FABIÁN MORALESComo si no bastara con ser el único país de Suramérica sin transporte férreo,  contando además con una de las peores infraestructuras viales del mundo, una pequeña élite política en materia ambiental ha tomado decisiones que solo los benefician a ellos, quedando a la deriva la población más vulnerable a este tipo de fenómenos.

 

Por: Fabián Osorio Morales

Fue un viernes 14 de octubre del 2011, justamente en la semana del cumpleaños del municipio de  Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. Don Javier Naranjo, microempresario de la zona, como de costumbre abrió su negocio desde tempranas horas para ganar el sustento diario. Después de la jornada mañanera tomó un breve descanso en su cama, cuando de repente sintió una fuerte vibración acompañada de un ruido ensordecedor que en principio no supo qué era, hasta que vio la enorme creciente del río San Eugenio que inundaba parte de su casa destruyendo a su vez otras viviendas.

El municipio de Santa Rosa de Cabal hace parte del 10 por ciento de las zonas del país que tiene  clima templado (entre 1000 y 2000 metros sobre el nivel del mar), pero que debido a sus aspectos geográficos y atmosféricos vive con intensidad las temporadas invernales que se presentan en el país, como las acontecidas entre los años 2010 y 2011 que dejaron miles de damnificados y enormes pérdidas humanas y materiales.

La creciente dejó alrededor de 240 damnificados, los cuales perdieron desde gallinas, pequeños cultivos o frutales, hasta la vivienda y todos sus enseres. Don Jairo cuenta que: “no le fue tan mal, dado que perdió solo pequeños cultivos de maíz, yuca y un par de árboles, en cambio otras personas que viven en la ribera del río San Eugenio tuvieron más daños y algunos  perdieron todo”.

 En nuestro país se vive una situación lamentable en áreas fundamentales para el desarrollo y la calidad de vida de las personas. Como si no bastara con ser el único país de Suramérica sin transporte férreo,  contando además con una de las peores infraestructuras viales del mundo, una pequeña élite política en materia ambiental ha tomado decisiones que solo los benefician a ellos, quedando a la deriva la población más vulnerable a este tipo de fenómenos. Para citar un ejemplo cercano, a los habitantes del municipio de La Virginia, Risaralda, todos los años les prometen obras de seguridad, auxilios económicos y reubicación cada vez que se les inundan sus casas, pero rara vez este tipo de promesas se convierten en hechos.

Cronología de un desengaño

 El día de la tragedia, comenta don Javier, las autoridades y los organismos de control les brindaron la atención necesaria, dieron víveres y hospedaje a los afectados, aunque muchas personas durmieron en casas de familiares. Él, con un pequeño grupo de personas por el contrario,  se quedaron en sus viviendas ya que la recomendación era que solo estuviera una persona en cada hogar de la zona afectada para cuidar lo que les quedó de sus pertenencias.

 Además de los distintos auxilios como ropa, mercados, cobijas, colchonetas, al siguiente día comenzó la alharaca de grandes promesas. Recuerdan muy bien los damnificados la llegada del Presidente Juan Manuel Santos en helicóptero a la zona, donde se comprometió a crear un plan entre Colombia Humanitaria, la Gobernación y la Alcaldía para atender a los perjudicados con un monto de 780 millones pesos. Este anuncio sirvió para sacar grandes titulares en los medios nacionales sobre el carácter humanitario del presidente y las administraciones locales, pero a la fecha nada se ha concretado.

Según don Javier: “a lo largo de estos dos años a los afectados de la zona nos han convocado a un sinnúmero de reuniones donde hablan que están gestionando y que el apoyo está en trámite, pero mucha gente ya ha perdido la fe, ya ni asisten a las reuniones porque se cansaron de escuchar lo mismo”. Igualmente menciona: “ha faltado más diligencia de las administraciones locales, además no es la primera vez que se promete algún tipo de auxilio, pues la zona se encuentra en riesgo considerable.

Nos han propuesto reubicarnos como en el año 1999, por motivo del terremoto, pero las ofertas  no cumplen nuestras expectativas, pues nos reubicarían en espacios mucho más pequeños que los que tenemos  en la actualidad y representarían unos costos que no cubren ni la mitad del valor de la propiedad. Ante esto, muchas personas preferimos quedarnos  en la zona, aunque somos  conscientes de  que en una próxima avalancha estaríamos en muy grave peligro, dado que    tampoco se ha hecho una  obra de seguridad  que permita mitigar el riesgo de un fenómeno similar”.

Finalmente, la comunidad santarrosana deberá estar atenta al cumplimiento de las promesas gubernamentales hechas hace dos años y a la espera de que ésta no sea como la triste historia del coronel de García Márquez, a quien se le pasaron los años, esperando en vano un apoyo monetario con la entrega de su ganada pensión.