¿Qué está sucediendo en la administración pública?

 …el interrogante sería ¿está usted de acuerdo que el Aeropuerto Matecaña sea objeto de una Alianza Público-Privada?…

 

DANIEL SILVA ORREGO derPor: Daniel Silva

Hace algunos días la ciudad de Pereira recibía la trágica noticia del suicidio de Diego Alberto Naranjo Torres, funcionario de la Alcaldía, quien tomó la decisión de acabar con su vida en los talleres ubicados en la zona de San Joaquín. Ocupaba el cargo de Director Operativo en la Secretaría de Infraestructura y era conocido desde hace más de 20 años por su desempeño en cargos públicos de nivel municipal y departamental. Este caso ha pasado desapercibido, pero al parecer todo apunta a una conexidad con hechos similares ocurridos no hace poco.

 

En los últimos 3 años otros dos sujetos relacionados con la Administración Departamental han tomado la decisión de acabar con su vida, ellos son: el Ingeniero Carlos Alberto Ramírez Peralta, contratista, el cual se cortó las venas en el edificio del Banco Ganadero y el Ingeniero Cesar Salazar, quien acompañó a Carlos Alberto Botero en su campaña y posteriormente ocupó la Gerencia de la Promotora de Vivienda, dicho profesional estuvo relacionado con la compra del lote en El Rocío, caso que tiene una investigación en la Fiscalía contra el Gobernador, que dicho sea de paso no avanza por más peticiones que realizan dirigentes y ciudadanos preocupados por la transparencia de la administración. En este último caso es necesario indicar que el señor Salazar dejó una carta (ver carta) donde se encontraba molesto con el Gobernador Botero, pues no le había colaborado con ninguna de las investigaciones que le llevaba la Procuraduría  y la Contraloría a raíz de los cargos departamentales que ocupó durante la administración del mismo gobernante.

Son tres casos que pueden parecer aislados, pero en realidad deben generar una reflexión en torno a lo que está sucediendo actualmente en la Administración Pública, no es normal y aceptable que los funcionarios se suiciden por razones atribuidas a su trabajo, tal vez lo único seguro hasta el momento es que el Señor Carlos Alberto Naranjo Torres no se suicidó por tener el título falso de Arquitecto, pues hay razones de fondo, las cuales deben llamar la atención de los organismos de control y las autoridades judiciales para una eventual investigación, pues se ha demostrado que no son casos aislados.

Pasando de página y abordando un tema coyuntural: la posible privatización del Aeropuerto Matecaña, por medio de la llamada Alianza Público-Privada (APP), que no es más que entregarle el manejo  y administración del aeródromo a un privado por 20 o 30 años, es decir, el Municipio y sus habitantes perderían cualquier injerencia sobre su rumbo, el cual ha estado por 70 años en manos de los pereiranos. Y otro elemento que debe concitar debate es el referente a los años que le quedan al Matecaña de funcionamiento, pues en 30 años el Aeropuerto deberá ser trasladado por el crecimiento que tiene la ciudad y el poco espacio de expansión que existe para la pista, por esto mismo no  se le debe entregar a un privado su manejo, debido a que el Municipio puede usufructuarlo durante su tiempo de utilidad restante, además porque en 30 años que lo devuelva el privado ya no será rentable por lo señalado anteriormente y de esta manera se perderían los recursos públicos que se han invertido hasta ahora, los cuales incluyen dineros de la venta de la Telefónica. Por esto, varios ciudadanos le hemos enviado un derecho de petición al señor Alcalde Enrique Vásquez donde se le solicita realice una Consulta Popular, la cual consiste en  la convocatoria a las urnas, donde a los pereiranos se les haría una pregunta que tiene dos posibles respuestas: SI o No. el interrogante sería ¿está usted de acuerdo que el Aeropuerto Matecaña sea objeto de una Alianza Público-Privada? La Consulta Popular es el mecanismo idóneo para que la Administración Municipal conozca de primera mano la voluntad de los ciudadanos de la Perla del Otún y que nuestro patrimonio público no sea entregado de forma arbitraria como ocurrió con la Empresa de Energía, la de Aseo y la Telefónica.