Alejandro Ordóñez debería estar presidiendo un obispado o algo de ese estilo que lo aleje totalmente de la realidad que cada colombiano vive a diario, sin importar sus elecciones sexuales o la religión que profesa
Por: Simón Blair
La puja por la destitución que deberá adoptar el procurador Alejandro Ordóñez se sustenta en un enmiendo o propósito jurídico fielmente apoyado por la Constitución Política que, en simples términos, habla de la imposibilidad de ser elegido cuando familiares, amigos o compinches participan en dicha elección (por razones obvias, en todo caso). Pero a mí me parece que las razones para suspender definitivamente las acciones de éste procurador no deben fundarse únicamente en los acuerdos de ley, sino también en simples características del sentido común.
El sentido común que no tiene Ordóñez. Durante los escalofriantes años que ha estado como jefe de los poderes públicos no ha hecho otra cosa que envilecerse con sus soberanos poderes privados. Sus prejuicios se alimentan constantemente en hacerle la vida imposible a todo aquel que no esté de acuerdo con sus pensamientos medievales extrayendo de las políticas públicas un caldo sabroso del cual alimentar sus más inquinas visiones futuristas (me dio risa escribir “futurista” pero me parece que no es errada la frase) de cómo debe comportarse una sociedad.
No es necesario repetirlo, puesto que todo el mundo lo sabe. O si no, sólo diríjanse a leer su tesis de grado como abogado. Un hombre que está encargado de velar por los derechos de absolutamente toda persona sin excepción, no puede, por definición, estar en manos de un déspota político, fanático religioso, perseguidor de homosexuales, negador del holocausto judío; que no está ni un ápice de acuerdo con mantener la separación de la iglesia y el estado, sino que, por el contrario, ha mantenido una férrea batalla contra la libertad de pensamiento y todo aquel que no milite en su línea política.
Libertad de pensamiento. Hace unas semanas escribí un artículo relacionado con los incidentes producidos por las “ofensas” extranjeras hacia Colombia en momentos de fervor futbolístico, en el que defendía la libertad que tiene cada persona de decir lo que piensa. Como no es extraño en mí, días después me detuve a pensar si verdaderamente estaba en lo correcto; si la libertad, al fin de cuentas, no tiene también un límite. Pero creo en todo caso que no es comparable con lo que puede hacer un hombre que está encargado de vigilar y garantizar los derechos humanos. Y es clarísimo: estoy seguro de que si el incidente de la modelo holandesa desconocida no hubiera sido publicado en el momento en el que el equipo de fútbol colombiano pasaba por una buena racha, nada hubiera sucedido. Ni cartas, ni reclamos, ni despidos, ni renuncias. Además se trataba de simples palabras –viejas, por cierto- que no tenían ninguna consecuencia en la vida real de quienes posiblemente se vieran afectados.
El procurador Ordóñez sí tiene el poder para cambiar vidas, arruinarlas y perseguirlas como en su tiempo lo hicieron las cruzadas religiosas que ama candorosamente. Un hombre que anticipa sus prejuicios irracionales ante el bienestar general no puede, por ningún motivo, ser elegido (muchísimo menos reelegido) como servidor público. Es contraproducente, es descarado.
Alejandro Ordóñez debería estar presidiendo un obispado o algo de ese estilo que lo aleje totalmente de la realidad que cada colombiano vive a diario, sin importar sus elecciones sexuales o la religión que profesa: islamista, hinduista, khrisna, cristiano, católico, mormón, evangélico, budista, hadista, duendista, pachamamista o no religioso; la razón misma para que un hombre que abiertamente es un extremista católico no pueda disponer y deshacer a partir de sus usuales prejuicios el cómo un hindú debe comportarse (contando, por supuesto, las reglas básicas de convivencia y sentido común amparadas en la Constitución, pues la religión debe estar por debajo de la razón).
Rodrigo Uprimmy, el demandante, el famoso y lúcido jurista que ha dicho que la reelección de Ordóñez es anticonstitucional se basa en el artículo 126 explicado en el primer párrafo de esta columna, pero me parece que, a todas luces, Alejandro Ordóñez respira anticonstitucionalidad por todas partes, no sólo por pretender unir de nuevo las tinieblas de la iglesia con el estado, sino por sus continuos ataques inquisitorios contra todo ser humano que piensa y siente una realidad humana –y colombiana- que un hombre de altos cargos ejecutivos no es capaz de discernir.
Ah, ¿y cómo se puede perdonar a un hombre que quema libros?