Así informó El Tiempo el 10 de julio de 1944 sobre el cuartelazo a López Pumarejo en Pasto.