GUSTAVOCOLORADOPor supuesto, será el juez quien determine el desenlace final de este proceso. Pero a esta altura del camino, leyendo una y otra vez  los documentos a los que es posible tener acceso, me convenzo cada día más de su inocencia.

 

Por: Gustavo Colorado  Grisales

“Soy inocente”, “Soy inocente”, repitió el periodista, historiador y profesor Wilmar Vera Zapata a la  salida del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, luego de que el juez encargado del caso declarara suspendida la audiencia convocada  para el viernes 1  de febrero de 2013 a las  ocho y treinta de la  mañana. ¿El motivo? La  no comparecencia de la fiscal, una más en la ya extensa lista de funcionarios  asignados  al caso del profesor Vera, cinco en total en un periodo de ocho  meses. Como documento soporte de la excusa le fue entregada al juez, vía fax, la incapacidad médica emitida por una EPS cuyo nombre no fue mencionado. Según expresó a los medios Andrés Felipe Jaramillo, abogado defensor de Vera, en la certificación se expresa que la fiscal fue atendida a las cuatro de la mañana del mismo viernes 1, es decir, a menos de cinco horas del horario fijado para la audiencia. Simple curiosidad: en una ocasión anterior, el procedimiento también fue aplazado por incapacidad médica de otra fiscal.

Hagamos memoria: a Wilmar Vera Zapata se le acusa de ser el determinador -así le dicen en la jerga judicial- de la muerte de su ex alumno, y además amigo personal, Alexánder Morales Ortiz, acaecida el  18 de marzo de 2011 en una calle céntrica de Pereira. El motivo habría sido el incumplimiento de una deuda contraída por la víctima con el periodista y profesor Vera

Visité a Wilmar en  la cárcel de Armenia un caluroso sábado de enero. En medio de  las angustias de la prisión, lo encontré optimista por lo que pudiera suceder este viernes primero de febrero. Es más, hasta se permitió licencias para el humor negro. “Toda la vida soñé con dedicarme exclusivamente a leer, escribir, comer y dormir, pero nunca imaginé que esos deseos se  cumplirían en una cárcel”, exclamó en medio de una risa nerviosa. Para la  fecha, habían transcurrido siete meses desde su detención a la salida de la universidad donde trabajaba en Medellín, el 6 de junio de 2012. Durante  todo el tiempo de la visita lo noté sostenido por una única ilusión: la de salir en libertad en  un periodo no mayor a cuatro meses. Esa esperanza se basa en el convencimiento de su inocencia y en la capacidad de su abogado para demostrarla.

Por supuesto, será el juez quien determine el desenlace final de este proceso. Pero a esta altura del camino, leyendo una y otra vez  los documentos a los que es posible tener acceso, me convenzo cada día más de su inocencia. Lo endeble de las supuestas pistas (unos correos electrónicos dirigidos a  la víctima, recordándole la devolución de los dineros; las vagas declaraciones del  acusado de ser el autor material) y el conocimiento de la condición personal de Wilmar cuando trabajé a  su lado en el ejercicio de la docencia y el periodismo, refuerzan mi convicción. Sin embargo, episodios recientes protagonizados por el sistema de justicia colombiano no pueden menos que generar aprensión por el rumbo de las cosas. Casos como el del ex diputado Sigifredo López son suficientes para echarse a temblar.

En un documento emitido por el denominado Comité de Apoyo ¡Justicia con Wilmar Vera Zapata! se puntualizan algunos elementos dignos de mayor análisis: la ya mencionada alta rotación de los fiscales, las ambiguas declaraciones del sicario y el inusitado número de testigos: alrededor de sesenta, son solo tres entre los señalados por el abogado defensor y por quienes siguen el proceso. Sin embargo, resulta inquietante el silencio de los medios de comunicación que se encargaron de dar por condenado al procesado desde el día mismo de su detención.

A lo largo de estos siete meses -casi ocho- el agudo sentido investigativo de Wilmar Vera Zapata  le ha permitido conocer y padecer en el propio pellejo las caras más duras de nuestro sistema judicial, empezando por la manera como se construyen y manejan los códigos del poder al interior de las prisiones. Por eso sabe muy bien que los platos más refinados del aparato de justicia se preparan en las cocinas del infierno. Con todo, y pesar de sucesos como el azaroso aplazamiento de la audiencia, quienes confiamos en él preferimos –contra todo pronóstico– seguir alimentando la esperanza.