Cada vez más Estados en el mundo abordan y enfrentan la situación de los migrantes y refugiados poniendo entre paréntesis los derechos humanos, la dignidad y la humanidad de estos extranjeros que ante todo son seres humanos.

Por Edson Louidor 

El pasado 6 de septiembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE, de aquí en adelante) falló en contra de Hungría y Eslovaquia que se habían rehusado a reubicar a refugiados, de manera provisional en sus territorios, como parte de la respuesta urgente a la crisis migratoria que afectó Europa en 2015 (ver https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091es.pdf ).

El TJUE señala de manera contundente que este mecanismo de reubicación provisional de 120 mil refugiados –mayoritariamente sirios-, acordado por los países del Consejo Europeo el 22 de septiembre de 2015 en Bruselas (ver http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12098-2015-INIT/en/pdf),“contribuye de forma efectiva y proporcionada a que Grecia e Italia puedan hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria de 2015”. Apoyadas por tres países -Polonia, República Checa y Rumanía-, Hungría y Eslovaquia habían solicitado al TJUE la anulación de esta decisión del Consejo Europeo, denunciando vicios de forma y la inadecuación de ese acuerdo comunitario para “responder a la crisis migratoria ni necesaria para tal fin”.

Esta sentencia del TJUE es una pequeña victoria (aunque tardía) de la ética y del derecho internacional. Si bien la crisis migratoria que ocurrió en el verano de 2015 afectó directamente a Grecia e Italia (y, en menor medida, algunos países balcánicos); sin embargo, toda Europa padeció dicha crisis y, por lo tanto, tuvo la responsabilidad ética de responder a una situación de sufrimiento humano.

Es también una victoria del derecho internacional ya que, entre otras razones, el TJUE hace valer el argumento jurídico, según el cual “frente a una situación de emergencia” (en este caso, la afluencia repentina de personas desplazadas) las instituciones de la Unión están habilitadas para tomar todas las medidas provisionales necesarias orientadas a dar una respuesta efectiva y rápida. Según el TJUE, el Consejo Europeo no hizo sino cumplir y comprometerse con su deber de prestar asistencia inmediata a seres humanos, independientemente de la pertenencia o no de éstos a la comunidad política y por encima de cualquier principio o procedimiento.

Sin embargo, dos meses después de esa decisión loable del Consejo Europeo, en noviembre de 2015 éste se reunió con el gobierno turco para tratar la crisis migratoria; allí, tomó la medida supuestamente “temporal y extraordinaria” de “retornar a Turquía todos los nuevos migrantes irregulares que pasen de Turquía a las islas griegas a partir del 20 de marzo”.

Esa medida va abiertamente en contra del derecho internacional, ya que -como bien lo denunció en su momento la organización Médicos sin Fronteras (MSF)- vulnera los derechos fundamentales de algunos extranjeros (que así lo deseen) a solicitar asilo y también beneficiar del debido proceso. Además,  ha creado una “situación completamente inhumana y caótica” (éticamente reprochable) en la península griega, en la que un gran número de migrantes se han encontrado atrapados y con posibilidades muy limitadas para acceder al sistema de asilo (ver http://www.europapress.es/internacional/noticia-msf-denuncia-situacion-inhumana-50000-refugiados-atrapados-grecia-20160513141307.html).

La respuesta de Europa a la crisis migratoria de 2015 deja tres lecciones, entre otras. La primera es que existe una fuerte tensión entre las reglas universales del derecho internacional y la reticencia de Estados nacionales a aplicarlas en sus territorios donde son soberanos. La nación y sus fetiches (soberanía nacional, Estado nacional, legislación nacional), a los que se aferran los Estados frente al tema migratorio, siguen embrujando y obstaculizando la realización del principio de la universalidad de los derechos humanos.

La segunda tiene que ver con la ambivalencia de las decisiones de entidades supranacionales en torno a problemas asociados a las migraciones que enfrentan la región o el continente que están bajo su jurisdicción. A veces, defienden los derechos humanos y los valores derivados de ellos; otras veces, por el afán de mantener la cohesión política, negocian principios éticos fundamentales (innegociables) y consensuan acuerdos políticamente correctos pero que vulneran el derecho internacional y contradicen dichos principios. O guardan el silencio: un silencio cómplice y mortal ante dramas que enfrentan los migrantes y los refugiados.

La tercera se sintetiza en la pregunta: ¿cuáles son los límites de la política y, en particular la Realpolitik, frente al derecho y a la ética? De la respuesta a esta pregunta depende la posibilidad de poner fin al estado de excepción generalizado, desde el cual cada vez más Estados en el mundo abordan y enfrentan la situación de los migrantes y refugiados poniendo entre paréntesis los derechos humanos, la dignidad y la humanidad de estos extranjeros (que son seres humanos, ante todo), por medio de medidas “provisionales y extraordinarias”.