UN EDIFICIO MUY GRIS PARA LA CGR EN RISARALDA

La compra de una nueva sede para poder ubicar a los funcionarios de la Contraloría General de la República en Risaralda ha sido objeto de toda clase de reparos por posibles irregularidades. Nuevos hallazgos.

 

Unidad Investigativa

No toda solución causa satisfacción. Ante el incremento de la nómina –debido a la cuestionada reforma propuesta por el contralor general Carlos Felipe Córdoba Larrarte y aprobada por el Congreso de la República (oír)– el hacinamiento en las diferentes sedes de esa entidad de control no se hizo esperar. En la sede de Pereira, a pesar del apretujamiento, 40 nuevos funcionarios quedarían sin lugar para ubicarse.

Debido a eso se propuso la adquisición de una nueva sede para la Gerencia Departamental Colegiada Risaralda. Con este fin se estudiaron varios inmuebles y lotes, pero desde septiembre del año pasado los ojos se pusieron sobre una edificación abandonada y en obra gris, ubicada en la calle 42 con carrera 10 –barrio Maraya, frente al acceso al anillo longitudinal–, construida inicialmente para un centro de salud privado. Este video del 26 de mayo muestra a algunos obreros realizando obras.

Hubo incluso contacto con Bancolombia, entidad propietaria, pero según afirma la CGR les respondieron que ya estaba en negociación con otra persona. El visionario que se les adelantó fue el constructor pereirano Albeiro Rivera Duque, representante legal del Grupo Rivera, un conglomerado que es habitual contratista del Estado y que ha construido varias sedes para la Fiscalía en el país –incluidas las de Pereira y Dosquebradas–. Como se divulgó en Noticias Uno, el Grupo Rivera compró por 3.200 millones de pesos la deteriorada construcción en Maraya el 19 de diciembre de 2020 y en marzo 24 del 2021 se la vendió a la CGR por 5.184 millones de pesos, con intermediación de la estatal Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (ANIM), es decir, más del 60 por ciento de ganancia en poco más de tres meses y sin haber hecho modificación alguna. Rivera Duque respondió en su momento que él “no compra huevos para vender huevos”.

Pero la buena estrella del Grupo Rivera no terminó allí. Fue contratado para concluir la obra y el valor total de la edificación será de 12.157 millones de pesos, con entrega en marzo del 2022. Se pactaron cuatro pagos, uno inicial de $5.166 millones, uno segundo de $2.127 millones previo avance del 60 por ciento de la obra, el tercero de 2.431 millones con 80 por ciento de avance y el último de 2.431 millones contra entrega real y material de la obra finalizada.

Ante los reparos por la negociación el contralor Córdoba habría dicho que “No voy a ponerme a desgastarme con la transacción y si lo que buscan es pelea no la van a encontrar cuando en Colombia la CGR ha adelantado otros procesos similares” y amenazó con retirar el proceso de compra y finalización de la obra (ver).

Nuevos reparos

Los reparos por la compra del inmueble ubicado en la carrera 10 #42-29 de Pereira no parecen tener fin. Incluso, al mismo Grupo Rivera, al comprar el inmueble en diciembre del 2020, en la notaría única de Dosquebradas le hacen la observación de que la escritura debe ser registrada antes de 60 días.

Analizando la documentación aportada por la ANIM y la CGR se detalla que en febrero 5 de este año la misma ANIM, en comunicación dirigida a Sandra Patricia Bohórquez, gerente administrativa y financiera de la CGR, y a Antonio Rafael Díaz, director de recursos físicos, manifestaba lo siguiente sobre este proyecto: “no se puede evidenciar y clarificar su costo real ni garantizar realmente la entrega de un proyecto terminado que cumpla con todos los requerimientos para un adecuado funcionamiento de la CGR” y “En resumen, la propuesta de construcción del proyecto no se garantiza con esta propuesta y no es claro en cronograma de ejecución menos de especificaciones para la construcción de los mismos”.

Otra grave observación al proceso se da por el uso mismo del suelo, que debe ser institucional si se desea intervenir la edificación, porque por el momento el uso que tiene es comercial. Algo que conoce la misma ANIM cuando el 6 de junio, en respuesta a un derecho de petición, afirma que “en la actualidad no cuenta con licencia urbanística para uso de suelo institucional”. La licencia apenas está en trámite por parte del Grupo Rivera y la pregunta evidente es si logrará que el curador urbano primero de Pereira permita tal cambio en el uso del suelo.

La ANIM, en su “Informe de Norma” del 28 de septiembre de 2020, entregado a la Contraloría, incluso cometió un error al suponer que el uso institucional ya estaba dado, debido a que equivocó la dirección del inmueble, ubicándolo en la avenida San Mateo, muy lejos del lugar en donde en realidad se encuentra. También erró en la interpretación del uso del sector (S4) contenido en el Plan de Ordenamiento de Pereira aprobado en 2016.

En ese mismo informe la ANIM presenta un análisis de uso de suelos del inmueble ubicado en la carrera 10 con calle 42, algo que no se hizo con las otras propuestas analizadas, lo que deja muchos interrogantes no resueltos hasta el momento. Como si fuera poco, en diciembre  realiza un análisis de títulos. ¿Por qué se realizó? Incluso, para el momento del análisis de títulos ya la CGR había sido informada sobre la imposibilidad de comprar en forma directa la propiedad a Bancolombia, según afirma la misma Contraloría.

Es decir, la CGR negoció una edificación que en el momento no puede avanzar en obras porque está ubicada en un sector residencial/comercial, no apto para construcciones institucionales como lo es la Contraloría.

Por último, no cabe dejar de lado que el Grupo Rivera tuvo numerosos contratos con la Fiscalía General de la Nación en 2015, mientras la directora general de apoyo a la gestión era Marcela Yepes, esposa del contralor Carlos Felipe Córdoba, y encargada en su momento de definir buena parte de la contratación de esa entidad.