O sea que el municipio, subiendo precios, le va dando el negocio al operador; y por este, el operador privado retribuirá 10,82 pesos de cada 100 que reciba, confirmando así ser una de las peores fórmulas concesionarias del sector.

 

Por Duberney Galvis

Como ya sabe la mayoría de gente en Pereira, el Aeropuerto Internacional Matecaña, de los mejores del país, fue entregado a un tercero en noviembre de 2016, vía Alianza Público Privada (APP).  Entregado por la administración de Juan Pablo Gallo a CSS constructores del grupo Solarte, socios de la confesa corrupta Odebrecht en la Ruta del Sol y con directivos de la familia en la cárcel por el caso Tunjuelo Canoas en Bogotá.

Sobre la APP, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) investiga, a petición de la contraloría, una presunta cartelización en la licitación de los dos consorcios que presentaron ofertas y que también son socios en la concesión Opain en el aeropuerto ElDorado de Bogotá. Ofertas diferenciadas por menos de 0,20 pesos (10,82% y 10,62%) en lo que le retribuirán al municipio sobre cada 100 pesos de ingreso por manejar el aeropuerto.

Al hecho se suman las investigaciones por el no pago de la estampilla procultura y probienestar del adulto mayor, denunciado en esta casa periodística en abril del 2018 y sobre el que pone la lupa a nivel nacional La Silla Vacía, con el reportaje: “El socio de Odebrecht que no le paga a Pereira” (ver).

¿Qué hay de nuevo? Revisado el informe ejecutivo del Consorcio Intermape, interventor del contrato de concesión, presentado a petición al Concejal Carlos Crosthwaite, surgen más detalles. Más del 85% de los ingresos del operador OPAM S.A.S de CSS constructores provienen de ingresos regulados (tarifas, derechos de aeródromo, de parqueo, tasa aeroportuaria, entre otros).

Informe App Matecaña (1) by on Scribd

O sea que el municipio, subiendo precios, le va dando el negocio al operador; y por este, el operador privado retribuirá 10,82 pesos de cada 100 que reciba, confirmando así ser una de las peores fórmulas concesionarias del sector.

Mientras que los no regulados (reciclaje, arrendamientos, actividades de marketing y demás) básicamente son similares a septiembre del 2017 cuando OPAM inició operación. El asunto se puede detallar con precisión diferenciando los ingresos en precios corrientes (actuales) de precios reales (año base a la concesión)

El otro hecho de similar gravedad consiste en que, de septiembre del 2017 a junio del 2018, apenas hay un avance del 3% frente a lo pactado en la concesión, y si le suman los meses faltantes a septiembre del 2018, se iría al 4%.

A este ritmo, en 15 años no se cumpliría la meta; por lo que la misma requeriría 24 años ¡estaba cantado! Y es muy probable que apliquen entonces, la conocida práctica de los otrosís, como lo hacen en Opain, en la que en 10 años consiguieron 23 adicciones.

Por ende, más allá del porcentaje de obras –financiadas con el traslado de rentas municipales vía aumento de costos regulados– el asunto es el porcentaje de cumplimento de la concesión.

Al respecto, el alcalde Juan Pablo Gallo no atendió las advertencias. Como máxima autoridad municipal y principal impulsor de la APP con CSS es cómplice, por acción y omisión. Toda la responsabilidad de lo que está pasando y lo que vendrá, recae sobre él.

También es notorio que la gente está cansada de la corrupción en la ciudad y tienen derecho a saber el estado de estas investigaciones sobre las que además urge celeridad. Por presunta cartelización, colusión, entrega vía APP a pesar de la conocida relación con Odebrecth, y el impacto sobre las rentas del patrimonio público municipal que representaban los ingresos del aeropuerto para el municipio.

@DuberneyGalvis