Bajo el actual modelo que rige el país, el Estado entrega sus sectores estratégicos a extranjeros o  privados nacionales, reduciendo su función a la de simple facilitador de negocios. Al mismo tiempo se va alejando de sus obligaciones con la sociedad,  generando así un mayor gasto monetario  en los ciudadanos de a pie.

FABIAN MORALES X 300

Por Fabian Morales

Muestra de lo mencionado es la más reciente entrega de Isagén y el escandaloso desfalco de Reficar a manos de extranjeros. Así acontece desde hace 15 años con  la salud y la educación, las cuales, por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con la firma de Juan Manuel Santos como Ministro de Andrés Pastrana, han tenido recortes de más de 50 billones de pesos, teniendo los colombianos que sacar más plata de su bolsillo para financiar estos derechos.

En igual sentido obran los costos por obras urbanas como las de valorización, los cuales debería costear el Estado a través de sus recursos generados por su capacidad de producción, pero con la actual política, gran parte de la menguada riqueza estatal es destinada para “mermelada” y para pagar la deuda con los organismos internacionales que imponen estas políticas.

Llegando a lo local, en Pereira el cobro por valorización se ha querido imponer de forma ilegal, mediante engaños e intimidaciones. Hecho que ha colocado a prueba el  espíritu organizativo, unitario y cívico  de la ciudadanía, saliendo airosa hasta el momento a pesar de las adversidades en este tipo de procesos. Una de ellas es  la tradición  ideológica que durante décadas ha vuelto alérgicas a las personas para espacios organizativos  y de movilización,  inculcándoles ideas individualistas y derrotistas expresadas en frases comunes como:“ y si con marchar e ir a reuniones uno no gana nada”, o “que pereza toda esa algarabía de las movilizaciones”, a esto se suma los antecedentes de corrupción por obras anteriores que fueron cobradas y dejadas inconclusas, como la avenida La Independencia o las obras viales del Batallón San Mateo, además del oportunismo político de algunos negociantes de la política que siempre están atentos a  ganar fama a costa de los procesos organizativos.

Pero ha sido sagaz la ciudadanía, se ha organizado, educado y asesorado con conocedores del  tema que destaparon toda la “aguamasa” jurídica que contenía el acuerdo. Realizaron más de cien actividades masivas entre plantones, recolección de firmas, reuniones en barrios, marchas etc., permitiéndoles ganar unidad, independencia y opinión pública. Más allá de las inclinaciones políticas de quienes han conformado todo este proceso de los indignados por el cobro, sin duda uno de sus mayores logros ha sido reunir la suficiente fuerza mediante la movilización para suspender provisionalmente un cobro impositivo de más de 80 mil millones de pesos.

También deberá tener en cuenta la ciudadanía un asunto poco mencionado en este debate. En Pereira reina la expansión de conjuntos y edificaciones inmobiliarias, y según la ley en estos casos existe un uso más rentable del suelo y la vivienda, por consiguiente grandes constructoras e inmobiliarias obtienen grandes rentas. Entonces quienes tienen la propiedad como negocio deben pagar un impuesto conocido como la plusvalía; no obstante, como lo ha denunciado el Comité de Indignados, ni la anterior, ni la actual alcaldía da cuenta de este hecho. Conocedores del tema han explicado que con este impuesto podrían pagarse las obras.

Finalmente este proceso debe continuar fortaleciéndose porque medidas de este calibre continuarán por orden de Juan Manuel Santos y serán acogidas por súbditos regionales como Juan Pablo Gallo. Hay que salirle al paso al maquillaje mediático que en muchas ocasiones presenta los logros de la población como un acto de benevolencia del gobierno.

Pata: Cuando el engaño se disfraza de cambio. El alcalde Gallo y algunos líderes de opinión ahora sí les parece justo el atropello del cobro por valorización con el argumento que el pago debe hacerse “por amor a la ciudad”.