Con presencia de pocas personas, ausencia de los medios de comunicación (solo TRAS LA COLA DE LA RATA estuvo presente) y en medio de informaciones contradictorias sobre el lugar de encuentro, el viernes se realizó una nueva audiencia por el homicidio de Alexander Morales, precandidato al Concejo de Pereira.

Poco público estuvo presente en la audiencia, en la cual los medios brillaron por su ausencia. Solo TRAS LA COLA DE LA RATA estuvo allí durante toda la diligencia.

TRAS LA COLA DE LA RATA

No hubo sorpresas. Con la exposición de 60 posibles testimonios y escasas pruebas documentales, la Fiscalía 22 seccional dio a conocer el material probatorio con que cuenta a su haber para enfrentar el caso del homicidio del precandidato al Concejo Alexander Morales.

Los testimoniantes, casi todos ellos funcionarios del CTI, de la Sijín, de Medicina Legal o de la Policía Nacional, fueron enumerados por el Fiscal 22 (encargado) Nelson Camacho, pues la titular se encontraba incapacitada. En cuanto a documentos, se expusieron los contratos, recibos de pago y los correos electrónicos entre los actores de esta causa.

En la silla de los acusados estaban Wilson Espinosa Marín, sindicado de ser el contacto con el sicario; Jilder Aricapa Motato, señalado como quien debía conducir la motocicleta; y el periodista y profesor universitario Wilmar Vera Zapata, acusado como determinador del crimen.

La intervención del Fiscal fue interrumpida en dos oportunidades por Andrés Jaramillo, abogado del periodista Vera, quien argumentó que el Fiscal no estaba exponiendo hechos y pruebas, si no que estaba comentando sobre el contenido de las pruebas, influyendo de esta manera en el juez quinto penal municipal, Carlos Andrés Pérez Alarcón. El Juez le dio la razón al abogado defensor en ambas oportunidades.

Los otros dos acusados tenían abogados provistos por la Defensoría del Pueblo y  estuvieron de acuerdo con las solicitudes hechas por Jaramillo.

En la sala de audiencias, unas ocho personas, además de seis guardias penitenciarios y tres policías, pudieron presenciar la sesión, cuyo lugar de realización fue incierto y contradictorio durante buen rato. La audiencia solo se inició media hora después de la hora prevista, en medio de la irregularidad originada por el paro nacional convocado para el 12 de octubre.

Las pruebas

El Fiscal 22 enumeró su conjunto de pruebas, compuesto por 33 puntos. Algunas de esas pruebas se detallan a continuación:

  • Testimonios de varios agentes del CTI que actúan como investigadores del caso
  • Testimonio de médicos forenses que efectuaron la necropsia
  • Testimonio de los familiares de la víctima: María Salomé Ortiz (madre, quien trabaja con el Inpec), Luis Gerardo Morales Ramírez (padre), Viviana Ramírez Ramírez (esposa).
  • Testimonio de Carlos Andrés Velásquez Villada, confeso asesino.
  • Testimonio de los médicos que atendieron a Velásquez Villada, quien afirma haber sido víctima de varios atentados en las cárceles donde ha sido recluido.
  • Testimonios de peritos.
  • Testimonios de los policiales que participaron en la persecución y captura de Velásquez Villada
  • Testimonio del director de la cárcel de La Dorada
  • Testimonio de la persona encargada de los delitos informáticos CTI.
  • Testimonio de Darío Valencia Uribe, ex rector de la UCP.
  • Testimonio de los testigos del asesinato, entre ellos John Diego Molina, ex secretario de Gobierno de la Alcaldía.
  • Testimonios de Manuel Guillermo y Álvaro Vega Rodríguez, supuestos captadores de los recursos financieros recolectados por la víctima.
  • 1.125 mil pesos incautados a Velásquez Villada en el momento de su captura, al igual que dos armas de fuego.
  • Certificados de la empresa constituida por Vera Zapata para participar en el negocio de la mina.
  • Recibos de los pagos hechos por Vera Zapata a Alexander Morales y Luis Gerardo Morales.
  • Dictámenes de las pruebas de reconocimiento

El Fiscal dijo que está pendiente de recibir información de la Cámara de Comercio, Batallón San Mateo y otras entidades.

