Si las leyes ordenan es porque existe el desorden; pero, ¿si no hubiera más desorden haría falta la ley?

 

Por / Diana Marcela Brochero Sepúlveda

“Y si bien yo nunca había bebido

en la cárcel tuve que acabar

La fianza la pagó un amigo,

las heridas son del oficial”

Charly García


Sin demeritar el trabajo de ningún miembro del Estado colombiano y reconociendo que es imposible generalizar las inadecuadas conductas de los miembros de una institución, es preciso analizar o por lo menos presentar una aproximación a lo que considero es un asunto delicado y a la vez preocupante que desencadena en el diario vivir en un sinnúmero de agresiones y descontentos entre los “hermanos de una misma patria”.

Con el paso del tiempo diferentes generaciones hemos sido testigos de que el Estado colombiano, a pesar de su acción para mantener su legitimidad, demostró desde mediados de la década de 1970 cierta incapacidad para monopolizar la fuerza, la justicia y los tributos de la población, lo cual se acentuó a principios de 1980 cuando se dice que existieron vínculos entre altos miembros de la fuerza pública y algunos terratenientes permitiendo la irrupción de nuevos grupos armados irregulares que posteriormente serían reconocidos como paramilitares, cuyo propósito era combatir a las guerrillas, incluyendo a las FARC y al autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre otros.

De este modo, en Colombia confluyeron los siguientes actores armados: el Estado y su fuerza pública, vinculada de manera ilegal en ocasiones con paramilitares, y las guerrillas, grupos ilegales que además incursionaron en la actividad ilícita del narcotráfico con sendas consecuencias de prácticas violentas que afectaron la vida de líderes políticos o sindicales, militares, policías, campesinos y civiles.

Lo expuesto anteriormente nos deja entrever que las víctimas innegables de la violencia armada se encuentran en la sociedad civil; sin embargo, ésta también se está viendo afectada o se proclama abusada por las demás instituciones que en los diferentes espacios territoriales del país “velan por defender las leyes y la justicia social”. Resulta preocupante que las instituciones que defienden y protegen a los ciudadanos se vean diariamente involucradas en casos de corrupción, negligencia, abusos, exceso de fuerza, extorsiones, entre otros delitos que deberían combatir.

Reitero, no es posible generalizar, pero sí hay que hacer un alto en el camino e intentar identificar en qué momento y por qué razones un alto porcentaje de colombianos perdieron la fe en las instituciones que antes representaban autoridad y orden.

¿Por qué en la actualidad se filtran tantos videos en donde reciben a la policía a piedra, con cuchillos o simplemente a golpes?, ¿por qué una indicación de pare de un agente de tránsito termina en una riña entre el conductor de un vehículo y éste?, ¿por qué una marcha estudiantil que inicia pacíficamente termina convertida en un campo de batalla?, ¿en qué momento hacer cumplir la ley dejó de ser un proceso mediador para convertirse en una imposición, a veces abusiva, para legitimar el poder?

Si las leyes ordenan es porque existe el desorden; pero, ¿si no hubiera más desorden haría falta la ley? ¿No es la misma ley entonces la que necesita que exista el desorden? Esta paradoja me lleva a una reflexión constante: ¿Y si lo que importa es que un sistema de derecho funcione y no tanto que sea verdadero?

Hay una paradoja constitutiva de todo sistema de derecho, sabemos que es una construcción artificial, pero su fuerza está en internalizarlo como si expresara la verdadera naturaleza de las cosas; el problema es que esta paradoja resulta insoportable y por eso se suele hacer pasar la ley como algo definitivo, como si tuviéramos que olvidar su origen: las leyes están para cumplirse.

Hoy, luego de pequeños pasos que se traducen en grandes conquistas para la historia de Colombia como la firma de un acuerdo de paz, el reconocimiento de las víctimas del conflicto, la asistencia masiva a movilizaciones pacíficas y la judicialización de los responsables de algunos delitos de lesa humanidad.

No cabe duda de que la sociedad civil colombiana cambió, el llamado urgente es que para que la fuerza pública también lo haga y esto solo es posible si quienes llevan las riendas del país y defienden el Estado de derecho se ajustan a lo que democráticamente esto significa, convivir armónicamente según las reglas, entendiendo que nadie, entiéndase bien, nadie, está por encima de ellas y que todos los ciudadanos podemos estar vigilando todo el tiempo para evitar abusos.

Lastimosamente, aun con este preámbulo, ante la convocatoria del paro nacional del 21 de noviembre de 2019, el gobierno respondió con un despliegue militar y violencia policial al estilo de regímenes totalitarios, y equiparó a la sociedad a un enemigo interno. Es decir, el país cambió, la fuerza pública no. Las FARC desaparecieron como guerrilla, pero las fuerzas armadas no se transformaron para transitar hacia la paz. Al menos dos cambios se requerían: el real desmonte de la Doctrina de Seguridad Nacional y la depuración de las fuerzas militares, dada sus históricas prácticas violatorias de los DDHH no solo en el campo sino en las calles, los barrios, los parques, entre otros espacios urbanos.

Frente a este panorama, crecen los argumentos de quienes nos preguntamos: ¿expresa la ley una realidad verdadera o se trata más bien de una ficción que se instala y se impone como si fuera una verdad? Colombia necesita fuerzas de seguridad sintonizadas con las nuevas ciudadanías. Si no se asume este desafío, habrá más Dilan Cruz, Nicolás Neira, Diego Felipe Becerra, Efigenia Vásquez, víctimas del ESMAD y la paz no será nuestro futuro.

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