La Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso que se elaborara en el próximo año 2018  un Pacto mundial en el que todos los Estados miembros consensuen principios y estrategias para hacerle frente a las crisis de refugiados y lograr “una migración segura, ordenada y regular”.

 

Por Wooldy Edson Louidor

¿Qué hacer?, es la pregunta que surge de la actual crisis migratoria global, considerada la segunda más importante después de la Segunda Guerra Mundial. Dicha crisis afecta vidas, cuyos derechos humanos no valen nada ante la soberanía de los Estados nacionales y la “globalización de la indiferencia”, según el Papa Francisco. Es resultado de una guerra, en la que no se pelean dos o varios enemigos (como en las guerras tradicionales), pero igualmente produce víctimas a gran escala. Una guerra que mata y –sobre todo- “deja morir” en el silencio y la oscuridad de los no lugares (zonas de no derecho), en las manos de grupos delincuentes, en las garras de la inanición y la deshidratación.  

Amnistía Internacional concluye en su informe del 2013 que el mundo se vuelve un lugar peligroso para las personas migrantes. En efecto, en México se entierran los migrantes en fosas comunes, después de torturarlos, violarlos y matarlos. En el Mediterráneo naufragan y ahogan, entre el cielo y el mar. En el Caribe desaparecen frente al furor de las olas, antes de llegar a Miami.  

De la respuesta a la pregunta ¿qué hacer? dependen decenas de millones de vidas, cuya dignidad ha sido vulnerada o se ha visto afectada. Vidas móviles y transeúntes. Vidas sufrientes y nudas. Vidas desarraigadas y dislocadas. De la respuesta depende también la posibilidad de seguirnos considerando como humanidad, es decir, como una especie digna de ser llamada como tal por su preocupación por el otro y por su solidaridad con sus semejantes que necesitan atención y cuidado. Una especie que va más allá de sí misma. Una especie que se transciende a sí misma.   

Hasta ahora las respuestas que se han ensayado se circunscriben al ámbito de cada Estado nacional o, a lo sumo, a espacios regionales, pero donde prima la soberanía de cada Estado con respecto al tema migratorio. Es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea y del continente americano. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) propuso que se elaborara en el próximo año 2018  un Pacto mundial en el que todos los Estados miembros consensuen principios y estrategias para hacerle frente a las crisis de refugiados y lograr “una migración segura, ordenada y regular”.

Al parecer, todas las regiones del mundo están juiciosamente realizando consultas, generando insumos y pactando recomendaciones de cara a las negociaciones que tendrán lugar en el marco del Pacto mundial de migrantes y refugiados.

Por ejemplo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acaba de organizar una reunión regional, los pasados días 30 y 31 de agosto en Santiago de Chile, con la presencia de expertos y con la asesoría de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de agencias de la ONU, con el objetivo de producir una relatoría con mensajes y recomendaciones para los Estados y gobiernos de la región de cara al Pacto mundial.

En América Latina y el Caribe, tendremos mucho que aportar a este escenario global en el 2018. Podremos enarbolar un par de buenas prácticas que países -como Brasil, Ecuador y Perú, por ejemplo- han desarrollado frente a los cuatro flujos más complejos que hemos tenido en la región.

Se trata de los flujos colombianos (consecuencia de un conflicto armado de más de medio siglo entre las FARC y el Estado), cubanos (debido a la transición hacia la apertura del régimen socialista-castrista, establecido desde más de medio siglo), haitianos (por culpa de un terremoto mortal que agravó la crisis humanitaria, el círculo mortal de vulnerabilidad y la pobreza estructural en un país secuestrado por sus élites y la clase política) y venezolanos (tras el estallido de la crisis humanitaria, social y política, durante la administración ineficiente del presidente chavista Nicolás Maduro).