Habla la defensa

Andrés Jaramillo, abogado defensor, fue reiterativo en solicitar que la Fiscalía le dé a conocer el nombre completo y datos de identificación de alias “El mono”, un menor de edad implicado en el hecho, pero al que no ha podido tener acceso la defensa con el fin de interrogarlo. Después de insistir, el juez pidió a la Fiscalía que accediera a entregar en privado tal información.

De la misma manera, el abogado defensor hizo el llamado de atención sobre alrededor de 14 de los puntos probatorios, para solicitar se le entregaran detalles sobre la manera como fueron obtenidas tales pruebas, además del rótulo y registro de las respectivas cadenas de custodia.

También solicitó tener acceso a las armas, dinero y fotografías originales empleadas como soporte de algunas pruebas.

El defensor insistió en conocer las indagatorias realizadas al sicario, persona a la cual él no ha podido acceder como abogado defensor.

Jaramillo, en nombre del periodista Vera, renunció a recurrir al vencimiento de términos como estrategia legal -“renuncio a ganar por vencimiento de términos”-, hecho que llamó la atención de los asistentes, y fue enfático al afirmar que “mi defendido vencerá al Estado”.

Los otros dos abogados defensores rara vez hablaron y su acción se limitó a secundar lo expuesto por Jaramillo o a ratificar solicitudes del juez.

El juez intervino para solicitar a la Fiscalía que en tres días hábiles se haga la entrega de las pruebas a la defensa, así como la manera en que fueron obtenidas y certificados de la cadena de custodia de las mismas.

De la misma forma, le dio el mismo plazo a los abogados defensores para que entregaran a la Fiscalía la información recolectada hasta la fecha. La abogada defensora de Wilson Espinosa afirmó no haber recolectado prueba alguna hasta el momento.

La nueva audiencia preparatoria fue citada para el viernes siete de diciembre. Siendo las 11:45 de la mañana terminó la audiencia.

Diligencia informativa

La Fiscalía emitió un comunicado apenas una hora después de terminada la audiencia, en una muestra más del inusual interés que le presta a este caso. El comunicado fue copiado de manera textual por varios medios locales que, como ya se dijo, no asistieron al lugar de la audiencia. Este es el texto divulgado a través de correo electrónico:

 

Acusados presuntos responsables de homicidio de joven político

12 de octubre de 2012 | 12:57 PM | Pereira

Ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, con función de conocimiento, la Fiscalía acusó a Wilmar Albeiro Vera Zapata, ex decano (sic) de la Facultad (sic) de Comunicación de la Universidad Católica de esa ciudad como posible determinador del homicidio del aspirante al Concejo de Pereira Alexander Morales Ortiz.

Así mismo, por homicidio agravado y porte ilegal de armas de defensa personal, fueron acusados Wilson Espinosa Marín y Jilder Antonio Aricapa Motato, alias El Indio, en calidad de coautores. Según la investigación el primero fue el supuesto contacto entre el determinador y el autor material, mientras que el segundo se habría encargado de transportar al sicario.

Los hechos ocurrieron en un restaurante del centro de la capital de Risaralda el 18 de marzo de 2011, cuando Carlos Andrés Velásquez Villada, quien aceptó cargos y está a la espera de su sentencia, ingresó armado al establecimiento y disparó varias veces a la cabeza del político, de 27 años de edad.

El autor material fue capturado, luego de una persecución, por agentes de la Policía Nacional en Dosquebradas (Risaralda). Las autoridades le encontraron a Velásquez Villada dos revólveres calibre 38 y un millón 125 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía 22 Seccional, el móvil del crimen fue el dinero que Vera Zapata había invertido en un negocio de transporte de carbón, que Morales Ortiz, su ex alumno y amigo, le propuso, pero que fracasó y el hoy occiso no tuvo cómo responderle.

Durante la formulación de acusación la Fiscalía descubrió más de 30 elementos materiales probatorios, entre testimonios y documentos, que llevará a la audiencia preparatoria prevista para el próximo 7 de diciembre.

Todos los acusados permanecen privados de la libertad en cárceles de Caldas, Quindío y Risaralda.

 

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